Ya en la calle el nº 1040

La epidemia de cólera-morbo del verano de 1855 en Caravaca

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Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

FRANCISCO FERNÁNDEZ/ARCHIVO MUNICIPAL DE CARAVACA

Durante 1855 se produjo una epidemia de cólera-morbo asiático que afectó a gran parte de las ciudades españolas y que en Caravaca tuvo una importante incidencia durante los meses de julio y agosto, produciendo una gran mortandad y dando lugar a algunos comportamientos impropios por parte de algunas de las autoridades, especialmente de uno de los médicos.


La epidemia alcanzó nuestro país durante el verano de 1854, comenzando a extenderse desde Barcelona por todo el litoral mediterráneo, de manera que a comienzos de septiembre de ese año el ayuntamiento de Caravaca se vio en la necesidad de suspender la feria, temeroso que la “afluencia de forasteros” favoreciera el desarrollo de la enfermedad, puesto que habían llegado noticias de haber “invadido por desgracia algunas de las poblaciones no lejanas de esta provincia”. Por tal motivo, como era habitual en la época, se decretó la celebración de “rogatibas publicas por espacio de cuatro dias, y por la mediacion de la Sma. Cruz, para que la Divina Providencia libre este Pueblo de tal calamidad que biene sembrando el terror y desconsuelo en los puntos contajiados”. Las rogativas se iniciaron el 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, por la tarde con la bajada procesional del lignum crucis a la Parroquial, donde permaneció hasta el 17 en que se reintegró a su capilla, participando en ellas “todas las Autoridades de la Poblacion inclusa la Junta de sanidad del Partido” además de los fieles y el clero, ordenándose asimismo la iluminación de la fachada del ayuntamiento e invitando “al vecindario a poner tambien iluminacion y colgaduras en los dias de procesion”. A ellas concurrió también la banda de música marcial, que renunció a su salario “en obsequio de tan laudable obgeto”.
La situación se mantuvo sin novedad durante los meses siguientes, por lo que el 4 de febrero de 1855 las autoridades municipales decidieron la celebración de una ceremonia de acción de gracias “por haber librado a esta privilegiada poblacion de la enfermedad epidemica del colera que desgraciadamente afligio en los ultimos meses a otros muchos pueblos de la Peninsula”. Los actos tuvieron lugar los días 10 y 11 de dicho mes con arreglo al siguiente programa: “prebios los anuncios al vecindario por repique y bolteo general de campanas, sera bajada la Santisima Reliquia de su Santuario célebre a la Parroquial en procesion solemne en la tarde del primer dia; en la mañana del domingo once se cantara un solemne Te Deum en la misma Parroquial, con misa y sermon y en su tarde, tambien en lucida procesion, recorrera la carrera de costumbre la Sma. Cruz en su carro triunfal, regresando a la Real Capilla donde se benera y custodia”, cursándose la correspondiente invitación a la Cofradía de la Cruz para su participación en la misma.
A mediados de julio el panorama cambió, apareciendo el día 11 “algunos colicos sospechosos” y dos días después las primeras muertes, por lo que el ayuntamiento se reunió en la mañana del día 13 para tratar la situación, acordando el traslado al Hospital de los enfermos pobres con el fin de que fueran debidamente tratados, solicitando a la Diputación autorización para destinar parte del presupuesto a combatir la enfermedad. Asimismo, siguiendo los consejos de la Junta de Sanidad del Partido, resolvieron la celebración de rogativas públicas solicitando la intercesión divina, de modo que ese mismo día tuvo lugar “la traslacion de la Sma. Reliquia a la Parroquial, puesto el sol de la tarde de este dia, recorriendo en procesion las Calles de Concejo y Melgares: que antes de la bajada se de a adorar a los fieles en la puerta del Santuario: que se celebren rogativas en la Yglesia por espacio de tres dias y a la hora de las seis de la mañana”. Concluidas las rogativas, la Cruz fue trasladada procesionalmente al Santuario el 19, previniendo la realización de dos conjuros diarios, uno a las 6 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, ya que ante el aumento del número de enfermos y muertos (30 y 14 respectivamente), el día 18 se había declarado oficialmente la epidemia. Para evitar contagios se dispuso que los fieles no asistieran “tanto a la salida como a la entrada de los respectivos templos”, aunque para su consuelo se decidió que la Cruz fuese “puesta de manifiesto al Pueblo desde mañana en su altar que se construira en el Conjuratorio de arriba”.
