José Luis Álvarez-Castellanos/Coordinador de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
Hace unos meses, el Ayuntamiento de Caravaca recuperó el servicio de aparcamiento regulado (ORA), más conocido popularmente como la “zona azul”, que hasta ese momento gestionaba mediante concesión municipal una empresa catalana desde 2008, lo cual, vaya por delante, me parece una decisión muy acertada; soy de los que opina que la gestión pública y directa de los servicios públicos ofrece ventajas inapelables sobre la gestión indirecta o concesionada a través de una empresa privada.
No siendo la remunicipalización de servicios una política muy de moda, y menos en el PP, me llamó poderosamente la atención la argumentación desplegada por los responsables municipales de dicho servicio para justificar su rescate.
En primer lugar, afirmó el alcalde, “la gestión pública permite ganar flexibilidad y adaptarse a las necesidades sin tener que compensar económicamente a una empresa por cada cambio que se tiene que introducir en el servicio”; por otra parte, “los beneficios obtenidos con la gestión pública quedan en las arcas públicas pudiendo destinarse a inversiones en la localidad”, valoró tanto el propio alcalde como el concejal de Hacienda.
Es cierto todo esto que se afirma. De entrada, la gestión directa y pública de un servicio ahorra los costes del 21% del IVA de la facturación que la empresa hace al ayuntamiento y del 6% de beneficio industrial que se contempla para los contratos del sector público. Pero también permite una mayor posibilidad de adaptación y reorganización de un servicio para dar respuesta a nuevas necesidades, sin que ello suponga un coste adicional para las arcas públicas, pudiendo, incluso, abaratar dichos costes.
Además, hay un argumento definitivo por encima de los anteriores para defender la gestión pública de los servicios y es que dicha gestión garantiza de manera más nítida la defensa del interés general.
Así que, llegados a este punto, me surge la misma pregunta que seguro le surge al lector: si los servicios gestionados directamente por el propio ayuntamiento son más baratos, permiten una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades sin elevar los costes y garantizan mejor el interés general, ¿por qué no se rescata también y se municipaliza la gestión de otros servicios como la recogida de residuos solidos urbanos, la limpieza viaria o el suministro de agua potable?
Se trata de servicios que se financian mediante una tasa que pagan los usuarios, tasa que tiene que ajustarse a los costes reales del servicio, y que han sufrido especialmente los efectos de la privatización desde los años ochenta al ser muy atractivos para la empresa privada por lo elevado de su facturación total; se trata de las mayores partidas presupuestarias municipales después del gasto en personal.
Un ejemplo cercano es el caso del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Mula, concesionado con la empresa PILSA hasta diciembre de 2009, fecha en que dicha empresa rescindió el contrato con el Ayuntamiento. Tras una amplia remodelación del servicio, que afectó a otros como la recogida de enseres y la limpieza de contenedores, el ahorro producido permitió amortizar las inversiones necesarias y produjo un ahorro adicional del 10% el primer año (2012) y el 14% del segundo año (2013) sobre los costes de años anteriores. Previamente el gobierno municipal intentó privatizar el servicio de nuevo, sin embargo, la valoración de costes contemplando las inversiones necesarias para su renovación y puesta a punto, suponía un incremento del 28% sobre el coste del servicio hasta ese momento.
La presunta, por tanto, sigue en pie: si la gestión publica presenta grandes ventajas para el propio ayuntamiento y para la ciudadanía, ¿por qué no se rescatan cuando caduquen las actuales concesiones?
