José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis.
El protagonismo ciudadano en
la gestión de lo público no se debe limitar a los ciclos electorales, momentos en los que se busca la participación insistentemente porque el voto es necesario para cuantificar el peso político de cada opción que compite en esa batalla de las ideas. Y digo que no se puede limitar a ese momento,porque la democracia es un proceso constante de participación, y “nadie puede participar en lo que no conoce”.
Por otro lado, hay que resaltar que la información es imprescindible. Necesitamos saber de los asuntos públicosy que se nos rindan cuentas para valorar cómo se ha ejecutado y empleado nuestro dinero, para evitar que los corruptos se infiltren por las puertas falsas del sistema.Queremos un cambio, y para conseguirlo se precisa de una voluntad política que propicie una nueva cultura funcionarial y también que eleve la necesidad en la sociedad civil de ser exigentes en esta acción de la accountability. Porque da la sensación, que el hecho de haber ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre el “acceso a la documentación pública” y la reciente aprobación de la Ley estatal y la regional sobre Transparencia, fuera como un punto de llegada. Sin embargo, esos dos acontecimientos, son el principio, un inicio, que con mucho retraso, se intenta salir de la opacidad formalmente organizada.Es bien sabido, que no basta con publicar una norma, si estas luego no se cumplen.
Cuando los políticos no lo sienten, los funcionarios no lo practican y los ciudadanos no lo exigen, la transparencia informativa quedará como un procedimiento de la burocracia de funcionamiento, pero no como una mejora de nuestra debilitada democracia. No olvidemos, que los ciudadanos queremos la información para dos cosas: saber lo que está ocurriendo en nuestras instituciones, y poder controlarlas. Es por ello, que queremos unainformación efectiva de los asuntos públicos, para exigir con toda crudeza una rendición de cuentas de gran calado. Queremos saber, porque queremos controlar. Queremos controlar, porque queremos denunciar los casos de corrupción y de despilfarro de lo público, ¡así de claro! Por eso no nos sirve que se nos despache de “oficio” o con unos datos que oculten, disimulen o pretendan maquillar o desinformar, que de todo hay.
Somos muchos, los que hubiéramos deseado que la Ley de Transparencia hubieraestado enmarcada entre los derechos fundamentales, y con el carácter de una Ley Orgánica. Porque resulta sorprendente, que a estas alturas, en nuestro sistema democrático el derecho de petición este considerado como fundamental y por el contrario, no lo sea el derecho de acceso a la información pública. No lo entiendo. Hemos perdido los ciudadanos derecho, por ese caciquismo político que frena la democracia plena, motivado por las presiones de los intereses competenciales de las CCAA que no querían perder el derecho a que cada una tenga su propia Ley.
Sería precisa una regulación básica para todas las entidades que prestan servicios de forma directa o indirecta a los ciudadanos, para garantizar tanto la información presencial,telefónica y electrónica. Y denuncio que hemos perpetuado nuestro más oscuro proceder continuando con el silencio administrativo negativo. Una conducta reprobable de la Administración Pública, y perdiendo la oportunidad, de romper con el interés de autoridades y empleados públicos, estatales, autonómicos o locales a defenderse tras los procedimientos de su silencio.
Seguimos sin conocer los informes internos de fiscalización, y me refiero expresamente, a los informes de reparos que realiza la intervención, porque ayudaría a los ciudadanos a controlar los intentos de saltar los controles y producir decisiones que rayen la ilegalidad en los procedimientos. Queremos que la sociedad civil conozca todo el procedimiento de tramitación, al igual que las memorias para justificar cualquier tipo de endeudamiento. Así mismo, hay que incrementar la transparencia en el nombramiento en los puestos de trabajo, nos sonrojamos cuando vemos ciertos nombramientos de personas que no tienen ni titulación ni preparación para ejercer las funciones que deben desempeñar. No es suficiente conocer las retribuciones, hay que conocer también los sistemas por los cuales se ha cubierto cada puesto de trabajo. Existen demasiados “nombramientos” cobrando de los presupuestos públicos de una forma “indebida”. Vemos cosas que nos avergüenzan y nos sentimos aterrados cuando sin reparos, se nombran a amigos o compañeros, sin más justificación que la afinidad política, familiar o de amistad.
Y para terminar, aprovechando que estamos en campaña electoral, denunciar que la normativa estatal es muy poco transparente en los gastos que los partidos incurren en las elecciones, y son los Organismos internacionales los que nos recuerdan “que cómo se hace tanta publicidad, con tan poco gasto contabilizado por los partidos políticos”. El fantasma de muchos “conseguidores” recaudando en nombre de quien puede hacer favores es demasiado conocido, y nadie se atreve a poner en vigor una norma que corte de raíz las malas prácticas que han viciado el sistema.
Un problema de especial importancia, es el que cometen ciertos alcaldes que impiden el acceso a la información por parte de sus concejales, olvidando que son los representantes de los poseedores de los derechos cívicos y no debe haber ningún alcalde que impida que la democracia se viva activamente en su territorio, nuestra Constitución así lo define en su artículo 23.2 donde se resaltan los derechos cívicos.Es el momento del protagonismo ciudadano, los políticos deben asumir menos protagonismo, y ser mejores gestores de lo público, sin apropiarse de sus funciones. Gobernar es compartir.
