Pedro Antonio Muñoz Pérez  (pedroamupe@gmail.com)

LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE, y ahora LOMLOE. Este es el trabalenguas educativo de nuestra democracia. Anímense a recitarlo de corrido y sin equivocarse. Esta sopa de letras es la procelosa historia del despropósito que ha sumido en el desconcierto y el fracaso la educación en España desde 1980. Salimos a una ley por quinquenio. Así no hay quien pueda educar ni aprender con un mínimo de garantías y estabilidad. Sin embargo, de manera sorprendente y paradójica, el sistema ha seguido funcionando y en estas cuatro décadas se han formado las generaciones más preparadas de la historia. De lo que se podría deducir que la legislación en este campo no solo es perfectamente prescindible, sino que se convierte en un lastre que solo sirve para enfangar de burocracia los centros educativos y contribuir a la bronca ideológica entre quienes quieren convertir la escuela en catequesis, en su sentido laico o religioso. Porque de lo propiamente educativo, poca cosa. La bronca se alimenta de la asignatura de religión, de los centros concertados, de cuestiones meramente administrativas en todo caso, pero o no interesa o no trasciende en qué medida una nueva ley favorece la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la adquisición de una sólida formación científica, el dominio y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y, mucho menos todavía, ese objetivo grandilocuente que casi todas las leyes llevan en su frontispicio sobre “el desarrollo integral de la personalidad” y demás coqueteos con lo utópico. Eso no procede. No tiene rédito político. La cuestión es hacer leyes de educación en las que se hable de todo menos de educación. La parte curricular (el listado de lo que hay que aprender) ha cambiado poco desde el Trivium y el Quadrivium.

Las leyes educativas concitan, y parece que estimulan, la confrontación entre las diversas facciones de un espectro político que, en lo esencial, no ha modificado sus estrategias electorales ni el ideario desde la constitución de 1812. Laicos a ultranza y fundamentalistas religiosos han encontrado en los reglamentos que han de regir las escuelas el campo de batalla apropiado en el que dirimir sus diferencias, así como reclutar mercenarios, o sea, fanáticos para la causa, sea la que sea. Me sorprende con qué ímpetu se manifiestan estos guardianes de la “buena educación”, entendida como la que cada quien en su particular y subjetivo concepto de la vida considera mejor.

Básicamente los bandos (siempre la misma dicotomía fratricida en España) se podrían resumir en quienes son partidarios de delegar en el Estado los aspectos básicos de la instrucción y la enseñanza de los valores de la educación cívica y quienes entienden el ejercicio de la patria potestad como una prerrogativa para decidir el modelo de visión del mundo que se les debe inculcar/imponer a sus hijos e hijas, por si acaso alguna vez se ven tentados a desarrollar ideas propias. Para estos últimos, padres y madres celosos de su papel trascendente, el Estado adoctrina y ellos, sin embargo, cuidan y protegen a sus pupilos del Mal y de los Manipuladores. Aquí tampoco hay acuerdo sobre el significado del verbo adoctrinar. ¿Los pobrecicos zagales pertenecen al Estado perverso (siempre y cuando no esté en las manos adecuadas, claro) o a sus padres y madres?

Pero no nos engañemos, no es esa la polémica. Todo ese guirigay es fuego de artificio para desviar la atención de lo importante para los agitadores. En realidad, se trata de cómo desde la escuela se perpetúa o se cuestiona el orden social. Por eso las leyes educativas provocan tanto apasionamiento. Si se debatiera sobre el aprendizaje de la escritura o la resolución de problemas, nadie se manifestaría, vociferante, en las calles para defender esta o aquella metodología. Las cuestiones de pedagogía y didáctica, o sea, el núcleo que debería de constituir la esencia de una ley educativa, nunca aparecen en el debate público. Compartirán conmigo, entonces, la extrañeza que produce observar cómo se despellejan sus señorías en las Cortes cada vez que, con el cambio de gobierno, hay que pergeñar, obligatoriamente, una nueva ley educativa que corrija o anule la anterior.

