JOSÉ MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ

La Semana Santa y el nuevo Papa han ocupado gran parte del espacio informativo de los medios de comunicación en los últimos días. Esto ha hecho que otras muchas noticias relevantes hayan sido desplazadas a un segundo plano.
Ha habido una noticia de especial interés para todos los pueblos de nuestra comarca, especialmente para el municipio de Calasparra, que apenas ha aparecido en los medios, no sabemos si por accidente o por interés de ocultación. Todo es posible en un país donde, tras el escándalo del caso Bárcenas, el partido en el poder lleva meses sin hacer ruedas de prensa con preguntas y donde el Presidente del Gobierno dice dar explicaciones compareciendo a través de una pantalla, con una grabación, sin posibilidad de preguntas.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado los 311 despidos autorizados por la Dirección General de Trabajo en la fábrica de Conservas Fernández.
La sentencia estima el recurso presentado por los representantes de los trabajadores contra el ERE y «obliga a la empresa a readmitir a la totalidad de la plantilla». Esa fue la noticia, referida a una empresa importantísima, en términos de empleo y producción,
cuyos propietarios llevan años tratando de especular en lugar de producir, de degradar las relaciones laborales y de buscar únicamente su propio beneficio económico, obviando cualquier función social de la economía y la responsabilidad social.
La primera conclusión que surge de la noticia es que la justicia es tremendamente lenta, y en consecuencia, dañina, para las víctimas de ERES fraudulentos; en este caso 311 personas que fueron despedidas, ni más ni menos, que en noviembre de 2008; hace más de cuatro años. Esta lentitud de la justicia es, sin duda, aprovechada, por quienes confunden la necesaria función del empresario, del ciudadano que arriesga y emprende para generar riqueza para sí y para la sociedad, con la del vampiro. ¿Quién va a readmitir ahora a 311 trabajadores?, nadie ¿Dónde están ya los propietarios que cerraron la industria? Siguen trabajando, o especulando, en el mismo grupo empresarial Halcón Foods. Ahora, para seguir aprovechando en beneficio propio la lentitud de la justicia han recurrido la sentencia, evitando así la readmisión o la indemnización de los despedidos. Que se vaya preparando el FOGASA, es decir, el contribuyente español, pues tarde o temprano habrá que resarcir económicamente a las personas que fueron despedidas injustamente y con sólo 20 días por año trabajado.
La siguiente conclusión de la noticia es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estuvo, en su día, no de parte de los trabajadores de la fábrica, tal y como declaraba en sus homilías San Ramón Luís, sino de parte de los vampiros.
De hecho, la Comunidad Autónoma aprobó el ERE, aceptó como justificación las pérdidas de la empresa, cuando resulta que en el mismo grupo empresarial había beneficios. No lo digo yo, sino el mismo Tribunal Superior de Justicia, que se ha mostrado muy crítico con la actuación de la consejería de Empleo al aprobar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La sentencia señala que «la Administración debió comprobar la situación de todas las empresas del grupo, y, significativamente, de la empresa matriz
-Halcon Foods, S.A.- y ponderar la posibilidad de recurrir a otras medidas que evitaran la extinción de los 311 contratos». Da la  sensación de que el PP no puede evitar, gestionar siempre a favor de unos pocos y engañar a la mayoría. Fue el Gobierno Regional quien, en su día, legitimó la operación que dejó en el paro a 311 personas de la comarca al tiempo que el grupo empresarial ampliaba, adquiría y crecía con nuevas factorías en Perú, donde, claro, la gente cobre cuatro chapas; y es que, de eso se ha tratado: gestionar para beneficio de unos pocos, en perjuicio de la
mayoría, poniendo al servicio de estos pocos, las leyes, la lentitud y carestía de la justicia y los avales de la Comunidad Autónoma.
El sector conservero ha sido y sigue siendo importantísimo para la economía y el empleo de nuestra región. Apoyemos a la gente decente que trabaja en él, que es mucha, y empecemos de una ver por denunciar estas operaciones de vampirismo empresarial y a los responsables políticos que facilitan que los vampiros se bañen en sangre.