“El Probador”
Sergio López Barrancos
Maestro
Agradecido a todo el equipo de “El Noroeste” por darme la oportunidad de compartir mis ideas con sus lectores, un privilegio poder colaborar con la sección “El Probador”. Para aquellos que os preguntéis el porqué de este título, los probadores son sitios en los que nos miramos en un espejo y ponemos a prueba nuestras ilusiones intentando crear una imagen de nosotros mismos que nos satisfaga.
Abordaremos temáticas diversas, la mayoría sobre mi gran pasión, la Educación, intentando analizar la realidad desde ambos lados del “espejo”.
En los últimos meses, desde la publicación de la última ley “reformatoria” de la educación y tras ir conociendo los borradores de los Reales Decretos que la desarrollarán, se ha venido a vueltas con dicha norma, volviendo a dar un giro de tuerca al panorama educativo nacional. De esta ley, sus antecesoras y la más que segura sucesora, si cambia el signo político en las elecciones de 2023, ha llegado el momento de pensar seriamente si son necesarias tumbarla coordinadamente al cambio de inquilino de Moncloa, o bien, si hay espacios comunes de diálogo y consenso entre las ideologías de este país para que de una vez por todas se blinde la educación de los vaivenes electorales.
Y lo cierto es, a mi humilde juicio, que lo hay, existe un espacio común, una “piedra roseta” sobre la que se asienten las bases de la educación de nuestro país al menos en las próximas dos o tres décadas. Veamos a continuación algunos de esos puntos.
La primera clave y fundamental, la voluntad política de hacerlo, llegar al famoso acuerdo educativo entre las principales fuerzas políticas de nuestro país. Y digo principales en lugar de todas, porque eso, sí sería una utopía. Todos sabemos que hay grupos políticos cuyo objetivo no pasa por construir una nación cohesionada sino todo lo contrario. Los partidos mayoritarios tienen esa responsabilidad y el reto de llegar a ese gran acuerdo. La educación no es de izquierdas ni de derechas, es el principal patrimonio que tiene un ciudadano y debe orientarse por políticas, sí, pero políticas educativas globales basadas en pedagogías modernas y eficaces que conduzcan a conseguir la excelencia en cada persona.
Una ley educativa debe dar uniformidad a la respuesta educativa en todo el territorio español, es por ello, que se debe reducir el margen de las enseñanzas mínimas a las CCAA que ya va por el 50 por ciento en las comunidades con lengua cooficial. Se ha camuflado durante mucho tiempo, bajo el paraguas de la diversidad y la riqueza cultural que posee cada comunidad autónoma, la libertad con el libertinaje educativo. ¿De verdad alguien se cree que ese cincuenta por ciento se vaya a usar, nuevamente, para preservar la riqueza cultural de una región? ¿O más bien, se usará para acrecentar las diferencias entre ciudadanos de un mismo país? Nuestra nación es diversa y rica por sí misma y todos sus ciudadanos deben conocerla por igual, todos sus ciudadanos deben culminar su tránsito por la formación obligatoria y postobligatoria recibiendo una misma educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades a todos.
De las enseñanzas mínimas al gasto público en educación, tercera clave. Toda ley educativa debe llevar una memoria económica que garantice su puesta en marcha en arreglo al calendario de aplicación que se establezca. No valen transitorias ni excusas de mal pagador, “obras son amores y no buenas razones”. Si una reforma educativa pasa por tomar medidas que incrementen el capítulo uno (recursos humanos) o hacer una remodelación de las infraestructuras educativas, hay que cuantificar la “pasta” que cuesta al estado y a cada comunidad y adoptar un compromiso inquebrantable de inversión en los presupuestos estatales y regionales. A colación podríamos hablar del estado de la deficitaria financiación autonómica arrastrada durante muchos años, pero eso se llevaría un capítulo a parte. Lo que está claro, es que cada administración puede tener ideas extraordinarias y llevar a cabo políticas eficaces, pero la pela es la pela…
El cuarto eje, dentro del plano puramente educativo, responde al qué y cómo enseñar. Los contenidos que se imparten en cada área/materia/ámbito de cada nivel educativo y la metodología que se aplica para conseguir que el alumno comprenda en primer lugar y construya su propio conocimiento en un segundo estadio. A mi juicio, este es el gran espacio común de entendimiento político y en el que es relativamente fácil llegar a acuerdos. Si los profesionales de la educación abren sus oídos a las demandas de sector productivo en nuestro país, conseguiremos que las titulaciones en este país no solo sirvan para decorar bonitos despachos, lograremos enseñar en las aulas lo que necesita nuestra sociedad ahora y en un futuro próximo, no solo en el plano puramente económico sino también humanístico. Por tanto, debemos tener claras las competencias clave que deben sustentar una ley educativa duradera en el tiempo y cuyos efectos no son de hoy para mañana, hay que armar un proyecto educativo-económico-social para recoger sus frutos en la próxima década. Pero el cómo conseguirlas y a través de qué contenidos, es lo que va evolucionando al ritmo de la modernización del tejido productivo de un país y la evolución natural como sociedad. Pues bien, hagamos una ley con ese tronco común y dotemos a nuestro sistema educativo de la flexibilidad necesaria para actualizar esos contenidos (Saberes Básicos según la LOMLOE).
