JOSÉ MARÍA ORTEGA
Hay muchos recovecos de nuestro Estado basados en el engaño. Si hace unos años me hubieran preguntado por la institución del Defensor del
Pueblo hubiera dicho que me parecía una institución respetable. Sin embargo, como en tantas ocasiones, basta con acercarse a algo para descubrir que nos mienten, nos toman por bobos y, además, nos toca pagar la paja del pesebre.
Al concejal de IU-Verdes en Bullas, el actual gobierno le trata a patadas. Mas de una vez le han convocado a un pleno un viernes a las tres y cinco, cuando el ayuntamiento estaba ya cerrado y resultaba imposible acceder a la documentación hasta el lunes, documentación de la que los miembros del gobierno disponen tres días antes. Dicho concejal es también miembro de la Junta General de la empresa municipal de turismo, es miembro porque dicha junta general es el Pleno, y no pueden echarlo, por tanto. Sí lo han echado del Consejo de Administración, donde históricamente estaban sentados los tres partidos con representación. El concejal lleva tres años pidiendo determinada documentación de la empresa, pero los gobernantes le chulean y no se la dan. En tres años de legislatura ha solicitado en decenas de ocasiones información a la que tiene derecho por razón de su cargo, obteniendo por respuesta el silencio administrativo, utilizado como barrera del poder contra la oposición. La situación es tanto más indignante cuando la protagoniza un partido que mientras estuvo en la oposición tenía acceso ilimitado a la información municipal, hasta el punto de que mas de un expediente salió indebidamente del Ayuntamiento con destino a un domicilio particular. Otras veces la información recabada por el PP era proporcionada a una empresa privada, que la usaba para presionar al Ayuntamiento buscando recalificaciones, como bien sabe Juan Ángel Puerta, todavía uno de los que mandan en el PP de Bullas, y el que redacta algunas de las notas más cargadas de bilis guerracivilista que se recuerdan. Curioso, viniendo de la pluma de alguien que se ganó la vida durante años dando clases de religión a niños.
La actitud déspota del Alcalde se da con otros muchos asuntos, en los que actúa como los caciques a los que siempre ha admirado. Tras la reforma de la justicia, denunciar estos abusos en un juzgado le costaría una pasta Gansa al denunciante, cuyo Grupo Municipal carece de presupuesto, por lo que si denunciara estos abusos tendría que pagarlo de su bolsillo. Por lo tanto el Concejal agraviado pidió e amparo a la Defensora de Pueblo. Ésta realizo una solicitud de documentación al déspota, que no respondió en primera instancia a su compañera de partido – si, primer error, la Defensora del Pueblo es Soledad Becerril, histórica dirigente del PP a la que el partido buscó un carguito con cargo al contribuyente, y que tiene como adjunto a Fernández Marugán, histórico ex-diputado del PSOE, al que el partido también le buscó un cómodo sillón. Tras un segundo requerimiento de la compañera de partido, al final, el denunciado se dignó a contestarle, a través de un escrito infame en el que viene a decir que todo es mentira, que el concejal de IU tiene medios de sobra, que accede a toda la documentación cuando quiere y que en su Ayuntamiento todo es transparente, magnifico y que encima le dan de comer a los pobres.
Cuando recibe el escrito la institución resuelve de una forma subrealista. El escrito de respuesta va repasando cada una de las denuncias del Concejal y respondiéndolas con los argumentos cortados y pegados literalmente del escrito del Alcalde. Nada de investigación, nada de cuestionamiento, nada de amparo al ciudadano maltratado desde la administración, sino simplemente otorgar presunción de veracidad a una respuesta del Alcalde denunciado, como si se tratara de la verdad absoluta. En el escrito del Alcalde, que usa como argumento la defensora, hay varias mentiras flagrantes que deberían avergonzar al redactor, en el improbable caso de que fuera capaz de sentir vergüenza. Dice que la limitación de medios materiales de la oposición es consecuencia de la crisis y que los miembros del gobierno también la sufren, pero lo cierto es que los concejales del PP disponen de equipos telefónicos de ultima generación que paga el contribuyente y el concejal de IU de un ordenador casi inservible, por poner uno de los ejemplos de una de las mentiras a las que escrito de la defensora otorga presunción de veracidad, desde Madrid, sin pisar Bullas ni tener, en el fondo, ni idea de los temas sobre los que tiene que pronunciarse.
¿Se imagina el lector qué ocurriría si la justicia actuara igual? En ese caso, un Alcalde que hubiera cometido un asesinato solo tendría que poner en un papel YO NO HE SIDO, y el caso quedaría archivado sin más. Lo dicho, otro pesebre con cargos nombrados a dedo por PP y PSOE, que hace como si defendiera al administrado, pero cuyos cargos se defienden esencialmente a si mismos y a sus compañeros de partido.
Si el pueblo español tuviera una escoba, debería barrer a este y a otros muchos pesebres del engaño.
