PEDRO ANTONIO MUÑOZ PÉREZ
No entiendo nada de Derecho, soy un analfabeto total en cuestiones jurídicas y legislativas, la terminología forense se me antoja un galimatías indescifrable y me imponen sobremanera los juzgados, los tribunales y los profesionales que se dedican a medrar a costa de los litigios y contenciosos y a dirimir conflictos civiles, penales y administrativos (labores todas fundamentales en un estado de derecho, por otra parte). Así que cuando veo a toda esa gente reunida me da dentera. Me refiero a las señoras y señores que ostentan el Poder Judicial vestidos con las galas de su rango y muy serios y atildados en su papel, supongo que para subrayar la solemnidad y el empaque de quienes rinden culto a la diosa de los ojos vendados. Y esa sensación he tenido al verlos reunidos en la apertura del año judicial, con Lesmes a la cabeza amenazando con dimitir. Podía incluso sentir ese olor a rancio que antaño había en todas las dependencias burocráticas, repletas de legajos y de archivadores desventrados, o sea, tal y como ahora están las oficinas de los juzgados. A día de hoy, la Justicia es un mostrenco de lentitud exasperante, empantanada en procedimientos laberínticos, obsoletos, tributarios de tradiciones decimonónicas, y limitada por la falta de medios y personal para facilitar el desatasco.
En semejante contexto, el culebrón vergonzoso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (y con él, de los demás órganos de gobierno de la judicatura) es la guinda que corona el despropósito. Somos la vergüenza de Europa (en donde, por cierto, este órgano no existe). ¡Jueces incumpliendo la Ley! O dilatando y entorpeciendo su cumplimiento, para ser más exactos. Si Montesquieu resucitara, se volvería a la tumba escandalizado. Un grupo de vocales “conservadores”, se niega a permitir la renovación que corresponde, según procede, para reflejar la composición de las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular.
Pero mi reflexión poco tiene que ver con algo de lo que solo opino como simple ciudadano de a pie, sino más bien con la perplejidad que me produce que la Justicia pueda estar administrada (cuando no “secuestrada”) por juezas y jueces con adjetivo. Me refiero a que los responsables de la supervisión de los conflictos derivados de la aplicación de las leyes y de dictar las sentencias que procedan, en su caso, puedan estar condicionados o prejuiciados (valga el juego de palabras) por su “sensibilidad política”. Si la interpretación de las normas que rigen nuestro aparato jurídico depende de que el magistrado de turno que presida el tribunal sea “progresista” o “conservador”, apañados estamos. Y algo de eso me temo que anda detrás de esa lucha desaforada que se traen en las altas esferas judiciales cuando se compite con tanto ahínco para lograr su control.
Porque yo, como supongo de cualquiera de ustedes, quiero que se me aplique la justicia sin adjetivos. Y, por favor, que acabe de una vez este espectáculo lamentable que perjudica la reputación de quienes lo protagonizan y lleva la desconfianza a la ciudadanía. Nos jugamos la esencia misma de la democracia. De seguir así, nos iremos todos a hacer puñetas. Como si no tuviéramos ya bastante con lo que tenemos.
