ANTONIO JOSÉ ESPÍN/DIPUTADO SOCIALISTA EN LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
En los últimos días, la polémica implantación del mal llamado “Pin Parental” en la Región de Murcia se ha hecho viral y no solo en nuestra tierra, sino a lo largo y ancho de la geografía española. El PSOE lo venía anunciando desde hace meses, tras la firma del pacto de gobierno que hizo presidente a López Miras, pese haber perdido las elecciones después de 25 años de mayorías. En septiembre, tras conocer las instrucciones que la Consejería de Educación enviaba a los centros de la Región para la inédita implantación de este derecho a veto en los colegios e institutos, presentamos una moción en la Asamblea, que tuvimos la oportunidad de debatir hace ya más de mes de medio. Esta no salió adelante con la negativa de PP y VOX y la cómplice abstención de Ciudadanos. Pedíamos que se retiraran las polémicas resoluciones y que la actividad en los centros continuara, como hasta ahora, con la normalidad y el respeto a las leyes y normas educativas que los equipos directivos y docentes han defendido siempre. Han sido meses de duro y tenaz trabajo, con la convicción de que el gobierno estaba actuando al margen de la ley, algo que hoy defiende prácticamente toda la comunidad educativa.
Pero las alarmas han vuelto a saltar, esta vez con un fuerte respaldo mediático y social, cuando la ultraderecha murciana ha situado el blindaje normativo de este “veto parental” como condición sine qua non para la aprobación de las cuentas regionales. Ellos y sus socios han utilizado, así, la Educación de nuestros niños y jóvenes como moneda de cambio para continuar con este gobierno, al que le surgen grietas por doquier.
Hemos asistido durante estos días a un grotesco espectáculo por parte de Ciudadanos que, como pollo sin cabeza, no han dejado de desdecirse, dando bandazos sin llegar a posicionarse al respecto, por miedo a las críticas de la comunidad educativa y a perder el poco espacio de gobierno que sus socios le han cedido. Es, lamentablemente, lo que a los hombres y mujeres de esta Región nos quedaba por ver.
Finalmente, los que venían a regenerar la política, han claudicado ante VOX, aunque les avergüence reconocerlo abiertamente, aceptando la implantación de este veto educativo en nuestra Comunidad Autónoma. Lo que hace unos años parecía impensable, hoy es una triste realidad. Las políticas educativas han sido entregadas en bandeja a los sectores más conservadores de la derecha murciana. Caro costó el pacto de gobierno a los murcianos y más caro parece que nos saldrá la aprobación de los presupuestos regionales, pues VOX no ha puesto condiciones baladíes y sus socios se las han comprado todas.
Con la Constitución, los españoles y españolas construimos las bases de nuestra convivencia. En estos cuarenta años, hemos conseguido que esos acuerdos alcanzaran el consenso social y, aunque no ha sido fácil, ha merecido la pena. Hemos entendido que los valores que promueve nuestra Carta Magna no son optativos y que, para la igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, no existe objeción de conciencia, mucho menos desde ese espacio para la convivencia, el aprendizaje y la equiparación de oportunidades que es la Escuela. El sistema educativo español tiene la obligación de promover estos principios y los niños y jóvenes tienen el derecho, reconocido constitucionalmente, de recibir una educación integral que los tenga en su origen. En su ausencia, pocas oportunidades les estaríamos dando, a quienes tienen el futuro en sus manos, de seguir construyendo una sociedad que conviva en armonía. Pero el gobierno de nuestra Región pretende poner esos valores constitucionales en tela de juicio, haciéndolos innecesarios y dando la posibilidad a las familias de negar esa formación escolar a sus hijos, vulnerando con ello el derecho fundamental que a los menores asiste. Nadie se cuestiona que las familias deban conceder permiso para que sus hijos estudien matemáticas o biología ¿Por qué han de hacerlo para conocer los principios y valores de nuestra democracia? Todos estos saberes están recogidos en los currículos y normas educativas y todos tienen el mismo rango, por lo que, sin excepción, deben ser estudiados en las aulas, previa planificación del claustro docente y aprobación del Consejo Escolar, donde participan los padres y las madres. Sin embargo, con esta medida, el gobierno murciano hace tambalear lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir, atacando la libertad de cátedra del profesorado y la autonomía que las leyes otorgan a los centros educativos, contradiciendo el mandato constitucional y la Convención de los Derechos de la Infancia. Además, es importante reseñar que, con el veto parental, el gobierno pone en tela de juicio la profesionalidad de los docentes, de quienes duda de su neutralidad, haciendo creer que estos adoctrinan en las aulas. Como maestro, no puedo sino condenar estos ataques a mis colegas, a quienes quiero transmitir un mensaje de apoyo. No están solos, el Partido Socialista seguirá defendiendo, como hasta ahora, la encomiable labor social que realizan, dando a nuestros niños y jóvenes las herramientas que les permitan ser libres y tener pensamiento crítico.
Y que no nos distraigan con discursos vacíos que pretenden desviar las críticas que ya han hecho públicas, ante esta medida, cientos de colectivos. La libertad constitucional de las familias para elegir la formación religiosa y moral de sus hijos está garantizada en nuestro país y es defendida por todos. Pero estamos hablando de valores constitucionales y estos no se constituyen como parte de la moral personal, sino de la ética comunitaria que venimos conformando como sociedad democrática. Y estos en el sistema educativo no son opcionales, como no lo son en nuestro Estado desde hace décadas. De ahí que todas las leyes y normas educativas los incluyan como obligatorios en las aulas. Todas, también las del Partido Popular.
Una sociedad que no cree en el sistema educativo como fuente de equidad y transmisor de valores que faciliten la convivencia, debe replantearse su concepción de la Educación, pues esta no estaría aportando lo que de ella se espera. Por suerte, son pocos los que la conciben de otra forma y encuentran su freno en nuestra Constitución y en las normas que la desarrollan. De ahí la tristeza al contemplar que quienes gobiernan nuestra Región la estén convirtiendo en el laboratorio nacional de las políticas de extrema derecha, utilizando la Educación como muestra de ensayo. Es vergonzante para quienes creemos que la política debe servir como instrumento para mejorar el mundo y no para degradarlo.
Ante estos ataques sin precedentes en nuestro país y en nuestra historia democrática, tendrán en frente al PSOE. Seremos, como siempre, la voz de aquellos a quienes quieren acallar. Seremos el dique de contención de la ultraderecha.
