Pedro Antonio Muñoz Pérez
En el año 1369, el concejo lorquino solicitó al rey Enrique II de Castilla el permiso para iniciar las obras de conducción de las aguas de las “Fuentes de Archivel” a su término. Es, posiblemente, la noticia histórica más antigua sobre un proyecto de trasvase en toda España. El rey consintió, aunque no comprometió ningún apoyo económico, humano ni material, y años después (1385) se iniciaron unas obras de canalización que hubieron de suspenderse por el ataque de los moros de Granada. Hubo incluso una contraprestación territorial: Lorca cedió la cañada de Tarragoya a Caravaca a cambio de los derechos de explotación del agua de las fuentes de su término. Sin embargo, esta pretensión nunca se materializó. En los archivos y anales, encontramos numerosas referencias documentales a los diversos avatares por los que atravesó, durante más de cinco siglos, la continua reivindicación por parte de Lorca para hacer factible esa concesión. Desde el reinado de Felipe II, en el que un mercader de Toledo se hizo cargo de informar sobre la viabilidad del trasvase, pasando por el de Carlos III, cuando se vinculó el canal de Archivel como un ramal secundario del gran proyecto de traída de las aguas de los ríos Castril y Guardal hasta Cartagena, hasta los del empecinado prócer lorquino don José Musso y Fontes durante el siglo XIX, diversos ingenieros llevaron a cabo sus estudios y aforos de los manantiales del campo de Caravaca (sobre todo el de los Ojos de Archivel) para determinar si los caudales eran suficientes para compensar la rentabilidad de la costosa obra necesaria para trasvasarlos. Todos estos intentos contaron con la firme oposición de los ayuntamientos afectados, en especial el de Caravaca, pero también los de Cehegín, Murcia y hasta Orihuela, por considerar no solo que sus tierras de regadío padecerían la merma de la disponibilidad de agua, sino también que toda la cuenca hidrográfica del Segura se vería afectada de una u otra manera por esta alteración de las redes hídricas naturales. El caso es que, afortunadamente para nuestra zona, por estos y otros motivos (especialmente los económicos y técnicos) se fue diluyendo esta reivindicación histórica y el campo lorquino buscó amparo en otros proyectos para mitigar su sequía estructural. La llegada del agua del trasvase Tajo-Segura en 1980 apaciguó los ánimos y dejó en el olvido el largo pleito mantenido sobre el canal de Archivel.
Por otra parte, en 1965, el grupo sindical de colonización de Alhama compró la finca de la Loma Ancha y adquirió también el derecho sobre sus aguas. En este caso, bajo la cobertura legal del consejo de ministros y en connivencia con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que les permitió el uso de su red de tuberías a cambio de incrementar sus caudales y ofrecerles una permuta de 3 hm3 anuales, los regantes de Alhama y Totana consiguieron llevarse el agua desde Archivel al valle del Guadalentín. Esta vez no hubo manera de frenar la iniciativa, pese a las protestas del ayuntamiento y la Hermandad de Labradores de Caravaca.
Pero las apariencias engañan, no crean que la cosa quedó ahí. Año 2021. No hay, en efecto, ninguna infraestructura ni acueducto que atraviese la cuesta de Lorca en dirección al río Turrilla para que las aguas de las fuentes de Archivel y del resto del campo de Caravaca (Las Tosquillas, Navares, Singla, Caneja, etc.) lleguen hasta el cauce del Luchena y alimenten la irrigación de la extensa y fértil campiña lorquina (tal era el trazado del proyecto del ingeniero Sebastián Feringán, allá en el siglo XVIII). No ha habido que horadar ninguna montaña ni remover grandes masas de tierra. En apariencia, el agua sigue manando en La Muralla o en las lagunas de Los Ojos, si bien ciertamente en menor cantidad que los ingenieros Feringán, Albizu o de Castro midieron hace siglos. Todo parece en calma. Y, sin embargo, una ingente cantidad de agua procedente del gran acuífero Revolcadores-Serrata se extrae cada minuto, cada hora, durante las veinticuatro horas del día, para satisfacer las necesidades de los nuevos cultivos intensivos creados por doquier. Es lo que podríamos llamar “trasvase oculto”.
