PLENA INCLUSIÓN
Las familias del alumnado con discapacidad intelectual de la Región de Murcia representadas por Plena inclusión piden que se deje utilizar la imagen y de las dificultades estas niñas y niños en el debate público como arma arrojadiza y de forma partidista e interesada. La federación regional coincide con su confederación nacional en denunciar que esto atenta contra su dignidad y porque esta campaña contribuye a agravar prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan nuestros hijos e hijos cada día.
Plena inclusión Región de Murcia considera que noticias falsas, comentarios irresponsables emitidos desde los más diversos ámbitos con información parcial o manipulada sobre lo que dice la ley y sobre el futuro de los centros de educación especial suponen una manipulación y extorsión emocional que usa la preocupación y muchas veces el sufrimiento de las familias. A este respecto, el presidente de la federación, Joaquín Barberá, ha condenado las palabras de un párroco de Yecla que han trascendido en medios de comunicación y que “desinforman a la opinión pública, hieren a las familias y desvían el foco de la cuestión principal”.
Plena inclusión considera que la educación de este alumnado lleva muchos años aparcada del debate público por lo que ahora exige un debate serio y riguroso para analizar la nueva Ley con sus aspectos positivos –reconoce por fin el derecho a una titulación adaptada- y con aspectos negativos – no reconoce la inversión necesaria para preparar los centros ordinarios-. En este sentido, la federación desconfía de las leyes que se llegan sin una memoria económica y recuerdan que, por ejemplo, la llamada Ley de la Dependencia fue aprobada hace ya 14 años y muchos derechos que reconoce no son efectivos todavía por la falta de respaldo económico. De esta forma, aún hay muchas personas en listas de espera.
Plena inclusión Región de Murcia está formada por 26 entidades impulsadas por 3.000 familias, con el apoyo de 800 profesionales y 300 voluntarios.
En toda España, Plena inclusión está formada por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
