José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y miembro del Pacto por la Transparencia. Autor del libro “Ciudadano y Gasto Público” Editorial Aranzadi, 2ª edición 2014.
Estamos contemplando un escenario poco alentador en la forma de relación entre las Administraciones Públicas. Vivimos momentos de destrucción de muchos derechos, y muchos gestores públicos, arrastrados por oportunismo, nos recuerdan relatos del 
pasado que creíamos olvidados. El que se hace con poder, lo administra como si fuera un derecho de conquista, dialoga muy poco, porque escuchar es una virtud que parece olvidada, no se gobierna, se ordena. Es el caciquismo del siglo XXI, que utiliza el dominio sobre la opinión pública utilizando sus campañas institucionales.
Se vive una política sin lealtad entre sus dirigentes, las discusiones son agrias y se insulta para desprestigiar al oponente. Lamentablemente nos sorprendemos cada día con descalificativos, como es el caso del ministro De Guindos, que al preguntarle los periodistas en Bruselas por el crecimiento y el precio de los carburantes, ha tenido como respuesta, mandar a los periodistas presentes a “tomar por……” Existe una violencia verbal, introducida en la dialéctica política que está convirtiendo la convivencia en un campo de desencuentros, sin más sentido que fomentar un populismo trasnochado. Estos insaciables caciques, utilizan la descalificación sistemática con el fin de aumentar la intención de voto, olvidando que los ciudadanos desean participar para cambiar esta forma de desgobierno.
Nada tiene que ver esta forma de actuar, con los conceptos de nueva gobernanza, que centra las funciones desempeñadas por el conjunto de actores públicos y privados implicados en el proceso político, es una nueva forma para afrontar los muy diversos problemas o conflictos en el que los distintos actores alcanzan sus objetivos con negociaciones que cooperan en la implementación de acuerdos satisfactorios. Es el reflejo del nuevo papel del Estado y sus Administraciones Públicas, en la negociación social como resultado de los cambios operados en las sociedades modernas.
La idea central de las redes de gobernanza, se basan en unas relaciones estrechas entre las autoridades públicas que operan en los distintos niveles, las asociaciones y los ciudadanos. Las redes surgen para satisfacer los intereses en juego (que son legítimos) y fijar objetivos comunes. Se trata de requerimientos específicos que incluyen aspectos fundamentales en referencia a la coordinación intergubernamental (es la llamada lealtad institucional vertical) y la coordinación entre políticas, sectores y territorios (lealtad horizontal), una cultura administrativa orientada a la eficacia, la innovación y la promoción participativa, unido al fortalecimiento del capital social.
El número de los excluidos del sistema crece, porque se exige una adhesión más allá de lo razonable, son los apoyos incondicionales, eso que popularmente se conoce por “poner la mano en el fuego” por el que está imputado en un asunto. Los ciudadanos deben de tener medios de recusación, prudentes, pero efectivos, para desplazar al político que a mitad de su mandato no cumple con su programa, o se ve involucrado en actos repudiables, sin esperar a que lleguen las próximas elecciones para desplazarlos, porque las políticas deben compartirse, ser efectivas y dar solución a los problemas, y la gestión de lo público, es más importante que mantener en el cargo al político que ha perdido la confianza de sus ciudadanos.
En conclusión: la democracia por la que apostamos, debe recuperar su voz, su presencia activa y su capacidad de decisión y exige entender y defender los intereses colectivos.
Bullas
8 de mayo de 2024