A la chita callando, con la complicidad por acción u omisión de las autoridades, las grandes empresas del agronegocio se han ido posando, como una bandada de buitres al olor de la carnaza, en nuestras tierras. Atrás quedaron los grandes macroproyectos de la era de la especulación urbanística, pero con mucho menos ruido mediático y sin escándalo, las mismas fincas donde se iban a construir enormes urbanizaciones (o ese era el señuelo del fraude) han mutado en instalaciones sofisticadas de nuevos regadíos, cuya voracidad insaciable de agua pone en peligro la estabilidad del nivel freático y compromete seriamente la reserva de los acuíferos. El Noroeste de la Región de Murcia, y muy especialmente el campo de Caravaca con su notable riqueza hídrica, es el objetivo del poderoso lobby de la exportación hortofrutícola que, me temo, tiene más influencia en la política regional que el propio gobierno. Potentes maquinarias bombean cantidades formidables de agua en El Roblecillo o en Gorrafina, por poner algunos ejemplos, pero también, y desde hace mucho tiempo, en La Rodea, en Los Derramadores, en El Palomar, en La Fundación, en Tarragoya y otros muchos etcéteras repartidos por todos los contornos del municipio de Caravaca, que es el ámbito que más conozco. Imagino que en el resto de la comarca la situación será parecida. Se trata, insisto, de un auténtico “trasvase oculto”. (Véase mi artículo “La madre del agua”, en cuyo contenido y planteamiento me reitero: https://elnoroestedigital.com/la-madre-del-agua/ ).
Pero la cuestión de la explotación incontrolada del agua, aun siendo primordial, no es única. Este tipo de agricultura, y la no menos agresiva proliferación de las macroinstalaciones de ganadería intensiva, tienen graves efectos colaterales en la contaminación de los suelos y en la calidad del aire. Los productos químicos y fitosanitarios, los residuos plásticos y las demás consecuencias de la propia actividad (ruidos mecánicos, remociones de tierra, alteraciones del paisaje) repercuten en la salud de la población y en el entorno natural circundante, aunque todavía no se haya efectuado un estudio científico interdisciplinar para calibrar su verdadero alcance.
No quiero pensar, aunque sospecho, que estas empresas, una vez saturados y esquilmados otros espacios de cultivo, así como condicionadas por el rechazo cada vez más evidente que provocan sus prácticas en ciertos sectores de la sociedad, como ocurre en el entorno del Mar Menor, por ejemplo, hayan decidido que quizás en esta zona la opinión pública les sea menos crítica y les resulte más cómoda su expansión, además de la extraordinaria disposición de agua para regadío, claro, y de la enorme extensión de tierra cultivable, aunque sea de secano. No obstante, y pese al silencio mayoritario, pero no cómplice, cada vez son más quienes miran con desconfianza esta invasión de plásticos, de plantas clónicas y de chamizos metálicos que arrinconan los cultivos tradicionales y modifican el paisaje agrícola.
La sociedad civil debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Nos jugamos un futuro sostenible en el que coexistan sin conflicto la necesaria actividad económica, una explotación racional de los recursos y un ambiente saludable. El Consejo de Defensa del Noroeste es la punta de lanza de este creciente malestar por la dejadez de las administraciones ante lo que considera unas prácticas contrarias a derecho, cuando no abiertamente ilegales. Las autoridades que ostentan el poder, delegado por la ciudadanía, deben supervisar con los medios legales disponibles la actividad de un sector cuya repercusión económica es indudable en la economía regional, pero discutible a escala local. El control de la extracción de agua (cuantificar el alcance de este trasvase oculto) es fundamental, así como poner coto a las brutales transformaciones del suelo y del paisaje. Urge que las autoridades sanitarias y medioambientales elaboren un informe riguroso sobre el impacto de estas explotaciones agropecuarias intensivas en la salud humana, animal y vegetal. La gente, que vive cada vez más rodeada por estas plantaciones y granjas, tiene derecho a saber, porque en cuestiones que afectan al equilibrio natural, o sea, a la calidad de vida y a la propia supervivencia, no todo vale, no todo vale.
