JULIA GIMÉNEZ MARÍN/Concejal de Hacienda, Industria y Empleo
Es evidente que los gestores del PP no eran tan buenos como pregonaban, pues nos han entregado una herencia de esas que nadie quiere recibir, un legado fruto de la mala gestión y la pésima administración llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno, que ha regido el destino de Caravaca de la Cruz durante los últimos 16 años.
La corporación municipal saliente, por voluntad soberana expresada en las urnas, no sólo había tejido un laberinto organizativo, sino que además, ha dejado una deuda a proveedores, superior a los 8 millones de euros en facturas pendientes de pago, de las cuales 2 millones se encontraban sin contabilizar. Si a esto sumamos las obligaciones bancarias contraídas con las entidades de crédito y la ejecución de las numerosas sentencias judiciales que amenazan a los intereses del Ayuntamiento, está claro que la situación económica municipal, es cuanto menos preocupante.
Estas son las razones que han motivado la adhesión del consistorio local al Fondo de Ordenación de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que se aprobó en el último Pleno Extraordinario, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
Este Plan mejora la liquidez de las arcas municipales, al reordenar la parte de deuda financiera no generada por los Planes de Pago a Proveedores, que a fecha 31 de julio de 2015 asciende a casi 14 millones de euros, toda vez que las cantidades anuales contempladas en los presupuestos, tanto para la amortización de capital como el pago de intereses, quedan aplazadas en el tiempo, con una clara disminución de su importe anual.
Además, esta refinanciación se realiza a tipo de interés cero, sin que el Ayuntamiento de Caravaca tenga que abonar cuota alguna en lo que resta de año 2015 y en todo el 2016. A modo de ejemplo: para el ejercicio 2017, el Ayuntamiento sólo pagará 45.215 euros de la parte que corresponde al principal y 13.611 de los intereses, sobre los 1.687.831 que le correspondería satisfacer por ambos conceptos en esa anualidad.
Al reducirse el volumen de estas obligaciones financieras, necesariamente se mejorará la liquidez, y con ello el plazo medio de pago a proveedores, que se encuentra muy lejos de los 30 días establecidos en la legislación.
El Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 de Diciembre prevé que el destino de la financiación sea para la cancelación de las operaciones de crédito y exige que se apruebe un Plan de Ajuste, que no conlleva ninguna subida de impuestos, sino que consiste básicamente en la totalidad de las medidas ya adoptadas por el vigente desde el pasado 2014 hasta el año 2032.
No obstante, y a pesar de las limitaciones a las que nos vemos sometidos en nuestra gestión, seguiremos trabajando de una forma diferente, con paciencia, cordura y sobre todo con responsabilidad, adoptando medidas claras y eficaces que nos permitan sanear las cuentas de nuestro Ayuntamiento y lograr así, algún día, la sostenibilidad financiera.
