Ya en la calle el nº 1039

Transparencia y participación

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Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

SALVADOR GÓMEZ/Concejal en el Ayuntamiento de Caravaca
Los tiempos han cambiado. Vivimos un momento en que la crisis ha multiplicado las familias en dificultades económicas, obligando a las administraciones y las empresas a hacer ajustes, muchas veces dolorosos. En este momento, cuando losSalvador Gómez ciudadanos necesitan más de las administraciones, éstas se encuentran desprovistas de recursos para responder y el foco de la ciudadanía se ha posado sobre el destino que a los fondos públicos proporcionan sus administradores. Hace casi diez años una ministra socialista de Cultura afirmó en público: «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie.». La reacción a tan gloriosa afirmación quedó solo en el lógico reproche político de la oposición. Esa misma frase dicha en el momento actual causaría una indignación dramática entre la población que reclama conocer como se manejan los fondos públicos que ya no les llegan.
Las leyes administrativas procuran el control de los procedimientos, contrataciones, etc, en definitiva buscan una transparencia «legal» de la actividad pública, pero no es suficiente para las actuales exigencias y las administraciones tienen que ser conscientes de la lupa con la que se van a escrutar todas sus actuaciones. En este asunto los ayuntamientos pequeños y medianos, como administración más cercana al ciudadano, llevan una cierta ventaja que les otorga el contacto directo y conocimiento que de los responsables políticos tienen los vecinos. La transparencia es, sin duda, más difícil de recabar en los niveles superiores y se ha convertido también en exigible a otros entes que hasta ahora actuaban con cierta «patente de corso»: sindicatos, partidos políticos, etc.
Es casi una contradicción: los vecinos reclaman soluciones rápidas a sus demandas, las administraciones precisan cierto grado de libertad para actuar con eficacia, pero en algunos casos ese margen de maniobra ha sido traicionado socavando la confianza de los ciudadanos en la Democracia y el principio básico de la representación. Me niego a pensar que la corrupción esté generalizada, pero los pocos (en proporción) casos conocidos tapan la labor correcta, constante y callada de la inmensa mayoría de administraciones y sus responsables. Es más, la multiplicación de producción normativa en aras a prevenir los supuestos por la vía de los controles previos está teniendo el efecto perverso de paralizar y burocratizar más los gobiernos, con lo que el ciudadano termina siendo el más perjudicado. Si duda hay que «repensar» el modelo por la vía de la ejemplaridad, transparencia y justicia rápida. En resumen «menos leyes y más policía».
Trabajar en esta línea y también en la de participación ciudadana es la misión de los próximos años para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero ojo: la participación no puede convertirse en el ariete de unos pocos para influir en las decisiones políticas, bajo los intereses de los propios partidos. Tampoco puede servir para que prevalezcan las opiniones de la minoría que más grita frente a una mayoría silenciosa que se dedica a sus cosas y participa eligiendo cada 4 años en las elecciones a sus representantes para que lo hagan en su lugar.
En el Ayuntamiento de Caravaca hemos entendido nuestras incipientes experiencias de participación, como un sistema para atender a todos los vecinos y responderles de la forma más eficiente posible. Hace años una encuesta realizada en varios municipios de la región denominada «Encuesta de satisfacción de los ciudadanos» nos ponía negro sobre blanco la problemática: enorme imagen de desconfianza hacia el funcionamiento de los consistorios y escasa capacidad para contestar a las demandas vecinales. Desde ese momento nos pusimos a trabajar para cambiar esta percepción y así creamos la Oficina Municipal de Quejas y Sugerencias que, en su informe de 2013 resumía que más del 90% de las peticiones de los caravaqueños habían sido atendidas. Sin duda un balance positivo que no solo sirve para mejorar la satisfacción de los ciudadanos, sino también para mejorar el funcionamiento interno del Consistorio y dedicar el tiempo y los recursos a lo que de verdad preocupa a los ciudadanos.

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