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Libre elección de centro educativo: un derecho y un deber

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Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

EL PROBADOR

SERGIO LÓPEZ/MAESTRO

Hasta el próximo 4 de abril los padres y madres de nuestra Región tendrán la opción de escolarizar a sus hijos en el centro donde deseen. Y digo bien, donde deseen, porque el principio de libre elección de centro docente ha quedado salvaguardado con el decreto de admisión publicado por la Consejería de Educación.

Con la llegada de la LOMLOE, entre sus modificaciones más importantes estaba la de volver a establecer las zonas de escolarización y que la proximidad de tu domicilio al centro sea el criterio que mayor peso tenga. Quiere esto decir que la nueva ley de educación pretende volver al pasado y que cada niño estudie en el colegio de su barrio. Llama la atención que en un mundo cada vez más globalizado, donde el teletrabajo avanza, las nuevas tecnologías y la digitalización pone a golpe de clic seguir la actividad educativa con tus compañeros de clase a través de un aula virtual desde el sofá de tu casa o la formación permanente semipresencial y online se impone a pasos agigantados. Por no hablar también que un ciudadano puede cambiarse de médico, de seguro sanitario o elegir unos u otros servicios sociales en función de sus intereses o gustos.

Vamos adentrándonos en el meollo de la cuestión que no es otro que el estado ponga a disposición del ciudadano una serie de servicios públicos que son sufragados por los impuestos que todos pagamos. Entonces, ¿por qué tiene que dirigir el estado la elección del centro donde tienen que estudiar nuestros hijos? No tiene sentido, bajo mi humilde punto de vista, esta imposición amparada bajo el paraguas de evitar la segregación o los centros “gueto”, que existen y habría que aplicar otras medidas para quitarles este estigma a través de planes de mejora integral y también, porqué no, de dotarles de mayores recursos humanos y materiales, como en parte sucede en nuestra región con los centros de atención educativa preferente.

Los efectos colaterales de esta medida son perniciosos para el sistema, ya que puede tener sus derivadas en la búsqueda de la excelencia educativa. La desmotivación de los docentes en tratar de conseguir una identidad como centro que te haga diferenciarte de los demás podría ser la primera derivada. Se perdería esa competencia sana entre centros para esforzarte en dar a tu sociedad el mejor servicio posible al ciudadano.

Si solo cuenta la cerca o lejos que esté tu casa para estudiar en uno u otro centro, que más da que tu claustro se esfuerce en participar en programas atractivos para tu alumnado, en seguir formándote en aspectos clave para la educación de los niños de hoy en día, mejorar tus servicios de comedor, aulas matinales, biblioteca, participar en programas de refuerzo educativo que compensen las desigualdades educativas… Que tu centro sea digitalmente avanzado o posea un nivel de bilingüismo básico o avanzado no será determinante para que unos padres quieran un tipo de educación u otro para sus niños, si o si, tendrán que ir al colegio de al lado de casa.

Permitir que una familia elija el mejor centro para su hijo es un derecho y también un deber como padre, analizar las propuestas pedagógicas que ofrecen cada uno, elegir la que consideres mejor, hacer un seguimiento de la evolución académica de tu hijo y ser corresponsable de la educación que tu hijo recibe en casa y en el centro educativo.

En nuestra región, el pasado curso el 95% de los niños se escolarizaron en el centro preferido por sus padres y ahora se busca con acierto blindar la libertad de elección de centro y con ello conseguir dotar de mayor autonomía a los centros y que haya una pluralidad de idearios y proyectos educativos que impacten positivamente sobre la mejora de calidad educativa. Ese es el camino de la excelencia, para nada reñido con el fortalecimiento de todos los centros sostenidos con fondos públicos que pasa necesariamente por un incremento de en el presupuesto regional dedicado a educación que redunde en la mejora de las infraestructuras educativas, el aumento de los recursos humanos y la bajada sostenible de las ratios.

 

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