A pesar del esfuerzo de las autoridades y de la Junta de Sanidad, bien secundadas por las de Beneficencia, las Parroquiales y los facultativos médicos y farmacéuticos, las muertes fueron en aumento, llegando a finales de julio a 4.000 enfermos y casi 500 fallecidos: “se corrió un denso velo a la alegría y a la calma: los gemidos y el desconsuelo brotaban el corazón y resonaban por todas partes: la congoja y la consternación se pintaba en los semblantes”, transformando “el pueblo en un grande cementerio”. Ante este panorama desolador, muchos vecinos comenzaron a abandonar la ciudad buscando refugio en otros lugares más saludables, entre ellos algunas autoridades como los concejales Diego Melgares Martínez y Agustín Sánchez Cortés, el componente de la Junta de Beneficencia Juan Nougarou, el procurador Pedro Jaén y Briceño y el promotor fiscal del Juzgado Antonio Gómez López (cesado por esta causa el 11 de agosto). No obstante, el caso más escandaloso fue el del médico y también concejal y miembro de las Juntas de Sanidad y Beneficencia Miguel Jiménez de Cisneros que huyó de la población en la noche del 29 “dejando en el abandono todo un distrito de enfermos”, lo que pudo solucionarse gracias a la infatigable labor de los médicos restantes y a la ayuda desinteresada del doctor Juan Francisco Quilez y Hoz, que se hallaba en Cehegín en espera de destino. Jiménez de Cisneros fue destituido por su deshonrosa acción el 2 de agosto.
Paralelamente también se fueron produciendo muertes entre las autoridades, destacando la del Juez de primera instancia Pedro Alaiz de Quiñones que tuvo lugar el 29 de julio y la del alcalde José María de Aznar y Reina en la madrugada del 2 de agosto, sucesos que fueron recogidos por la prensa nacional evidenciando la gravedad de la situación: “En Caravaca son también grandes los estragos. Varios individuos del ayuntamiento han sucumbido, y otros estaban agonizando. La falta de recursos agrava los horrores de la epidemia”.
A pesar de los fallecimientos y huidas, no hubo desordenes ni vacío de poder, permaneciendo en sus puestos el resto del personal que redobló sus esfuerzos, manteniéndose así hasta mediados de agosto en que empezó a remitir, terminando por desapareciendo en septiembre, aunque durante su primera semana todavía se produjeron tres fallecimientos más. Para agradecer las buenas noticias el 28 de agosto “se cantó el Te-Deum en acción de gracias al Todopoderoso por haber extendido al fin su misericordia divina, hacia sus afligidos moradores”.
El 30 de agosto el periódico El Liberal Murciano publicó una extensa carta firmada con las iniciales J.M.T. en la que narra con todo detalle lo sucedido, elogiando la labor de cuantas personas e instituciones, no solo de Caravaca sino también de la vecina Cehegín cuyo ejemplo de colaboración y generosidad fue extraordinario, colaboraron para combatir la epidemia. Por su parte, el abogado caravaqueño Juan Ramón Godínez hizo lo propio en una carta fechada el 21 de agosto que fue publicada en el diario de tirada nacional “El Clamor Público” el 1 de septiembre, en la que nos ofrece el siguiente balance: “El resultado de tan terrible catástrofe es imponente, atendido el reducido número de 1,621 vecinos que se cuentan en el casco de la población. Las invasiones han ascendido al excesivo número de 1,400, y de ellas hay escritos en las lápidas de nuestras tumbas 630 nombres que se ofrecen como despojos descansando en el lecho de la eternidad”. Gregorio Sánchez Romero en un artículo dedicado a este tema rebaja el número de fallecidos a 550.
El 13 de septiembre llegó la notificación de la concesión de 50.000 reales (40.000 del Gobierno y 10.000 de los bienes personales de la reina) para los gastos de la epidemia en toda la provincia, correspondiendo a Caravaca 3.750, cantidad a todas luces insuficiente, ya que el total de dinero invertido por el consistorio fue de 38.276 reales y 12 maravedís.

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