JAIME PARRA
Instituciones Penitenciarias ha concedido a la confederación Plena Inclusión la medalla de oro al mérito social penitenciario que le ha entregado el ministro de Interior.
El movimiento asociativo, que agrupa a 950 entidades de todo el país, acompaña a 1.431 personas con discapacidad intelectual en prisión o en tercer grado.
En la Región de Murcia son Sara Gómez y la bullera María Sánchez quienes ayudan a las personas privadas de libertad de los centros de Sangonera y Campos del Río y del CIS Guillermo Miranda.
María, de 28 años, lleva desde finales de 2018 con el programa de reclusos, Mientras que su compañera comenzó en 2019. Nos explica que Plena Inclusión, además del programa de reclusos, cuenta con otro de asesoramiento jurídico para las personas que están en un centro penitenciario.
Plena inclusión, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP), ha puesto en marcha múltiples iniciativas pioneras.
María y Sara realizan seguimientos individuales, asesoramiento, talleres socioeducativos y talleres de estimulaciones cognitivas. Además de la memoria y el aprendizaje tratan con ellos (tanto reclusos hombres como mujeres) temas que a ellos le interesen de salud, de consumo, demanejo de emociones, de inserción laboral o las relaciones con su entorno y la familia.
En muchos casos a su entrada en prisión, a estas personas nadie les ha detectado una discapacidad intelectual y se confunde con problemas de salud mental, por lo que sus abogados y el persona de prisiones agradecen la figura de este programa de reclusos, así como el acompañamiento (que realizan sus compañeros de asesoramiento) para intentar que en el juicio tomen sus decisiones estando bien informados.
“La verdad es que fue una alegría porque es un trabajo satisfactorio pero duro. Llegas a muchas personas que se encontraban un poco perdidas en su vida y haces un recorrido con ellos durante su estancia, vemos una evolución importante en dos o tres años, una evolución que la consigue la persona pero con nuestro apoyo o ayuda. Es muy enriquecedor”.
María es psicóloga y Sara criminóloga y bajo su atención se encuentran entre sesenta y setenta hombres y seis mujeres.
Pero además de a los reclusos también apoyan y asesoran a las familias: “suele ser un entorno poco accesible y que tiene sus dificultades”. Y están en contacto con otras asociaciones como Proyecto Hombre o Cruz Roja para problemas como el consumo de drogas y, aunque no realizan un seguimiento cuando cumplen su condena, sí tratan de prepararlos lo mejor posible para evitar que reincidan.
En definitiva, “intentamos mejorar la calidad de vida penitenciaria de las personas con discapacidad intelectual”.
