Antonio José Espín Espín/Diputado Socialista en la Asamblea Regional
A nadie se le escapa que la Educación es un derecho fundamental que nuestra Constitución brinda a todos los ciudadanos y ciudadanas, también en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Y, además, todos y todas debemos tener acceso al sistema educativo en igualdad de condiciones. Esto se complica en circunstancias adversas como la generada por el COVID-19. Nuestro sistema educativo se enfrenta al gran reto de cambiar el modelo de forma instantánea y sin previo aviso, pasando de una modalidad presencial, donde los recursos están al alcance de todos, a una modalidad a distancia, donde juegan un papel determinante los recursos familiares y donde la brecha social se transforma en una enorme brecha digital, que discrimina a una parte importante del alumnado, el más vulnerable.
Ante esta triste realidad, las administraciones deben ofrecer una respuesta ejemplar, extraordinaria, para evitar que esta crisis sanitaria y social, degenere también en una crisis educativa. De ahí las orientaciones emanadas de la Conferencia Sectorial de Educación, donde tienen cabida el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejeras y consejeros autonómicos de Educación. En dicha trascendental reunión se decidieron varias cuestiones de suma relevancia para afrontar el último trimestre y el final del curso escolar y que cuentan con la aprobación de la práctica totalidad de la Comunidad Educativa.
La primera de ellas es que ningún alumno o alumna va a perder el curso a causa de esta crisis. Sería injusto y poco solidario.
En segundo lugar, este último tramo del curso tendrá un carácter diagnóstico, formativo y orientado a la recuperación y al refuerzo de las competencias básicas. Para ello, se flexibilizarán las programaciones didácticas.
En tercer lugar, la promoción será la norma general para la evaluación final del curso, quedando la repetición como una medida absolutamente extraordinaria, más de lo que debería serlo en una situación de normalidad educativa y sirviendo esta como puente formativo entre la adversa situación actual y los cursos venideros. En este sentido, se podrán realizar actividades de refuerzo durante el periodo estival y en el próximo o próximos cursos escolares deberán planificarse las actuaciones que permitan a los alumnos que no hayan conseguido alcanzar los objetivos generales, recuperar con planes específicos orientados a ello. Esta última medida ha sido la que más dudas ha suscitado entre la Comunidad Educativa y, quizás, el origen de la disputa política generada desde algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, como es la nuestra.
Hay quienes quieren confundir el criterio de promoción general por el de “aprobado general”, que en nada se parece a lo acordado por la Conferencia Sectorial. En este sentido debemos ser rigurosos y fieles a la verdad, para evitar un aumento de la confusión que, per se, estas circunstancias inéditas generan. Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia compartimos absolutamente estos criterios por tres motivos muy simples, pero de excelsa relevancia.
- Son garantía de igualdad. Si se evaluara a todos los alumnos con los mismos criterios, pero sin tener a disposición los mismos medios y recursos, se produciría una situación de desventaja y discriminación inasumibles en un Estado democrático y constitucional como el nuestro
- La recuperación es un derecho legal del alumnado y las circunstancias en estos momentos impiden que todos y todas pueden ejercerlo.
- Al tratarse de un criterio de promoción general, que no aprobado general, en los cursos sucesivos se pueden, y se deben, ir recuperando las competencias pendientes. Evaluación continua y globalizada.
De ahí que afeemos la posición contraria del gobierno regional al acuerdo alcanzado en el seno de la Conferencia Sectorial. De nuevo vuelven a tener la boca pequeña de unidad y la boca grande vacía de responsabilidad. Anteponen con su postura, criterios meramente partidistas al interés general, a lo que, por desgracia, nos tienen muy acostumbrados.
Desde el PSOE pedimos a la Consejera de Educación, como ya he hecho en varias ocasiones a lo largo de estas semanas, que ejerza su responsabilidad y asuma sus competencias.
Según la tasa AROPE un 32% de los menores murcianos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión. Es en ellos en quienes deben centrar su trabajo y no dedicar su tiempo a criticar sin alternativas ni justificación. Miles de alumnos murcianos se encuentran descolgados del sistema educativo por no tener los medios para acceder a él a distancia. A día de hoy estamos esperando soluciones del gobierno regional, competente en esta materia. Otras comunidades autónomas como la Valenciana ya lo han hecho. A situaciones extraordinarias, medidas a la altura.
Espero que nuestra voluntad de colaboración y nuestras propuestas no caigan en saco roto.
