María del Pilar Berral Casas
El 23 de noviembre de 2021, el pleno de nuestro Consejo de la Transparencia aprobó el Informe de la Evaluación de cumplimiento de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, el cual puede consultarse íntegramente en www.consejodetransparencia-rm.es.
Dicho informe contiene la autoevaluación que diversas administraciones, organismos y entidades públicas han realizado a través de la aplicación telemática IT-Región de Murcia, a fin de conocer cómo han cumplido con sus obligaciones informativas en sus portales de transparencia durante el año 2020. Para ello se ha valorado, tanto el grado de cumplimiento estricto de la Ley de transparencia, en lo concerniente a publicidad activa, acceso a la información pública y buen gobierno (Indicador de Cumplimiento de la Publicidad Activa), como la actitud proactiva de la entidad hacia la transparencia, con indicadores voluntarios añadidos a los obligatorios (Indicador de Transparencia Voluntaria).
Pues bien, las conclusiones obtenidas no nos mueven precisamente al orgullo por varios motivos.
En primer lugar, por la baja participación de las entidades en la evaluación. Tras el emplazamiento a participar en ella por parte del Consejo, éste tuvo que prorrogar hasta en tres ocasiones el plazo ordinario concedido a los sujetos obligados, y finalmente sólo un 17’34% de las entidades remitieron sus cuestionarios, incumpliendo el resto su deber de colaborar con el Consejo. La mayor participación corresponde al sector local (un 53’19%) y autonómico (un 38’30%), siendo sólo del 4’26% la participación de las corporaciones de Derecho Público y del Sector Universitario (excepción hecha de las dos Universidades Públicas, que sí presentaron su declaración).
En segundo lugar, porque se ha evidenciado que las entidades evaluadas no dan al derecho de acceso a la información pública la importancia que sin embargo sí le otorga el ordenamiento jurídico. Se hace patente en la deficiente información que se da en los portales de transparencia acerca del Derecho de Acceso de los ciudadanos (sólo 3’5 puntos de media sobre 10), el alto porcentaje de solicitudes de acceso a la información que no fueron atendidas (el 24’36%), y la recurrente inclusión de las solicitudes de información en la categoría “Otra información” (25’82%), lo que revela el escaso análisis que se hace de las solicitudes que se reciben.
Por último, en la nota media obtenida por los organismos evaluados, de sólo un 5’67%. El aspecto que más se necesita mejorar es el funcionamiento de los portales a través de los cuales se suministra la publicidad activa, especialmente la cantidad de información que publican, su actualización periódica, la utilización de formatos que permitan la reutilización, tratamiento y análisis por los ciudadanos y la necesidad de establecer una misma estructura por todos los portales de transparencia que facilite la búsqueda de la información.
Respecto a las valoraciones obtenidas, cabe destacar:
- La mejor nota media corresponde a la Comunidad Autónoma y a los Ayuntamientos de Águilas y Mula, con una puntuación superior a 9 puntos sobre 10. La peor valoración corresponde al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, que no superó el 2.
- En la resolución de las peticiones de información presentadas por la ciudadanía destaca negativamente el Ayuntamiento de Cartagena, con una proporción de solicitudes no contestadas superior al 60%, seguido por el Ayuntamiento de Murcia, con un 46’50%.
Ahora bien, los organismos mencionados se sometieron al menos a la evaluación.
Mención especial merecen los que, por el contrario, ni se dignaron a contestar al emplazamiento realizado por el Consejo, a saber: todos los organismos autónomos y sociedades mercantiles de carácter municipal, todas las mancomunidades, todas las corporaciones de Derecho Público (salvo dos), todas las federaciones deportivas, las cuatro cámaras de comercio, la Asamblea Regional y los dos Consejos Regionales.
Esta primera evaluación permite, entre otras cosas, que los ciudadanos conozcamos cómo respetan las entidades de Murcia nuestro derecho fundamental a la información, y especialmente quiénes son esos rezagados que ni siquiera se molestan en contestar a los requerimientos de nuestro Consejo de la Transparencia.
