“El Probador”

Sergio López Barrancos

Maestro

Durante estas semanas y a la espera de la inminente publicación de los Reales Decretos que desarrollarán la LOMLOE, la Ministra de Educación, por fin deshojó la margarita y pudimos comprobar cual va a ser su postura en relación a la nueva Ley de Educación. Y está claro que no quiere acabar igual que su antecesora en el cargo, Isabel Celaá, achicharrada por su propia ley. Y es que las prisas no son buenas consejeras y la nueva titular lo tiene claro, flexibilizar su aplicación en lo máximo y ponerse de perfil, que bastante tienen las CCAA con intentar llegar a tiempo de su puesta en marcha para el curso 2022-23.

Desde su apresurada publicación el 30 de diciembre, han sido muchas las voces críticas desde todos los ámbitos políticos, no incluidas las filas del partido socialista que mantienen la disciplina de partido. Y también muchas las rectificaciones que han tenido que realizar, y es que cualquier ley sin consenso, creada sin consultar a ningún estamento de la comunidad educativa está abocada a su rápida desaparición.

Primero fue la polémica creada en torno a la admisión de alumnado y su ataque a libre elección de centros por parte de las familias, luego la utópica e inapropiada propuesta en atención a la diversidad, planteando una modelo de educación inclusiva de dudoso beneficio para una alumnado que precisa de unas atenciones que ni hoy ni mañana, la red de centros sostenidos con fondos públicos podrá atender. La Región de Murcia, fue pionera en el planteamiento de un modelo inclusivo real y efectivo con la implantación de las aulas abiertas, el diseño ministerial es una mala copia de esta brillante iniciativa murciana. La integración de determinados alumnos con necesidades especiales es buena y necesaria, hacer tabla rasa y pensar que cualquier alumno, por estar rodeado de compañeros con la misma edad, va a superar sus problemas (autismo profundo, parálisis cerebral, …) no es bueno ni para él ni para el resto del grupo.

Seguía la LOMLOE dando juego político, con la asignatura de valores, una copia más de Educación para la Ciudadanía, pero el caso, que lo verdaderamente importante, el cómo quedará la ordenación académica (asignaturas y su distribución horaria por etapas educativas) sigue sin ver la luz a 10 de meses de su implantación y sin las que las CCAA puedan hacer su desarrollo y contextualización curricular. No olvidemos que no se puede legislar de la noche a la mañana y que elaborar y aprobar un decreto no es ni sencillo ni rápido. Consejerías, profesorado, padres, editoriales y demás agentes educativos esperan con inquietud su publicación.

Y la última de esta semana, a vueltas con los criterios de promoción y titulación. La LOMLOE ya no marca un número máximo de asignaturas para promocionar curso ni titular, un mensaje nítido a los estudiantes más avispados, un flaco favor a una sociedad que está demandando de sus ciudadanos, personas activas, comprometidas, que valoren el esfuerzo y el sacrificio como principales valores para construir una sociedad más justa y humana.

A la calidad educativa se puede llegar de dos maneras: la fácil y rápida, abaratando los títulos o la difícil y de medio/largo plazo, creando una estrategia educativa que abarque decisiones no solo a nivel puramente didáctico sino también a nivel de refuerzo en recursos humanos y materiales. El modelo planteado en la LOMLOE vuelve a rebajar ese nivel de exigencia que muy pocos beneficios ha conseguido en leyes anteriores.

La educación española tiene varios agujeros negros, el más grave es su tasa de abandono educativo temprano (porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no está realizando ninguna actividad formativa ni posee como mínimo la titulación en ESO), la tasa de idoneidad (en relación al número de alumnado repetidor de nuestro sistema) o el número de egresados en las etapas obligatorias y postobligatorias, entre otras.

La estrategia parece clara, por un lado reducir la tasa de abandono potenciando la FP y la acreditación de competencias profesionales y multiplicando el número de actividades formativas dentro de las políticas activas de empleo, dos buenas noticias. Solo faltaría asegurar la calidad, actualización e idoneidad de esa formación adaptada a las futuras demandas de un mercado laboral en constante cambio.

En cuanto a que se piensa hacer para aumentar la tasa de idoneidad, que mide si un alumno se encuentra cursando el nivel que le corresponde por edad, es decir, si no ha repetido nunca, y el porcentaje de egresados, la ecuación  parece sencilla. Bajo el listón académico, “complico” al profesorado la justificación de una repetición y ejerzo un mayor control gubernamental sobre Inspección Educativa, que al fin y al cabo son los garantes del cumplimiento de la norma.

Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación y FP, intenta ahora cambiar el rumbo a la deriva de la Ley Celaá y enmendar lo inevitable, el daño está hecho y esta ley durará lo que “durán dos peces hielos en un  whisky on the rock”.