José Molina Molina
Doctor en Economía, Sociólogo, Miembro de Economistas Frente a la crisis.
Publicado en Nuevatribuna el 8/9/2014

Las políticas de intereses creados son muy difíciles de expulsarlas de las instituciones, porque precisamente, su objetivo ha sido históricamente el asalto lento, pero persistente, para construir un poder económico, disfrazaPortada Ciudadano y Gasto Públicodo en un estilo de hacer negocios por medio del control de los diferentes regímenes tarifarios, concesiones, concursos, o suministros de servicios públicos. Los boletines oficiales, son una referencia permanente de esta forma de hacer negocios. Las políticas de privatizaciones llevadas a cabo desde hace décadas, han reforzado todavía más ese corporativismo y plutocracia que se ha impuesto en todo el país. Muchos negocios conseguidos por estos medios, han engrosado las cuentas de los que entran y salen por todas las puertas de las Administraciones. Pero no han hecho sus negocios solos, sino juntos con ciertos políticos que les han ayudado en esta labor. Han logrado que políticos de ética artificial, aquellos que su credo ético, empezada y terminaba en cobrar un porcentaje de cada negocio que transitaba, hacerlos socios, logrando hacer saltar por los aires, la ética y los códigos de buen gobierno, aunque ni los tenían, ni les hacían falta, y han dinamitado «nuestra santa bárbara» arrasando a su paso todo el buen hacer de políticos y políticas de nuestra democracia, provocando estos tiempos oscuros, de costumbres corruptas y expuestos al furor cuando critica el contrario.
Es tiempo de fortalecer nuestros derechos y libertades porque no se respetan las decisiones tomadas por la ciudadanía democráticamente, que son el soporte de las instituciones del Estado; y con estos precedentes, la confusión entre lo público y lo privado ha circulado sin trabas, en una práctica de mala gestión, en especial la urbanística y la obra pública, y han sido capaces de hundir los presupuestos públicos, con las consecuencias de una deuda exagerada, que se quiere disfrazar por las políticas sociales desarrolladas. ¡Algo tendrán que decir los parlamentos en su obligación de control de estos desafueros! Porque los ciudadanos quieren auditar, si sus representantes siguen atados a políticas que no entendemos.
Precisamos de un nuevo Estado que esté permanentemente preocupado por construir una sociedad decente, en la que las instituciones no humillen a las personas, ni que sus miembros se humillen unos a otros. Como dice Douglas North, no solo basta con crear fuertes instituciones para generar confianza, sino también normas de conducta y códigos de ética capaces de expulsar a los incumplidores de las normas en beneficio de una sociedad que las respeta con más disciplina que sus representantes. Pagamos como dice J. Sachs, «el precio de la civilización»: los impuestos, y sería muy educativo que nos rindan cuentas claras de cómo se gasta al mismo tiempo que se ejecuta, y poder atrapar a «los listos» con las manos en la masa, porque siempre llegamos tarde, alguno, paga con la cárcel, pero la mayoría engrosan su patrimonio y la herencia de los suyos. La historia económica está repleta de ejemplos.
La corrupción pública, los comportamientos antiéticos, han creado tantos y tan disparatados problemas, que ha llegado el momento de acabar seriamente con ellos. El sistema político, el económico y el social, tiene que sufrir una profunda renovación, en especial en aquellos aspectos que corresponda para que las personas cuya obsesión consista en conquistar el poder, por la capacidad que éste da de repartir cargos como si fuese un botín de conquista, queden claramente en evidencia que no son merecedores de ser representantes de un sistema democrático, porque el sistema que nos cobija, precisa de la honestidad de sus representantes sean de la ideología que sean.
Hay que reconocer que la situación que vivimos está complicada, y muy cercana al ejemplo de la «trampa social», como se denomina en la «teoría de juegos» a aquellas situaciones en las que los participantes eligen la peor solución para los dos. Es por ello posible que la solución debe empezar por promover la honestidad y la eficacia desde las instituciones para que impulse a la sociedad civil a mantener esa inercia positiva desde las esferas de los gobiernos. Necesitamos un Estado, honesto, eficiente y eficaz, pero Estado. Es bueno afirmar estas señas de identidad, porque cuando hablamos de instituciones parece como si se hablara de muchas cosas a la vez. Y hablar de instituciones, es hablar de Constitución, su forma de gobernar, de organizar las relaciones entres las Administraciones públicas, entre sus territorios y definir los derechos fundamentales y protegerlos.

Este es el papel de decisión con que cuentan las Administraciones, sus estructuras de poder, tanto formales como informales de los gobiernos –estatal, autonómico y local-, es en definitiva, esa estructura constitucional que está por encima de los políticos, burócratas, tradiciones e historia. Esa es la clave de la esencia de la constitucionalidad social, que finalmente nos dará el mayor nivel de confianza. Será la confianza en la norma, en la sociedad, en sus instituciones –públicas y privadas- y en sus ciudadanos, la que nos garantizará el futuro, y ese proyecto conjunto dentro del Estado, se fortalecerá si se ejercita con una cultura de tolerancia cuyo resultado es el reforzamiento de la esencia política, generadora de un potente capital social. Es el resultado de sacrificar el interés particular (o partidista) por el interés colectivo y la defensa de la convivencia, y entonces se habrá cubierto el vacío ético.