Mª Cruz López/Abogada

En los últimos días he podido leer dos artículos de opinión firmados por militantes de un partido político conservador.

Uno de ellos, el primero, tuvo que ser retirado de la web que lo alojaba, muy probablemente por las reacciones adversas que suscitó. En el citado artículo, este señor (integrante de una candidatura al Ayuntamiento de mi localidad natal) hacia una flagrante apología del Franquismo y en particular de la figura del dictador. Excuso dar mayor detalle porque no se merece más que el comentario que realicé en el perfil de un buen amigo que tuvo a bien compartirlo, en defensa de un derecho fundamental tal como la libertad de opinión y de ideología. Derecho que por cierto, no existía durante la Dictadura.

El segundo de estos artículos me ha dejado realmente patidifusa. En él, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Caravaca de la Cruz, opina que estamos padeciendo los males de una abominable ley que, según el, no debiera estar denominada «Ley de memoria histórica».

Este señor que, según creo, tiene formación universitaria, opina alegre, superficial y frescamente que la intención y el fin que persigue la mencionada ley no es otra que «quitar nombres a las calles, derribar estatuas y mandar cuadros al trastero», además de «marginar una parte de la historia».

Me gustaría que en primer lugar, valorara por qué si es una Ley no Orgánica, y por tanto reformable o derogable con una mayoría relativa, y tan negativa es, por qué no se ha convenido hacerlo hasta ahora.

Me gustaría invitar públicamente a este señor y a otros que compartan su opinión a leer la mencionada ley. Pero a leerla de verdad, y no los artículos de opinión de sus colegas.

Me gustaría también que al leerla, comenzara con la exposición de motivos de la Ley 52/2007, que dice así: «Esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». La presente Ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975″.

Vaya, no parece que el espíritu de la Ley sea precisamente cercenar la posibilidad de las generaciones venideras del conocimiento de la Historia de nuestro país. Y parece que viene auspiciada por un Informe del Consejo de Europa y siguiendo el espíritu de una Comisión Constitucional del Congreso, aparentemente condenando el franquismo como régimen totalitario, violento, contrario a la libertad y a la dignidad.

Pero es que de su leve articulado, entre los cuales tenemos artículos tales como «Reconocimiento general», «Declaración de reparación y reconocimiento personal», o » Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil», destacaría ni más ni menos que el primero, el objeto de la Ley, que preceptúa que «La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales».

Debería entender quien hace una interpretación sesgada y torticera de la ley -como este señor, al cual la retirada de un cuadro de un dictador parece que le escuece- que en ningún país maduro democráticamente hablando, se entiende que se ensalce la figura de un dictador que violó sistemáticamente los derechos humanos. Las estatuas, los cuadros, los nombres de las calles… son reconocimientos públicos a individuos que con sus actuaciones, contribuyeron a que nuestro país sufriera un conflicto armado entre hermanos y viviera durante 40 años en la oscuridad de una Dictadura en la que se carecía de garantías de Derecho y de libertades.

Ojalá no quede ni tan siquiera uno de estos homenajes a la Dictadura o a quienes la promovieron. Bravo por quienes persiguen el cumplimiento de la legislación vigente.