Francisco Navarro Sánchez

Profesor de Historia Jubilado

En los últimos 200 años, la historia de los Borbones ha estado marcada por negocios y escándalos de corrupción entre los que se incluye la participación en el mercado de esclavos.

En el reinado de Fernando VII (1.814-1.833), el tráfico con seres humanos fue una triste realidad. Las grandes haciendas cubanas utilizaban mano de obra esclava, pero la prohibición de la esclavitud en diferentes países europeos, tras la Revolución Francesa, dificultó el negocio de los esclavistas españoles que encontraron en los Borbones la cobertura legal que les permitió continuar con el negocio. A cambio, el rey Fernando VII cobró importantes cantidades de dinero. La viuda y regente, María Cristina de Borbón (1.833-1.840), estableció una cuota por cada esclavo que llegaba a Cuba y que percibía ella directamente. Este negocio fue mantenido por su hija Isabel II (1.833-1.868) cuyo reinado es considerado uno de los más corruptos de la Historia de España.

El modelo del negocio esclavista era un triángulo formado por la familia real, armadores catalanes y vascos y la oligarquía de Cuba. Diferentes historiadores afirman que fue en este periodo donde se selló una gran alianza entre empresarios catalanes y los Borbones, algo que parece ser ha perdurado en el tiempo.

Este sistema esclavista aparece muy bien documentado en la novela “Mongo Blanco” de Carlos Bardem que nos acerca a la Historia Contemporánea del  Caribe y a valorar cierta burguesía española.

El gobierno de Fernando VII también negoció con  Rusia la compra de una parte de su flota ante los levantamientos e insurrecciones en las colonias americanas. Operación multimillonaria que llenó muchos bolsillos, los del rey incluidos. La compra resultó ser un fiasco ya que los barcos que llegaron a Cádiz estaban para el desguace,  pero Rusia no devolvió el dinero y Fernando VII sí se quedó con sus comisiones.

Sin la participación de Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, sería inexplicable la guerra de Marruecos. Fue Alfonso XIII quien se empeñó en la construcción de una línea de ferrocarril para la explotación de las minas del Rif. La decisión de la intervención del ejército en su construcción provocó una guerra que dejó más de 20.000 soldados muertos, hijos de familias humildes, ya que los vástagos de ricos estaban exentos de ir a la guerra si pagaban 1.000 pesetas. Esta guerra costó a España más de 5.000 millones de pesetas y buena parte de este dinero fue a las cuentas en Suiza de Alfonso XIII.

El catedrático de Hª Contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro Mª Egea, recuerda que Alfonso XIII metió a España en esta “sangría de vidas humanas” y que la guerra fue “una decisión personal disfrazada de patriotismo pero cuyo verdadero objetivo eran las minas del Rif”.

El negocio de las minas de Marruecos no fue el único de Alfonso XIII, también tuvo intereses en empresas que gestionaban servicios públicos como el Metro y Transmediterránea. También participó en el sistema de apuestas de carreras de galgos. Según informe elevado al Tribunal Supremo el 6 de diciembre de 1.933 por Mariano Luján, titular del juzgado nº 10 de Madrid, se inició  un proceso en el que se acusaba al rey de “lucrarse con apuestas en las carreras de galgos” así como un delito de estafa y malversación.

En este contexto se puede afirmar que no están muy desencaminadas las palabras de Valle Inclán: “Los españoles han echado al último de los borbones, no por Rey, sino por ladrón”.

Durante el exilio, Alfonso XIII disfrutó de 11 residencias diferentes, coches, hoteles de lujo, safaris en Sudán, temporadas en Suiza… Aparte de sus conocidas correrías por la Costa Azul. Al parecer no se fue de España con los bolsillos vacíos.

Roberto Centeno, exconsejero delegado de CAMPSA, denunció que Juan Carlos I se estuvo embolsando, presuntamente, un sobreprecio que oscilaba entre 1 y 2 dólares por cada barril de petróleo importado. Si importamos en torno a 1 millón de barriles diarios es fácil hacer la cuenta de lo que, supuestamente, ha ingresado el monarca durante años.

El rey emérito, aprovechando su posición privilegiada, ha participado, presuntamente, en diversos negocios tapados por la clase empresarial y la mayoría de partidos políticos de la Transición. A lo que se unió el silencio de los principales medios de comunicación.

En relación a la construcción del AVE del desierto, se investiga una supuesta “donación” de 100 millones de dólares a la Fundación Lucum, una fundación panameña que tiene como primer beneficiario a Juan Carlos I.

El regalo a Corinna Larsen de 65 millones de euros “por gratitud y amor” es un exponente de la corrupción que ha rodeado el reinado de Juan Carlos I.

La Fiscalía del Supremo se ha hecho cargo de las investigaciones relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. A espera de las pruebas,  Juan Carlos se postula como el único monarca europeo relacionado con casos de corrupción.

En cuanto al papel que el relato político de la Transición ha otorgado a Juan Carlos I, Pedro Mª Egea lo rechaza. “Hoy día sabemos muchas cosas que en aquel momento desconocíamos. Sabemos que fue un proyecto político guiado por fuerzas franquistas, supervisado por la CIA y con auténticos desastres como el abandono del pueblo saharaui”, sentencia el historiador.

Felipe VI se encuentra bajo la sombra de las presuntas irregularidades de Juan Carlos I y las críticas por su posición conservadora ante cuestiones como la crisis catalana o su papel en la crisis del coronavirus. Las cuentas millonarias que presuntamente atesora su padre son un escándalo para España, acrecentado por el silencio del actual rey que prefiere callar antes que afrontar las consecuencias y pedir perdón a los españoles. Como señala el reconocido historiador Ángel Viñas: “Felipe VI ha fracasado al anteponer el amor filial a la sagacidad política”.

La Monarquía se encuentra en una crisis tan grave que deberíamos pensar en dar pasos para devolver la voz al pueblo y que sea este el que decida quién quiere que ocupe la Jefatura del Estado.