Francisco Fernández García (Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz)
Los sucesos que se narran en este artículo tuvieron lugar durante las fiestas de la Cruz del año 1920 motivados por un hecho en apariencia poco relevante, pero que terminó ocasionando una grave crisis en la política municipal de nuestra ciudad.
La situación económica por la que atravesaba en aquellos momentos el Ayuntamiento de Caravaca era bastante difícil, lo que le había llevado a no poder asumir sus compromisos tributarios provinciales provocando el embargo por la Diputación del 25% de los ingresos municipales; a pesar de todo las fiestas patronales se organizaron con el esplendor acostumbrado, figurando entre las actividades programadas, como era habitual en la época, un espectáculo taurino, en concreto una novillada. Paralelamente, el Gobierno Civil dictó una circular prohibiendo las fiestas taurinas «en los pueblos que no estén al corriente en el contingente provincial», de modo que cuando el ayuntamiento solicitó el correspondiente permiso gubernativo para celebrar el festejo se encontró con la desagradable sorpresa de su desautorización como consecuencia del referido impago, justificando asimismo esta negativa en el mal estado de la plaza y su falta de seguridad además de las causas antes mencionadas.
La orden gubernativa suspendiendo la novillada provocó un «malestar enorme en la población entera”, por lo que el ayuntamiento, presidido por el alcalde D. Amancio Musso y Ruiz de Assín, se reunió en sesión extraordinaria el 3 de mayo, festividad de la Cruz, a la una del mediodía. Durante el transcurso de la misma, y tras exponer la situación, el alcalde presentó su dimisión, a la que se unió la de la totalidad de los concejales que adoptaron igualmente la decisión de renunciar a sus cargos y no aceptar «puesto ninguno que tenga carácter de autoridad hasta que el alcalde dimisionario reciba satisfacción tan cumplida que le permita volver a ocupar directamente la alcaldía». Al conocerse la noticia gran parte de los vecinos respaldaron la postura de las autoridades organizando a primera hora de la tarde una manifestación que recorrió las calles más importantes de la población pidiendo el cese del Gobernador y del Presidente de la Diputación. La manifestación fue muy concurrida, «imponente, formada por millares de almas», por lo que la Guardia Civil fue alertada, recibiendo orden de situarse frente a la puerta de la Plaza de Toros ante el temor de que «el pueblo intentase asaltarla», lo que no llegó a suceder por lo que afortunadamente no hubo intervención alguna que reseñar.
Al frente de la marcha figuraban el exdiputado a Cortes D. Luís Díaz Guirao de Revenga, los presidentes de los centros populares de industria y comercio caravaqueños, así como diversos representantes de los pueblos comarcanos. «Al llegar al ayuntamiento, la muchedumbre prorrumpió en delirantes aclamaciones al Rey, al alcalde y a Caravaca», subiendo una comisión al salón de plenos para dialogar con las autoridades, que habían decidido mantenerse reunidos, a pesar de haberse levantado la sesión a las dos y veinte del medio día, en previsión de posibles altercados. Los manifestantes permanecieron en la plaza, pidiendo con insistencia que hablara el exdiputado Revenga, que finalmente accedió pronunciando un acalorado discurso en defensa de los derechos de la ciudadanía. A continuación tomó la palabra el alcalde, quién «afirmó su caravaquismo arraigado, participando oficialmente la dimisión del ayuntamiento en pleno», siendo muy ovacionado. La concentración se mantuvo hasta la hora de comienzo de la procesión del Baño de la Cruz, marchándose la mayor parte de los allí congregados para participar en la misma.
Al día siguiente ayuntamiento envió un extenso telegrama al Ministro de la Gobernación comunicando su dimisión y los motivos que le había llevado a ello, al tiempo que protestaban por que no se hubiera permitido la celebración del festejo. «Ante la incomprensible actitud, que me crea en plenas fiestas un conflicto grave, dando órdenes a la Benemérita a espaldas de mi autoridad, quebrantando el prestigio de mi cargo, reuní con carácter urgente a la Corporación municipal e hice renuncia de mi cargo», lo que motivó unas declaraciones del ministro en las que afirmaba que «no tendrá inconveniente en aconsejar a las autoridades que concedan esa autorización, siempre que la plaza ofrezca las suficientes garantías de seguridad y el Ayuntamiento ponga mayor celo en el cumplimiento de las obligaciones municipales».