Por eso yo, aprovechando la tribuna que me ofrece El Noroeste, y como ya soy maestro jubilado y me lo puedo permitir, propongo que la próxima ley de educación, esperemos que definitiva y consensuada, sea la LOLAILO (Ley Orgánica para Limpiar el Aprendizaje y la Instrucción de Leyes Obsoletas). Los principios fundamentales de esa ley, según mi criterio, deberían de ser: la derogación, o reducción al mínimo imprescindible, de los farragosos reglamentos administrativos que afectan a los centros escolares y entorpecen la labor del profesorado, la autonomía de los profesionales para diseñar el currículo más apropiado según las características de su alumnado y el contexto social, la supresión de las asignaturas tradicionales y de los horarios clásicos, el fomento de las humanidades, la cultura clásica y las disciplinas artísticas para la adquisición de una base cultural sólida e integrada, el establecimiento de dinámicas de trabajo basadas en la investigación y el trabajo cooperativo, la evaluación formativa y personalizada basada en progresos objetivos y no en estándares genéricos y estereotipados, cuya adquisición en todo caso siempre es perentoria, la eliminación de los exámenes como instrumentos (a veces únicos) de medida y control de los aprendizajes, el establecimiento en los centros de un sistema de comunicación en el que coexistan con naturalidad varias lenguas, superando toda esa farfolla estéril de la enseñanza bilingüe o la colisión con las lenguas vernáculas, la cogestión de los centros educativos, favoreciendo la participación de todos los componentes de la comunidad escolar, la apertura de las aulas a la realidad de modo que los centros sean una continuidad de la sociedad actual y no un santuario anclado en prácticas y presupuestos decimonónicos. En definitiva, acabar de una vez con la Ley Moyano (1857) y legislar para que se acomode la práctica educativa al siglo XXI.

No crean que desvarío. Todo lo que han leído son sugerencias y alternativas que se deducen de las recomendaciones de los famosos “informes PISA”. En España no hay “fracaso escolar”, entendido como incapacidad de nuestros niños y jóvenes para lograr aprendizajes de calidad. Lo que hay es una incompetencia sistémica de dar respuesta formativa a los retos del presente y, sobre todo, del futuro de esta sociedad. La prueba más sangrante de este desajuste es que en las universidades se siguen impartiendo grados y titulaciones que no tienen salida profesional (o quizá sí, pero emigrando al extranjero). Muchos de nuestros egresados tienen que formarse en las empresas o trabajar en oficios diferentes para los que han estudiado porque el mundo laboral está padeciendo una profunda y acelerada transformación.

Mientras tanto, en las escuelas se perpetúa la enseñanza magistral, la pizarra (aunque sea digital) y la mesa del maestro presidiendo la clase, la inmovilidad de los alumnos en los pupitres, los programas sobrecargados que pretenden llenar la cabeza de información para contestar exámenes y no adquirir una formación polivalente, capaz de responder con creatividad y solvencia a los nuevos retos y a los cambios. En esta tesitura, ¿a quién le extraña que haya cada vez más problemas de adaptación o desmotivación en las escuelas e institutos?

No es una cuestión de siglas. El sistema educativo, mejor dicho, la escuela de nuestro país (pública, privada o concertada), necesita una reforma estructural, empezando por la propia formación del profesorado. Pero hay que dejarla tranquila, protegerla de los sectarismos de todo tipo, dotarla de los recursos humanos y materiales suficientes para el desempeño de su función. Y, sobre todo, hay que confiar en los maestros, las maestras, los profesores y profesoras que son quienes tienen que llevar a cabo esa tarea ingente, pero hermosa y sugestiva, de asegurarnos el futuro a través de la formación de las nuevas generaciones.

Padres, madres, políticos de todos los partidos, dejen en paz a la escuela. Ocúpense de los asuntos logísticos y dejen trabajar a quienes saben. Si no me entienden, lo diré de otro modo: traten a las escuelas como a los hospitales. Gracias.