PSOE CARAVACA
Bajo el pretexto de la pandemia del covid-19, el Gobierno Regional ha modificado la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada en sus artículos 85 y 102 para atribuir a los ayuntamientos las competencias en evaluación ambiental de los proyectos, planes y programas de su competencia; dicha modificación se ha hecho mediante el Decreto Ley 5/2020 de Mitigación del Impacto socioeconómico del covid-19 en el Área de Medio Ambiente; ante lo cual, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha presentado una moción proponiendo la reversión de las atribuciones dadas a los ayuntamientos en dicho decreto ley y el Grupo Socialista en la Asamblea regional ya está dando los pasos pertinentes para recurrir la reforma al tribunal Constitucional.
No solo lo dice el PSOE; también un informe de los servicios jurídicos de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, basándose en la ley de bases de Régimen Local y en varias sentencias del tribunal Constitucional, deja claro que la Comunidad autónoma no tiene atribuciones para trasladar esas competencias a los ayuntamientos.
Hasta ahora, según el estatuto de autonomía y la ley 4/2009, esas competencias estaban atribuidas a la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y así las venía ejerciendo, excepto la evaluación ambiental estratégica simplificada de los instrumentos de planeamiento urbanístico en los municipios de más de 50.000 habitantes.
El Gobierno Regional de López Miras, que no se puso en contacto para negociar previamente ésta importante modificación con los alcaldes y las corporaciones locales, muestra una gran deslealtad y falta de respeto a los 45 ayuntamientos de la Región ya que no ha tenido en cuenta la escasez de los recursos económicos, técnicos y humanos de muchos de los ayuntamientos que, para proporcionar la suficiente garantía y eficacia ambiental, tendrán que crear nuevas unidades y reorganizar su estructura administrativa en caso de que no se paralice el decreto Ley.
De burla a la transparencia y a la participación ciudadana se puede calificar la actitud del Gobierno Regional que no solo se olvidó de los ayuntamientos de La Región, el propio Consejero de Medio Ambiente, según denuncian la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción, convocó la reunión del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), sobre el Decreto Ley 5/2020 cuando éste ya se había aprobado y publicado.
Tampoco podemos obviar al Alcalde de Caravaca de la Cruz, que con su actitud silente, además de sumarse a esa burla a la transparencia y a la participación ciudadana, se convierte en cómplice de éste nuevo despropósito medioambiental del Gobierno Regional, olvidándose de su obligación de defender los intereses del ayuntamiento, de los ciudadanos de Caravaca de la Cruz y de su territorio, mostrando además con su pasividad una nula sensibilidad medioambiental inapropiada para un Alcalde en los tiempos actuales.
Desde el PSOE entendemos que, tras el estado de alarma, es necesario adoptar medidas eficaces para impulsar la economía regional pero nunca reduciendo los controles y garantías medioambientales previos a determinadas actividades o permitiendo el aumento sin control hasta un 30% del consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones como se pretende, entre otras medidas, con el Decreto Ley.
En lugar de reducir controles medioambientales y de transferir a los ayuntamientos competencias impropias, la Comunidad Autónoma debería mejorar su administración ambiental, dotándola de medios técnicos y humanos suficientes que garanticen, con agilidad y objetividad en sus trámites, una adecuada protección del medio ambiente pero, lamentablemente, el desmantelamiento del sistema público medioambiental por motivos políticos por el Gobierno de López Miras, denunciado recientemente por varios sindicatos y organizaciones ecologistas, apunta más en el sentido contrario, en el de una mayor desprotección ambiental a la que, por desgracia (ejemplos no faltan), ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular.