Mientras tanto, el Gobernador Civil, D. Eusebio Salas, cuya decisión fue muy elogiada por las autoridades provinciales, envió un telegrama al alcalde recriminando su actitud: «El cargo de concejal no es renunciable y, por tanto, se le exigirá a usted la correspondiente responsabilidad por abandono de funciones. Respecto a la prohibición de celebrar corridas de toros no hay mas autoridad que la mía, y la Benemérita hará cumplir mis órdenes» y pidiendo una certificación del acta de la sesión en la que los concejales acordaron dimitir de sus cargos. A pesar de todas estas declaraciones, las autoridades municipales se mantuvieron firmes y no modificaron su decisión.
La agitación continuó durante varios días, ya que la ciudad entera se sentía «ofendida por los procedimientos usados, depresivos para la dignidad del alcalde y la honra de la ciudad». El 11 de mayo el Ministro de la Gobernación, D. Francisco Bergamín, ofreció una rueda de prensa en la que, entre otros temas, abordó el problema suscitado en Caravaca, defendiendo las razones que habían llevado al gobierno civil a prohibir la novillada e insistiendo nuevamente en el mal estado de la Plaza de Toros: «si quieren toros, que construyan una plaza y el gobernador entonces no podrá prohibírselo». El tratamiento dado a este suceso por la prensa madrileña, claramente favorable a las decisiones gubernativas, fue causa de que el ayuntamiento enviase un comunicado, publicado asimismo en varios periódicos de tirada nacional, ofreciendo su versión de los hechos, en el que se explicaba «que el gobernador conminó al Ayuntamiento de Caravaca con suspender la celebración de la corrida si el alcalde no entregaba antes la cantidad de 1.600 pesetas y dictó luego severísimas ordenes para que la Guardia civil impidiera a todo trance la celebración del espectáculo», manifestando asimismo «que la ciudad de Caravaca jamás tuvo como espectáculo público las bárbaras capeas, sino que celebró corridas de toros en plaza de buenas condiciones». Por el contrario, algunos periódicos provinciales se situaron del lado de los dimisionarios, mas por conocimiento del carácter y pésimas actitudes del gobernador, que por considerar justas las demandas de las autoridades caravaqueñas: «Ese gobernador que ha logrado cerrar un ayuntamiento conservador –el de Caravaca-, va a conseguir también cerrar otro de izquierdas, el de Cartagena; porque no creemos que los bloquistas tengan la paciencia que se necesita para soportar un gobernador insoportable».
El ayuntamiento permaneció cerrado durante 22 días hasta que el 26 de mayo la corporación dimisionaria volvió a tomar posesión de sus cargos, considerando que «había quedado solucionado dignamente para esta Corporación, habiendo recibido él amplias explicaciones que han satisfecho por completo su dignidad, como representante del pueblo», según se recoge el acta municipal. Concluye así este singular suceso que muestra claramente la gran afición existente en aquella época en nuestra ciudad y la importancia que los festejos taurinos tenían en el programa oficial de fiestas, circunstancias ambas que desgraciadamente no encontramos en la actualidad.
Desconozco cual fue la composición del cartel de la novillada causante del incidente, ya que no he podido consultar el programa oficial de las fiestas de ese año (creo que no se conserva ningún ejemplar), ni tampoco aparece anunciada en la prensa, pero por noticias posteriores parece ser que los motivos que originaron la prohibición de la novillada desaparecieron poco después, puesto que en los meses sucesivos se celebraron tres festejos taurinos: uno el 25 de julio con la participación de los diestros locales José Fuentes, Pablo Celdrán y Antonio Fuentes; otro el 15 de agosto, con el también caravaqueño Felipe Medina Portillo y Pablo Celdrán y, el último, el 2 de noviembre, tratándose en esta ocasión de una becerrada con aficionados «de la buena sociedad caravaqueña» organizada por el Hermano Mayor de la Cofradía D. Juan Ramón Godínez para obtener fondos con destino a las obras que en esos momentos se realizaban en el Santuario de la Vera Cruz.
