PEDRO ANTONIO HURTADO GARCÍA

Informativos televisivos y radiofónicos, prensa y demás medios, nos recuerdan al semanario “El Caso” (1952-1987). Crímenes, violaciones, provocaciones políticas y sociales, conducción temeraria, alunizajes, robos, huídas y delitos de todo tipo y condición, ocasionan víctimas y reiteran riesgos para nuestros gendarmes.

Clima de miedo el que impera en nuestra sociedad por asaltos a viviendas, a plena luz del día, con total dejadez legislativa. La cobertura policial en barrios, pedanías, urbanizaciones, aldeas, caseríos, núcleos urbanos de menor dimensión y similares, es escasa, o nula, por clara falta de efectivos. Los moradores atienden sus impuestos y deberían percibir presencia de vigilantes, gozar de adecuada cobertura, sentir tranquilidad, alegría de vida y clima de seguridad, en un estado de derecho de colectivo disfrute.

No culpabilicemos a los agentes, no, ni mucho menos, a los que la justicia no respeta. Pues no parece razonable que se jueguen la vida en una persecución para que, luego, al poquito tiempo, se tropiecen por la calle con el mismo delincuente al que detuvieron, quien, sin juzgar, con fianza, o sin ella, queda impunemente libre.

Esa desconsideración a nuestras eficaces fuerzas y cuerpos de seguridad se hace más notable con los recientes crímenes, en los que los protagonistas estaban de permiso carcelario, mientras cumplían penas por asesinato. ¿Quién y por qué concedió esos permisos?. ¿Qué responsabilidad asume ante las vidas sesgadas?.

Nuestra pobre justicia precisa de mayor rigor. Quien la hace, que la pague. Y, quien no quiera sufrir penas, que no delinca. Distingamos lo accidental de la delincuencia intencionada y dejemos la calle libre de malhechores. Los altos representantes políticos, de antes, de ahora y de casi siempre, no aportan soluciones. Ellos, disfrutan de guardaespaldas. Buenos días.