ANTONIO ESPÍN/Diputado socialista en ala Asamblea Regional

Después de más de un año y medio luchando contra el virus, con los errores que han cometidos y la experiencia acumulada, parece mentira que esta vuelta al cole haya pillado, de nuevo, a López Miras y a su Gobierno con los deberes sin hacer.

Es insólito que, tras el desastre causado el pasado curso por el modelo semipresencial impuesto de manera unilateral por López Miras, este año vuelva hacer oídos sordos a la Conferencia Sectorial de Educación, al Consejo Escolar de la Región de Murcia y a la comunidad educativa en su conjunto, que llevan meses implorando sentido común e instando al Ejecutivo regional a invertir, de una vez por todas, en la calidad de la Educación y en la salud de nuestro alumnado.

Con esto, somos, otra vez, la comunidad que menos invierte en adaptar sus centros a la pandemia. Frente a comunidades como Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-León, Galicia, Extremadura o Asturias, que han mantenido el mismo número de maestros y profesores COVID en sus centros; o Valencia, Canarias y Cantabria, que los han aumentado de forma considerable con respecto al curso anterior, López Miras ha decidido pegar el tijeretazo y no contratar ni a uno solo de los 1.500 docentes que durante el curso pasado reforzaron las plantillas de nuestros colegios e institutos. Tampoco se ha comprometido a enviar dinero a los ayuntamientos (y eso que lleva sin hacerlo desde el pasado mes de diciembre) para aumentar los servicios de limpieza en los centros, algo evidentemente necesario para garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar.

Así las cosas, hemos vuelto a las aulas con los mismos recursos que antes de la pandemia, como si nada hubiese pasado. No hay reducción de ratios ni desdobles de aulas masificadas, como sí han hecho otras comunidades autónomas. Tampoco hay refuerzos educativos para quienes sufrieron con más crudeza las consecuencias de la semipresencialidad. No hay medios para implementar su propia normativa COVID y han dejado, de forma indebida, toda la responsabilidad sobre las espaldas de los equipos directivos y de los propios docentes. Vuelven, de esta forma, a sacudirse las pulgas de sus competencias, escudándose en la falta de fondos para implementar las medidas que sí han tomado la mayor parte de territorios del país.

Pero esta burda excusa ya no se la traga nadie. Con los datos en la mano, el gobierno de la Región ha recibido una lluvia de millones del Gobierno de España para adaptar sus centros a la realidad post-pandemia. A los más de 80 millones extra que llegaron el pasado curso para Educación, hay que añadir los 13.486 millones que se distribuirán entre las comunidades autónomas en octubre y noviembre para adaptar sus servicios públicos, los 6 millones aprobados para creación de nuevas plazas de Educación Infantil 0-3 años en la Región, el aumento sin precedentes de las becas y ayudas al estudio o los más de 50 millones para digitalización y formación del profesorado, entre otras importantes partidas.

Queda claro, pues, que es una cuestión de prioridades y de mera voluntad política y López Miras ha demostrado que la Educación pública no es una prioridad para su gobierno.

Y para muestra un botón. Ha dejado el encargo de liderar la Educación en la Región de Murcia a una señora de extrema derecha, negacionista, antivacunas y con evidentes carencias en la gestión de este servicio básico. Carencias que han pagado injustamente con creces miles de familias de la Región que, estos primeros días de curso, al igual que los últimos del anterior, no han podido llevar a sus hijos al colegio ente la ausencia de transporte escolar, con cuyas empresas la consejera no ha sido capaz de dialogar para llegar a acuerdos. Esto, en nuestra comarca, lo han sufrido con más crudeza quienes más necesitan de este servicio compensador, los alumnos y alumnas de Educación Especial del CPEE ASCRUZ, que durante días se han quedado tirados en sus paradas de autobús, con los problemas familiares que eso entraña, por culpa de un gobierno que entiende la Educación Pública como un gasto y no como una inversión de futuro y un servicio generador de igualdad de oportunidades.

Tanta indolencia es desoladora, pero desde el Partido Socialista seremos implacables. La salud y la Educación de nuestros menores no pueden depender de la mediocridad de quienes han comprado el gobierno para seguir haciendo negocio, utilizando esta Región como su cortijo. No conseguirán callarnos, por mucho que lo intenten.