Ya en la calle el nº 1052

Suspensión del procedimiento de desahucio por vulnerabilidad del arrendatario

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Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Cristina García López / www.ecuo-abogados.es

Como es sabido, uno de los procedimientos de desahucio más comunes es aquel que permite la recuperación por el arrendador de un inmueble dado en arrendamiento. Las causas que dan lugar a este tipo de desahucio son la falta de pago de la renta o de cantidades debidas o la expiración del plazo fijado contractual o legalmente para el arrendamiento, sin que el arrendatario o inquilino abandone el inmueble. A este tipo de procedimientos, se permite acumular la reclamación de las cantidades debidas con el desahucio, ya sea por falta de pago o por expiración del plazo legal o contractual.

Se trata de un procedimiento que se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, como ya avanzáramos en artículos anteriores, tras la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la vivienda, ha resultado modificado en aspectos sustanciales, como es la protección de todos aquellos arrendatarios que se hallen en situación de vulnerabilidad social o económica, en el ámbito de los arrendamientos de vivienda. Ello ha supuesto, inevitablemente, el endurecimiento de los presupuestos procesales para los propietarios que pretenden recuperar la posesión de sus inmuebles.

Así, se han introducido importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, ampliándose el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad.

En concreto, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2023 se ha ampliado el plazo para solicitar la suspensión de los los procesos de desahucio y los lanzamientos de los hogares con personas vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para iniciar esta solicitud, el arrendatario puede instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, debiendo acreditar que se encuentra en alguna las siguientes situaciones de vulnerabilidad económica:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Este límite se incrementará por cada hijo a cargo o persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar, así como en caso de que alguno de los miembros tenga declarada una situación de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, comunidad, etc.), resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Una vez recibida por los servicios sociales competentes toda la documentación, emitirán un informe en el que se valorará la situación de vulnerabilidad del arrendatario y se identificarán las medidas a aplicar por la administración competente.

El Juez, a la vista de este informe de servicios sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del procedimiento, o en su caso, del lanzamiento, si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica, o la continuación del procedimiento en caso contrario.

Antes de la finalización del plazo máximo de suspensión (31 de diciembre de 2024), las Administraciones Públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional del inquilino en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna.

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