Francisco Fernández García/Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz
Aunque ya llevaban algo más de un año en Caravaca no fue hasta el 30 de noviembre de 1946 cuando se formalizó la presencia de los religiosos Claretianos en Caravaca, al aprobar el Ayuntamiento en la sesión plenaria celebrada en esa fecha las condiciones exigidas por esta orden religiosa para instalarse en el Santuario de la Stma. y Vera Cruz.
La historia arranca algunos años antes, concretamente el 31 de mayo de 1943 cuando el Ayuntamiento adoptó el acuerdo de solicitar al Obispo el nombramiento de un capellán para restablecer el culto religioso a la Vera Cruz de Caravaca, considerando que desde hacía un año había un nuevo lignum crucis que sustituía al robado en 1934. La persona recomendada por las autoridades municipales fue D. Claudio Ignacio Liarte, a cuyo cargo estaba en esos momentos la iglesia de la Purísima Concepción; en esa misma sesión se acordó «fijar el sueldo que el Ayuntamiento ha de abonar al Capellán del Santuario en la cantidad de cinco mil pesetas anuales sin exigirle fianza de ninguna clase». Parece ser que no se adoptó ninguna decisión al respecto ya que hasta 1944 no se realizaron las obras necesarias para acondicionar el Santuario tras una década en que había permanecido cerrado, dedicado a diversas funciones, incluyendo una parte de él a prisión. Una vez concluidas las obras básicas, «las mas precisas de adaptación y adecentamiento», volvieron a retomar el tema del restablecimiento del culto, ya que en el tiempo transcurrido la gestiones realizadas «no habían dado el resultado apetecido», aunque se contaba con el ofrecimiento de los frailes carmelitas descalzos para instalarse en él. Así pues, el 30 de diciembre de 1944, el Ayuntamiento solicitó al Obispo la correspondiente autorización para el establecimiento de esta orden religiosa en el Santuario «creando allí una Residencia distinta y completamente independiente de la que actualmente tienen en esta ciudad, comprometiéndose a dar el debido culto a la sagrada reliquia, con la celebración de todos cuantos actos y ceremonias religiosas son tradicionales», pero finalmente las negociaciones no fructificaron ya que los carmelitas no aceptaron las condiciones que se les ofrecieron.
Ante esta situación el Obispo de Cartagena, D. Miguel de los Santos Díaz Gómara, hizo suyo el problema y comenzó a negociar con los Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Maria (conocidos popularmente como Claretianos) de la Comunidad de Cartagena, los cuales, después de visitar el Castillo y Santuario, aceptaron el ofrecimiento instalándose en él de manera provisional a finales de abril de 1945, ante la insistencia del Obispo y su manifiesto interés por restaurar el culto y abrir nuevamente el templo a los fieles. Los Claretianos exigieron una serie de obras para mejorar las condiciones de habitabilidad del inmueble, prometiéndoles que se realizarían con la mayor rapidez posible, por lo que desde las fiestas de la Cruz de 1945 comenzaron el desarrollo de sus actividades haciéndose cargo del culto y funciones religiosas, estando al frente de la comunidad el Padre Manuel Santesteban Villamayor.
Al año siguiente, desde su residencia de Barcelona, el Padre Eduardo Fabregat, superior provincial de los Claretianos, remitió al Ayuntamiento «un borrador las condiciones en que a su juicio debe llevarse a cabo el establecimiento de dicha comunidad religiosa en el Castillo», que fue debatido y aceptado en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 1946. El convenio se suscribió el 11 de diciembre, concertándose que el Ayuntamiento entregaría a la referida orden religiosa por tiempo de 50 años el Santuario de la Stma. Cruz con todas sus dependencias, la llamada casa del capellán, 6 habitaciones amuebladas, todas debidamente acondicionadas con agua y electricidad, y una gratificación de 1.000 pesetas mensuales «sin perjuicio de aumentar esta cantidad en caso de depreciación de la moneda o aumento desmesurado del coste de la vida», a cambio los Claretianos se comprometían a custodiar el lignum crucis y su relicario así como todos los objetos artísticos del Santuario y a «conservar, dignificar y aumentar el culto de la Santísima Cruz». En cuanto a las obras pendientes de realizar se repartirían entre ambos, quedando a cargo de los religiosos las de acomodamiento y acondicionamiento y del Ayuntamiento las de consolidación y conservación, estando exceptuadas las partes declaradas Monumento Nacional que correspondían, según la ley, al gobierno de la nación. Este convenio o contrato podía rescindirse por incumplimiento de las cláusulas o de común acuerdo de las partes.
