José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
Finalmente, el terremoto político desatado por la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos contra el gobierno de López Miras no ha tenido efectos en los ayuntamientos de Pliego y Caravaca, como inicialmente se pretendía. Los gobiernos de estas dos localidades continúan estables en su acuerdo inicial, cosa de la que no puede presumir precisamente el gobierno regional: un gobierno-collage de corta y pega, en el que la mitad de sus miembros son personas expulsadas de sus respectivos partidos, circunstancia que no parece una buena carta de presentación.
Efectivamente, a pesar de haber truncado la moción de censura López Miras tiene ahora un gobierno inestable que no cuenta con mayoría parlamentaria; esta depende ahora del único voto que le queda a Vox en el parlamento murciano o, en su defecto, del apoyo explícito de Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, quien se abstuvo en la moción de censura. Sus convicciones se pondrán a prueba en el trámite para sacar adelante los Presupuestos Generales de la CARM, de tal manera que, si el primero vota en contra, Alberto Castillo ya no podrá esconderse tras la excusa de su posición institucional y tendrá que decidirse.
En este escenario, el adelanto electoral aparece como una posibilidad a tener muy en cuenta en el horizonte; se habla del inicio del otoño como la fecha más probable si finalmente se materializara. De hecho, el propio Abascal está repitiendo, de manera insistente en estos días, su exigencia de adelanto de los comicios. En esta tesitura, repito, la última palabra la tendrá Alberto Castillo.
Mientras tanto, el nuevo gobierno-collage comienza su andadura con la incorporación de la ultraderecha a un gobierno autonómico por primera vez en la historia democrática de España, y lo hace nada menos que con la responsabilidad de la Consejería de Educación y Cultura en la persona de Mabel Campuzano, quien, a pesar de haber sido expulsada de Vox, sigue referenciándose y defendiendo sin tapujos la misma ideología ultraderechista y reaccionaria.
Su ideario político en este ámbito es simple y escueto: privatización del sistema educativo y control ideológico (censura) del derecho a la libertad de cátedra del profesorado; y por supuesto, una beligerancia total contra la nueva ley educativa recientemente aprobada, la LOMLOE o Ley Celaá.
Ni una palabra sobre un plan de mejora de las infraestructuras educativas, algunas de las cuales todavía tienen instalaciones de fibrocemento, 11 de ellas en la comarca del Noroeste y Río Mula; tampoco sobre la mejora de las condiciones laborales del profesorado que sufrió recortes importantes en 2012 o sobre la situación del personal interino pendiente de estabilidad y de que se ejecuten las sentencias ya ganadas sobre el cobro de las vacaciones; nada sobre el incremento de becas, servicios complementarios de comedor, transporte o gratuidad de libros y material; por no hablar de la disminución de ratios y mayores recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales o con necesidades de compensación educativa; nada sobre abandono escolar o mejora de financiación del funcionamiento de los centros educativos. Nada que tenga que ver con los múltiples problemas del sistema educativo público de nuestra región.
Ciudadanos ha venido a enterarse tarde y en el peor de los momentos de lo que supone mantener al PP en el poder; su errónea estrategia en 2019 puede costarle más que caro. No obstante, si un adelanto electoral sirve para acabar con la peor etapa política de nuestra historia reciente y frenar a la ultraderecha, debemos aprovechar la ocasión y no permitir una segunda ola PP-Vox, que podría ser todavía más letal.