Dentro del apartado de contenidos, está habiendo mucha controversia acerca de la supresión de algunos “clásicos” en el mundo de la enseñanza, he escuchado algo acerca del mínimo común múltiplo y algún otro que al parecer han causado mucho miedo entre la sociedad, entiéndase la ironía. Claro que hay que suprimir todo aquello que no sea fundamental en las etapas obligatorias, pero también incluir aquellos nuevos que sean claves para afrontar con éxito los retos de una sociedad moderna. En eso consiste la eficacia de un buen sistema educativo, flexibilidad y adaptabilidad.
La Formación Profesional debe ser la piedra angular de las futuras leyes educativas. Son las enseñanzas que mejor cumplen lo que acabo de comentar, se han dado pasos de gigante pero queda mucho por hacer. Si miramos a nuestro alrededor, los países con una FP potente son los que poseen las economías más potentes. La nueva ley de FP que se está gestando puede suponer el ejemplo de que es posible llegar a ese espacio de entendimiento.
La formación inicial y permanente del profesorado es otro talón de Aquiles del sistema, de la cual podremos hablar en otra ocasión más detenidamente. Lo que es obvio es que la actualización en metodologías activas basadas en evidencias empíricas o conocer los secretos de una verdadera evaluación formativa, entre otras muchas temáticas, no pueden ser una opción sino una obligación. La misma que un cirujano tiene para decidir el uso de aquellos protocolos que más éxito han tenido.
Reforzar la educación pública y defender la libre elección de centro por los padres son otros de los elementos fundamentales, y en ese orden. Algunos sectores viven de la fácil confrontación entre los servicios públicos, concertados y privados, pero lo cierto y verdad es que cada ciudadano pagamos unos impuestos y por qué no podemos decidir dónde quieren estudiar nuestros hijos. Insisto, primero reforzar la red pública de centros y segundo, que cada familia decida.
La atención a la diversidad es un aspecto que como sociedad no podemos fallar, nuestra región puede estar orgullosa de seguir siendo un referente a nivel nacional, pero no hay que cejar en el empeño, sigue habiendo muchas personas que nos necesitan y una ley debe ser clara y sobre todo real en este apartado.
Otro pilar básico, seguir potenciando las enseñanzas de régimen especial, y en particular, la educación de personas adultas. Bajo mi punto de vista, desaprovechadas en la actualidad, podrían tener un especial protagonismo si se consiguiera un cambio de rumbo ligado a la inclusión socio laboral de los ciudadanos en esta franja de edades.
Tres cuestiones más para terminar, una ley de educación debe seguir potenciando el papel de los equipos directivos y de Inspección Educativa como líderes pedagógicos de su comunidad y no solo como gestores y garantes del cumplimiento de la normativa vigente. Por otro lado, seguir dotando de mayor autonomía pedagógica y económica a los centros educativos y me dejo para el final al alumnado.
La cultura del esfuerzo y del reconocimiento a la superación de cada alumno es la que nos conducirá a una educación de calidad, pero más importante aún, nos ayudará a construir personas que valoren ese esfuerzo. Flaco favor haríamos si fuéramos por la fórmula fácil, si flexibilizo los criterios de promoción y titulación obtendré una mejora de mis resultados y por tanto de mis datos globales. Con esto consigo “maquearlos” pero no solucionar el problema, todo lo contrario, enviamos un mensaje a nuestro alumnado de que todo vale y otro muy desmotivador a nuestro profesorado.
Por tanto, es posible y evidente de la existencia de un espacio común para construir una ley de educación duradera que ampare nuestro sistema educativo, social y económico para las próximas décadas. “Solo” habrá que dejar a un lado las ideologías de cada uno y plasmar en esa “constitución” educativa, los aspectos puramente educativos, pues creo, que buena parte del desarrollo de esta disertación puede ser compartida por la mayoría de nuestra sociedad.
