Víctor Martínez-Carrasco Guzmán/Diputado Partido Popular Asamblea Regional
Con la Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno de Sánchez, un ataque sin precedentes al derecho de propiedad, el PSOE abandona definitivamente la socialdemocracia y abraza las políticas radicales de las que el propio Pedro Sánchez es rehén, eso sí, voluntario, dado que él ha elegido a sus socios. Un juego perverso en el que pierden los ciudadanos de a pie y gana Podemos.
Y es que se trata de una Ley más propia de regímenes comunistas que de sistemas de libre mercado, que plantea una situación de inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario, porque generará un efecto contraproducente: al intervenir en el precio de los alquileres, desincentivará el mercado y provocará una bajada de la oferta y una subida de los precios. Esto es, justo lo que se pretende evitar, tal y como por otra parte ha quedado más que patente allí donde se han aplicado este tipo de políticas.
Sin embargo la izquierda, en su fatal arrogancia, insiste en imponer medidas cuyo fracaso ha quedado empíricamente demostrado. Y que además son profundamente liberticidas: si cualquier español quiere alquilar su vivienda, que con tanto sacrifico y trabajo ha ganado, Pedro Sánchez no es quién para indicarle cuánto cuesta su propiedad o a qué precio tiene que alquilarla.
Pero los murcianos podemos estar tranquilos: el presidente Fernando López Miras ya ha anunciado que hará uso de todos los instrumentos legales para no aplicar esta nefasta medida, con lo que impedirá que tengamos que pagar el precio por mantener a Sánchez en la Moncloa, defenderá el derecho de propiedad frente a los ataques de PSOE y Podemos a la libertad y hará de la Región de Murcia un muro de contención frente a las políticas populistas del Gobierno social-comunista en materia de vivienda.
La triste realidad es que tenemos en Moncloa un Gobierno que defiende a delincuentes, por ejemplo a los ‘okupas’, pero que castiga a los propietarios que, gracias a su esfuerzo, han podido comprar sus viviendas. El siguiente paso ha sido ponérselo imposible a aquellos que quieran alquilar un piso, con una Ley intervencionista más propia del peronismo que de un país desarrollado.
Frente a las medidas irresponsables de Sánchez, desde los Gobiernos de libertad del PP se articulan medidas para garantizar espacios de libertad económica, que estimulen la economía y den oportunidades a los jóvenes. Buen ejemplo de ello es el aval de vivienda para jóvenes impulsado por el Gobierno de López Miras, una medida pionera en toda España, para que los jóvenes de la Región de Murcia tengan la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Aquí ni distorsionamos el mercado ni expropiamos, sino que damos libertad a las personas para construir su futuro.
En cuanto a las ayudas a jóvenes para el alquiler de viviendas anunciadas, como siempre, a bombo y platillo por el Gobierno de Sánchez, no deja de ser un alarde propagandístico más, ya que podrían situarse solo entre 600 y 800 millones de euros, frente a los 2.500 millones que el PP invirtió entre 2013 y 2016, a los que habría que sumar los 500 millones que se acordaron con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, el Bono Joven ya existe en las ayudas que contempla el actual Plan de Vivienda (250€/mes). Además, el Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado 6,8 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la Región a través de dos líneas de ayudas: una destinadas a financiar el alquiler, y otra a la adquisición de inmuebles en municipios y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.
Los socialistas intervienen la banca y lo pagan los autónomos; intervienen las tecnologías y lo pagan las pymes; intervienen los productos y lo pagan los consumidores. Ahora, los socialistas intervienen el precio del alquiler y lo pagan las familias que, con el sudor de su frente, han logrado ser propietarias de un inmueble. A pesar de todo, desde el Partido Popular seguiremos trabajando para frenar medidas tan injustas como esta Ley de Vivienda y plantear y poner en marcha alternativas. Siempre con la defensa de la libertad por delante.
