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UGT valora positivamente la aprobación del Decreto de la Renta Básica de Inserción, aunque denuncia los incumplimientos y carencias que conlleva la nueva norma, tras diez años de espera

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UGT REGIÓN DE MURCIA

La Renta Básica de Inserción (RBI) es un asunto tan urgente como tantas veces demorado por el Gobierno Regional. Han sido más de diez años en los que UGT ha realizado constantes denuncias, poniendo de manifiesto la brutal agresión que están sufriendo los murcianos debido a la falta del desarrollo reglamentario de este mecanismo de protección social para aquellas personas que carecen de rentas y no tienen derecho a ninguna prestación.


A partir de ahora, la Renta Básica de Inserción pasa a ser un derecho subjetivo, no sujeto a limitaciones de partidas presupuestarias y viene a cumplir la Ley del año 2007 que ya en su momento tenía que haberse desarrollado en los seis siguientes meses. Por tanto, hemos asistido a un retraso reiterado y torticero, que condenaba a los beneficiarios murcianos a ser los perceptores con la cuantía mínima más baja de toda España. Esta actuación del Gobierno Regional ha generado un vacío legal durante más de una década que ha provocado arbitrariedades y discrecionalidades que no deben tener cabida nunca en el proceder de una Administración Pública.
La RBI, que tenía como mínimo 300 euros mensuales, pasará ahora a un mínimo de 426 €/mes, y un máximo de 798, según las circunstancias familiares. Lo aprobado hoy supondrá una mayor protección a las personas y sus familias en situación de extrema pobreza, vulnerabilidad social, exclusión y falta de ingresos por cualquier circunstancia, sin perjuicio de otros requisitos de naturaleza económica. Recordamos que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (indicador AROPE) en la Región de Murcia se situó en 2016 en el 34,8% de la población, la quinta más alta de toda España.
La aprobación del nuevo decreto genera ahora nuevas lagunas legales. Desde UGT criticamos que éste no desarrolle las medidas complementarias de carácter económico y los planes de inclusión social, que exige la propia Ley en su redacción del año 2007, lo que evidencia la necesidad real de tener un Pacto por la Inclusión Social en nuestra región, que revise la actual Ley de Servicios Sociales y que permita el refuerzo de las políticas sociales, en un momento tan necesario como el actual, con el 9,87% de los hogares con todos sus miembros en paro (datos EPA 1Trim2017).
Desde UGT Región de Murcia estaremos vigilantes del cumplimiento de este decreto, de vital importancia en materia de protección social y que de las que podrían ser perceptoras unas 2000 familias en la Región de Murcia.
Por último queremos recordarle al Gobierno Regional a tenor de la reunión mantenida el pasado lunes 29 de mayo con organizaciones sociales, que no permitiremos el ninguneo de los agentes sociales en las mesas diálogo en esta materia, pues si existe tal ayuda básica es gracias al esfuerzo de UGT, cuando allá por el año 1990 acordó con el Gobierno Regional la Plataforma en la que se puso el germen de lo que hoy es la Renta Básica de Inserción.

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