JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS/COORDINADOR REGIONAL DE IZQUIERDA UNIDA-VERDES

El próximo dieciséis de junio se aprobará el presupuesto general de la CARM para 2021, justo cuando se cumpla casi medio año de su ejecución tras la prórroga automática del presupuesto anterior a partir del uno de enero.

El presupuesto total alcanza los 6.717 millones de euros, 552 más que el anterior, fundamentalmente gracias a los 350 millones del Fondo Extraordinario Covid19, 71 millones más en transferencia de capital destinados a inversiones y 101 millones de los fondos REACT-EU provenientes del Estado y de la Unión Europea; en total 522 millones que prácticamente cubren el incremento presupuestario.

No obstante, uno de cada cinco euros del presupuesto se destinará al pago de la deuda pública que se situará en 10.553 millones, 371 más que el año anterior (33% del PIB regional), la cuarta más alta del conjunto de las CCAA y que se habrá multiplicado por 15 desde 2007. Aun así, el presupuesto recoge 153 millones de bonificaciones fiscales entre el impuesto de Donaciones y Sucesiones (130), el IRPF (18 millones) y las bonificaciones a las tasas de juego (5) que recaen sobre las rentas más altas.

En definitiva, un cuadro macroeconómico continuista que no sale de la espiral de incremento del déficit, atemperado, sin embargo, en 2020, a pesar del gasto que ha supuesto la pandemia, por las aportaciones extraordinarias del Estado a las CCAA y que mantiene problemas crónicos, como, por ejemplo, la falta de ejecución presupuestaria de las inversiones, (solo el  47% de media en los últimos tres años); el incremento de las privatizaciones en los servicios públicos, (incremento del 30% de la concertación de la educación privada en la última década); la falta de financiación local, (se mantiene el recorte del Plan de Obras y Servicios); la falta de financiación para acabar con las altas ratios de pobreza y riesgo de exclusión social y para avanzar hacia una sociedad más igualitaria que erradique la violencia de género, (se mantiene el recorte de años anteriores en Dependencia y Renta Básica de Inserción); o el mantenimiento del déficit oculto del Servicio Murciano de Salud que presenta un techo de gasto inferior al que realmente se produce, así por ejemplo, en la última liquidación aprobada (2019) dicho déficit fue de casi 300 millones.

En el ámbito de las inversiones territorializadas es necesario destacar como elemento positivo el gasto previsto para la ampliación del Hospital del Noroeste con la nueva UCI y la ampliación de las consultas externas que, sin embargo, sigue manteniendo el presupuesto total de 3 millones con 100.000 euros de inversión para este año, a pesar de que el Consejo de Gobierno del 15 de abril aprobó un presupuesto de licitación de la obra de 3,6 millones. También se vuelve a recuperar el enésimo presupuesto para la reforma del Centro de Salud de Bullas (82.500 €) pero desaparecen los 3,2 millones de 2020 para un nuevo Centro de Salud en Caravaca; y por supuesto nada que haga pensar en la recuperación de los servicios de urgencias 24h en pedanías de Caravaca y Moratalla.

Algunas inversiones se contemplan en materia de centros educativos para la comarca, si bien, el nivel de ejecución presupuestaria en este programa roza la media del 47%, por lo que la esperanza de que se ejecuten finalmente queda reducida a la mitad; habrá que esperar y confiar.

En definitiva, pocas alegrías de un presupuesto que, gracias a la financiación extra del Estado en otros ámbitos, facilita la disponibilidad de ayudas al sector hostelero, comercial y autónomos; pero que vuelve a olvidarse del problema de la despoblación y abandono del medio rural. ¿Hasta cuándo?