JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS RUBIO/Coordinador regional de IU-Verdes

El paisaje del Noroeste se transforma con rapidez. A salvo, de momento, del empuje urbanizador que nos invadió en la primera década de este siglo, ahora son la agroindustria exportadora y la producción ganadera intensiva de porcino las actividades económicas que más están impactando sobre los recursos naturales del conjunto de nuestra región. La sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los suelos por nitratos procedentes de la agricultura intensiva exportadora, así como de la falta de control de purines de ganadería porcina, y las roturaciones de montes y relleno de barrancos de la red de drenaje, son efectos llamativos que podemos apreciar fácilmente. Véanse, si no, los márgenes del río Argos o las transformaciones de secano a regadío intensivo con plantaciones de parras en terrenos protegidos.

Pero también el impacto de estas actividades económicas sobre la salud pública es apreciable: los aerosoles provenientes de los gases de efecto invernadero producidos en las macroexplotaciones ganaderas de porcino, sobre todo el amoniaco que, además, es un producto precursor de la formación de partículas PM 2,5, son un elemento más a añadir a la ya depauperada calidad del aire que respiramos.

Sin embargo, se producen continuamente autorizaciones ambientales para la ampliación de granjas porcinas ya existentes o instalación de macrogranjas de nueva construcción. ¿Por qué esta proliferación? La clave está en el incremento exponencial de la exportación de carne porcina durante la década anterior, sobre todo a China. España es el país de la UE con la mayor cabaña porcina y el segundo, después de Alemania, en producción de carne; entre ambos países producen el 42% del total de la UE (2019). En este contexto, la Región de Murcia ocupa un lugar de primer orden con dos millones de cabezas y 1.500 explotaciones ganaderas cuya producción se destina en un 40% a la exportación.

Pero, como es costumbre en lo relativo a las burbujas productivas, la actitud del gobierno regional de López Miras frente al desarrollo hipertrofiado del sector porcino es dejar hacer y permitir que todo se desarrolle a su libre albedrío, según su concepto de máxima libertad para la iniciativa empresarial, sin atender a que la libertad de unos termina en el punto donde afecta a la libertad de otros y que los impactos señalados anteriormente conculcan el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45 CE) y el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE).

Por ello, es imprescindible regular la proliferación de ampliaciones de explotaciones y la construcción de nuevas instalaciones, sobre todo a gran escala, antes de que la normativa desarrollada quede superada por la realidad y devenga obsoleta sin que se haya publicado en el Boletín Oficial. Para que esto no ocurra, lo urgente es establecer una moratoria en la concesión de nuevas licencias y autorizaciones hasta que el sector esté regulado, cuestión que puede hacerse bajo el amparo de lo contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (art. 22 y 153); de hecho es la estrategia que han adoptado algunos ayuntamientos como el de Cieza que está tramitando una modificación del PGMO que “limita la instalación de granjas de ganadería intensiva en suelo urbano o que puedan provocar perjuicios a la agricultura, el turismo y el medio ambiente”, para lo cual estableció en su día un moratoria de concesión de licencias durante un año, tal como le permitía la normativa.

Pero como todo, esto no se conseguirá a nivel regional sin una estrategia de movilización ciudadana constante y permanente que, finalmente, fuerce al gobierno regional a adoptar dicha moratoria.