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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que unifica el catálogo de prestaciones en los 45 municipios, introduce la Historia Social Única y, como novedad, incluye ayudas a víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. El texto legislativo ha sido presentado hoy a los alcaldes y responsables de Servicios Sociales de la Región por la consejera, Isabel Franco, en un multitudinario acto celebrado en la sede del IMAS.

Además, el borrador del proyecto de ley -con 11 títulos y uno preliminar- reconoce determinadas prestaciones como derechos subjetivos, “por lo que abre la puerta a que puedan ser reclamadas ante los tribunales o por la vía administrativa”, ha explicado Franco, quien también ha resaltado que el texto “incorpora también la denominada Historia Social Única, que incluye toda la información relevante y la evolución de los servicios prestados a los usuarios”.

Asimismo, crea la figura del profesional de referencia, que atenderá de forma individualizada -tal y como un médico de cabecera- todas las demandas de prestaciones, ya sean económicas, sociales o sanitarias. “De esta forma, quienes acudan a los Servicios Sociales tendrán un interlocutor único para tramitar cualquier tipo de subvención”, ha resaltado la vicepresidenta del Gobierno regional de coalición.

El proyecto de Ley de Servicios Sociales, que ahora deberá ser debatido en la Asamblea Regional, incluye la creación del Consejo de Coordinación Territorial, que será el que garantice la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de Atención Primaria y protección social, considerando además la atención de calidad como un derecho de los usuarios. De igual forma, incluirá un régimen sancionador, tanto para las entidades que prestan servicios sociales como para quienes reciben las prestaciones en el caso de que vulneren la normativa.

La primera Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia data de diciembre de 1985, y sentó las bases de la prestación de estos servicios. A ésta le sucedió una segunda norma, aprobada el 10 de abril de 2003, que abrió la prestación de estos servicios a las entidades sociales. Los nuevos retos y la demanda de respuestas de la Administración han precipitado la necesidad de sacar adelante esta tercera Ley de Servicios Sociales, que no va dirigida a colectivos especiales sino que está diseñada para atender a todas las personas.