ANTONIO JOSÉ ESPÍN/DIPUTADO SOCIALISTA EN LA ASAMBLEA REGIONAL

En estos momentos, y desde hace meses, se está debatiendo en el Congreso de los Diputados la LOMLOE. Una reforma educativa que viene a completar el compromiso del Gobierno de España de derogar la Ley más lesiva de las últimas décadas, la LOMCE, que aprobó el PP únicamente con sus votos, sin el apoyo de ninguna otra fuerza política, y que contó con el rechazo absoluto de toda la comunidad educativa.

Mientras esta sigue tramitándose con toda legalidad y legitimidad en las Cortes, asistimos a una campaña de acoso y derribo, un bochornoso espectáculo mediático de la derecha, que avergüenza a quienes somos férreos defensores de la democracia y de un sistema público de Educación que nos iguala, independientemente de nuestro origen, y sirve de ascensor social a quienes tienen más dificultades económicas y familiares.

Y nos avergüenza porque no entendemos la política como un arma de difamación, sino como un instrumento para mejorar la vida de las personas, también, como no, su Educación. Y nuestro sistema educativo está carente de reformas que lo eleven en la excelencia y que se adapte a los retos sociales del presente y del futuro. Y eso es lo que se pretende con la nueva Ley. Avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo, respetuoso, plural, sostenible, digital y basado en el desarrollo integral del alumnado, encontrando en él todas sus potencialidades.

Uno de los aspectos más importantes que recoge este proyecto de Ley tiene que ver con la Educación Especial. Un avance sin precedentes en la plena inclusión que este país merece y necesita. Así lo ha denunciado el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU), que ha enviado varios informes y condenas a España por no respetar el derecho de las personas con discapacidad a una plena inclusión en la sociedad y, por supuesto, también en la Escuela. Y así lo manifiestan las principales organizaciones españolas de personas con discapacidad, que llevan años exigiendo que se cumplan los tratados internacionales firmados por España para avanzar en una plena inclusión educativa de todos los niños y niñas.

Sin embargo, la derecha española, otra vez, pretende, mediante bulos infundados, generar polémica en este ámbito tan sensible y en el que todos y todas deberíamos remar al unísono. Por eso están centrando todos sus esfuerzos en hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno de España va a cerrar los centros de Educación Especial y a abandonar a su alumnado ¡Cuánto cinismo!

Hay que decirlo alto y claro. Ni se van a cerrar los centros de Educación Especial ni se van a dejar morir de inanición. Solo hay que leer la adicional cuarta del proyecto de Ley para saber los planes del Gobierno, que van en una única dirección: garantizar la plena inclusión de todos y todas y asegurar la perfecta atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

Por eso, la LOMLOE establece que las administraciones educativas deberán desarrollar un plan para que los centros ordinarios de Infantil, Primaria y Secundaria, en un plazo de 10 años, cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con necesidades educativas especiales. Así, se incrementarán los recursos paulatinamente, para que ninguna familia se quede sin escolarizar a su hijo o hija en un centro ordinario porque este no tenga los medios adecuados. Y esto hoy en día, lamentablemente, pasa más de lo que quisiéramos. Son cientos las familias que cada año ven frustradas sus expectativas, teniendo muy pocas opciones de escolarización. Y esto supone una discriminación injusta e insolidaria.

Pero, además, el proyecto de Ley deja claro que los centros de Educación Especial seguirán escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo (humano y material) para los centros ordinarios.

Las familias tendrán un papel determinante en la escolarización, pues aunque las valoraciones de las necesidades del alumnado las realizarán profesionales especialistas, en el proceso serán preceptivamente oídas e informadas, dándole una especial relevancia a su opinión, como no puede ser de otra forma.

Por tanto, NO. Con la LOMLOE los centros de Educación Especial no se cierran. Como tampoco se limita la libertad de elección de las familias, ni se discrimina a la Escuela Concertada, ni se elimina la Religión de las aulas, ni el castellano deja de ser la lengua oficial del Estado. Las mentiras hay que combatirlas y con el texto de la reforma en la mano, que acabo prácticamente de reproducir ¿Alguien puede oponerse al avance que esta Ley supone para la Educación Especial?