El 29 de septiembre de 1962 el Padre Pablo Lancheta solicitó que a comienzos del año siguiente se aumentase la gratificación mensual que recibían a 4.000 pesetas, a lo que el Ayuntamiento se negó debido a la mala situación económica por la que atravesaba en esos momentos ya que se habían suprimido gran parte de los impuestos municipales, asegurándoles que en cuanto las circunstancias mejorasen intentarían atender la petición. Esto causó gran malestar en la orden, originando un análisis de la situación de la congregación caravaqueña cuyo resultado final fue la decisión de retirarse de nuestra ciudad argumentando que no reunía la base canónica exigida por las leyes eclesiásticas y la falta de misioneros para América. El acuerdo oficial fue adoptado por el Gobierno General de la orden el 29 de noviembre de 1962, entrevistándose a principios del año siguiente, el 4 de enero, el Provincial de Aragón y el Superior de Caravaca con el Obispo de Cartagena para comunicarle la decisión, que fue aceptada. Poco después, el 9 de marzo de 1963, el Provincial de Aragón informó al Ayuntamiento de la resolución acordada sobre su marcha de Caravaca, que se produciría el próximo 1 de junio.
La noticia sorprendió al Ayuntamiento que intentó por todos los medios hacerles desistir de sus propósitos negociando con el Provincial de Aragón, el General de la Comunidad y el Obispo a los que ofrecieron ampliar la base canónica, la cancelación del dinero que les adeudaban y la posibilidad de suscribir un nuevo convenio mas ventajoso, pero la propuesta fue rechazada. Apelaron entonces a los sentimientos y a «los graves conflictos que se causaban al pueblo y que van desde el orden público que tienen precedentes en el robo que sacudió la conciencia popular, y que derivarían por la falta de culto a la Santísima Cruz», pero no lograron convencerles. Por su parte la Cofradía también intentó evitar su marcha, tratando con el General de la orden, el Provincial de Aragón, el Obispo de Albacete que era Claretiano e incluso con el Cardenal Larraona, a los que transmitieron «la gran necesidad espiritual que de ellos tiene la población y fundándose en la gran labor realizada que la consideraban como una verdadera Misión dentro de la Ciudad tan necesitada como pudieran estarlo en otras de América», pero no consiguieron hacerles cambiar de idea. Les propusieron entonces que se quedaran hasta que encontrasen otra orden dispuesta a hacerse cargo del Santuario y su culto, pero tampoco accedieron, informando al Ayuntamiento de que su marcha definitiva se produciría el 4 de junio de 1963.
Finalizó así la presencia de esta orden religiosa en Caravaca, donde permanecieron 18 años, durante los cuales realizaron una significativa labor en el restablecimiento del culto a la Vera Cruz y el mantenimiento y acondicionamiento del Santuario. Entre los religiosos que pasaron por la residencia caravaqueña son dignos de mención el Padre Casimiro Trigueros a quien el ayuntamiento felicitó oficialmente el 30 de Mayo de 1961 «por su actuación y merito en pro del Castillo de Caravaca», el Padre Leonardo Mayor Izquierdo autor de un libro sobre la historia de la Cruz de Caravaca publicado por primera vez en 1950 y, muy especialmente, el Padre Esteban Goñi, superior durante varios años de la congregación de nuestra ciudad y que a su muerte, sucedida en Cartagena en 1956, decidió que sus restos fueran traslados a Caravaca y enterrados en su cementerio, instalándose su capilla ardiente en el Santuario de la Stma. y Vera Cruz.
