MARÍA JOSÉ SORIA/CONCEJALA SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE CARAVACA
Hace aproximadamente un mes, se emitió un programa donde cuatro mujeres hablaban de sus experiencias traumáticas, que debido a criterios médicos, graves anomalías incompatibles con la vida o malformaciones fetales graves, fueron derivadas a clínicas privadas para interrumpir sus embarazos. A día de hoy, sigo recordando sus relatos llenos de dolor e impotencia y muchos de nosotros empatizamos con ellas al escucharlas.
Estas mujeres valientes nos hicieron conocer una realidad a todas luces injusta, que ocurre en nuestra Región.
Hoy en día, no puedo creer que estas mujeres fueran expulsadas de la sanidad pública, siendo derivadas a clínicas privadas e incluso a marcharse a otras CCAA , como Madrid o Valencia y siendo relegadas a ser de segunda o tercera clase por imposición ideológica del Sistema Murciano de Salud. Es más, alejadas de sus familiares cuando más los necesitan.
Estas mujeres nos hablaban de malas condiciones en la atención, mala actitud por parte de la clínica en la que son atendidas, en un momento en el que se encuentra en shock y no tienen fuerzas para pelear (y lo saben)… Todas estas declaraciones me hacen pensar: ¿qué se está haciendo mal?
Escuchando sus vivencias sobre el maltrato recibido, ya no solo en el proceso de la intervención, por supuesto, durísimo, sino siendo expulsadas de la sanidad pública y abandonadas a su suerte, sin la existencia de un protocolo de acompañamiento, tan necesario para que estas mujeres se puedan recuperar tanto físicamente como psicológicamente.
Este programa destapó que la Consejería de Salud no realiza interrupciones de embarazo en sus centros públicos y ha sacado los colores a dicha consejería, que ahora dice que revisará el convenio que tiene con las clínicas privadas y comprobar si cumple la Ley.
Se escudan diciendo: “que los médicos no quieren hacerlo por objeción de conciencia” y según dicen los sanitarios, no lo hacen porque no tienen los medios. El Gobierno Regional no les pone los medios ni el personal adecuado para formarse y poder hacerlo.
Conclusión, la gestión por parte de la Consejería al no cumplir la Ley, repercute en las mujeres sufriendo con las IVE por las incompetencias de la Consejería de Salud.
Una Ley que establece dos supuestos para autorizar la realización de una IVE. El primero, a petición de la embarazada dentro de las primeras catorce semanas de gestación y el segundo, por causas o criterios médicos, como graves anomalías incompatibles con la vida, malformaciones fetales graves o riesgo severo para la vida o la salud de la madre. En cualquiera de ambos procesos la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, establece en su artículo 18 que “los servicios públicos de salud deberían aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria y con los requisitos establecidos en la ley”.
Esta ley es del 2010, y a fecha de hoy en la Región de Murcia no se cumple.
Seguiremos reivindicando que se cumpla la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por lo que han vivido y sufridos estas cuatro mujeres, y todas las mujeres que no han contado sus historias y las guardan en silencio. Todo nuestro apoyo desde Partido Socialista de Caravaca.
