MIGUEL HERNÁNDEZ VALVERDE
El pasado día 20 de noviembre, la Asamblea Regional daba el visto bueno con el voto favorable del Grupo Popular a la Ley de Turismo de la Región de Murcia, IU (Grupo Mixto) votaba en contra y sorprendentemente el Grupo Socialista se abstenía
Que el partido popular votara a favor es lógico y coherente con su programa electoral y sobre todo con su pensamiento liberal, pues apuesta por una Ley nada intervencionista, apostando por la cantidad en vez por la calidad y despreciando cualquier foro u organismo de debate entre los agentes implicados.
Que IU votara en contra es también  lógico y está dentro, al igual que los populares, pero en dirección contraria,  de su pensamiento ideológico, pero lo que sigo sin entender es por qué el partido socialista se abstiene, dando por tanto un voto de confianza a una Ley que como el mismo Consejo Económico y Social dice en sus conclusiones: ‘También debe ponerse de relieve que la política turística regional debe establecer un cauce estable para la participación institucional de los municipios’, cuestión que la Ley aprobado no hace ninguna mención.
No sólo la Ley de Turismo niega la voz y el voto en la política turística regional a los ayuntamientos, sino que considera entre sus Principios Rectores ‘fomentar la formación y cualificación de las personas que trabajan en el industria’  pero en cambio, como reconoce el CES, ‘sin ofrecer ningún cauce de participación institucional,  y por lo tanto no encuentra justificación suficiente para la supresión de estos órganos, como órganos de canalización y organización en el ámbito de la misma, de las actuaciones de la administración autonómica con representación en el sector turístico’.
Incluso el CES, haciendo referencia a uno de sus artículos, el cual no fue modificado el pasado 20 de noviembre, fecha que fue aprobada en la Asamblea Regional, a que, y transcribo textualmente llega a decir:  ‘plantea severos interrogantes sobre su legalidad a la vista del carácter imperativo de parte de la normativa que regula estos instrumentos’.
Y esto es sólo una muestra de que la necesaria Ley de Turismo que esta Región necesitaba, pues la anterior data de 1997, nace con demasiadas lagunas y centraliza en Murcia todo lo concerniente a la ordenación, formulación, información, promoción de la imagen turística, y formación y cualificación de los profesionales a la competencia regional.
Mención aparta, merece el desprecio que hace a la rama de la hostelería, donde y a pesar de las reiteradas peticiones de sus representantes, ni tan siquiera pasa de puntillas.
Derogando las funciones y competencias (que no costaban un euro) del Consejo Asesor Regional de Turismo y la Comisión Interdepartamental de Turismo, finiquita el Gobierno cualquier atisbo de consenso entre todos los agentes turísticos implicados, dando sólo protagonismo al Instituto de Turismo y como reconoce el CES a una parte interesada del sector privado:
‘En opinión de este Organismo constituye una visión muy limitada del ámbito de interesados en la actuación de la administración pública en el sector turístico, considerar que el interlocutor con la Administración regional es el sector turístico regional, representado por las asociaciones legítimamente constituidas y por la Mesa del Turismo, que es un órgano creado, coordinado e impulsado por el sector privado’.
En otras palabras, sin ofrecer ningún cauce de participación institucional. Insisto, una Ley muy en la línea del liberalismo por el que legítimamente ha apostado nuestro gobierno regional
A los ayuntamientos de la Comarca, como al resto de municipios,  otorga la Ley las siguientes funciones:
1.- Promover, conservar y fomentar los recursos relacionados con el turismo, teniéndolos en consideración en sus instrumentos de planeamiento urbanístico.
2.- Velar por la conservación y mejora de las infraestructuras y equipamientos, encaminados a mejorar la imagen turística de la Región de Murcia.
3.- La planificación, promoción, información y estadística turística local, eso sí, en coordinación con otras administraciones públicas.
En definitiva, la Consejería marca la hoja de ruta a seguir, y los ayuntamientos se limitarán a ir limpiando y arreglando casas y  calles para que cuando vengan turistas lo vean limpio y curioso.
Si a esto le sumas, la potestad que otorga la Ley a la Consejería, en materia de inspección y sanciones, con multas coercitivas incluidas, llegando a promulgar a los inspectores de turismo (que a partir de la entrada en vigor, serán nombrados a gusto de la Dirección (art. 43) como Agentes de la Autoridad, nos da como resultado una Ley más cerca del Presidencialismo y muy lejos de la transparencia democrática necesaria.
Eso sí, por lo menos, considera al sector turístico como sector estratégico regional, menos da una piedra es verdad.