José Luís Álvarez-Castellanos Rubio/Coordinador Regional de IU-Verdes
El pasado mes de julio se constituyó la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y en la que participó, junto a todos los consejeros/as de las CCAA competentes en la materia, el Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.
El objetivo de esta Conferencia es aprobar, antes de final de año la Estrategia Nacional de Reto Demográfico como instrumento para frenar el fenómeno de la despoblación, “optimizando la captación de fondos del plan de reconstrucción europeo” y que incluirá medidas en ámbitos como “la digitalización en el medio rural, la reactivación de las economías locales el fomento de la vivienda y agenda urbana, además del impulso del empleo joven y la mejora de la formación profesional y universitaria, claves para fija la población al territorio”.
De la misma manera, dicha Estrategia plantea “aprovechar las sinergias con la transición ecológica que permitan a las zonas rurales convertirse en lugares de inversión e innovación hacia la economía verde, las energías renovables, el turismo sostenible y la economía circular”. También “el apoyo a la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia”.
Ante el impulso del Ministerio, la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, ha constituido, junto con 16 municipios afectados, la Mesa por la Despoblación de la Región de Murcia con el fin de plantear propuestas que serán la aportación de la Región de Murcia al contenido final de dicha Estrategia Nacional de Reto Demográfico.
Sin embargo, a pesar de que es, sin duda, una buena noticia para las comarcas del Noroeste y Río Mula -ocho de los nueve municipios de las mismas están incluidos en este proceso-, también es cierto que tenemos motivos para el escepticismo, a tenor de los antecedentes.
Así, entre 1998 y 2009 se aprobaron dos Planes de Desarrollo Integral para las Comarcas del Noroeste y Río Mula que incluían ,entre otras, medidas para impulsar las potencialidades de nuestro territorio propiciando un desarrollo económico sostenible y duradero que debería haber tenido un efecto positivo en la fijación de la población al territorio, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo dichos planes apenas se ejecutaron por falta de inversiones y compromiso presupuestario de la administración regional impulsora de los mismos. El resultado es que seguimos siendo comarcas con una renta per cápita media disponible de 15.087 € (2017), el 73 % de la media regional y el 60% de la media nacional.
El deterioro y abandono de servicios públicos esenciales en zonas rurales y pedanías de nuestros municipios, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con el cierre de las urgencias 24 horas en consultorios rurales o con la falta de inversión en infraestructura básicas de transporte y comunicaciones, vienen de lejos y han sido una de las causas fundamentales del despoblamiento de estas zonas desde hace décadas.
Tampoco ofrece mayor credibilidad el gobierno de López Miras con la disposición en los Presupuestos Generales de la CARM de una partida irrisoria de 100.000€ destinada a “acciones en materia de despoblación rural”, sin que aparezcan otras partidas dedicadas al mundo rural que no sean las provenientes de la financiación europea o estatal.
La estrategia “reÄctiva 2020”, impulsada por el gobierno regional para la recuperación social y económica pos-Covid, a pesar de lo manifestado, obvia igualmente medidas específicas dirigidas a la lucha contra la despoblación y la recuperación de las zonas rurales.
Aun así, la iniciativa es una nueva oportunidad que es necesario aprovechar y que es hoy más necesaria que nunca.
