ENRIQUE FUENTES/CONCEJAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE CARAVACA
En las últimas semanas son muchos los políticos, sobre todo de la derecha y de la extrema derecha, que con palabras muy gruesas están pidiendo la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por expresar en un medio de comunicación extranjero que, en beneficio de nuestra salud, conviene reducir el consumo de carne. A esto, algo tan cierto y obvio que, además, está avalado por la ciencia, el ministro añadía que las macrogranjas contaminan y producen carne de menor calidad que en la ganadería extensiva.
En esta campaña interesada de lapidación, no han faltado puestas en escena engañosas, como la de Pablo Casado que, sin escrúpulos, para apoyar las macrogranjas de ganadería intensiva ha posado ante las cámaras de televisión en una explotación de ganadería extensiva — del modelo opuesto, de esas que defiende el ministro Garzón, la Unión Europea y buena parte de la sociedad—. Tampoco podía faltar en esta polémica el Sr. García, Alcalde de Caravaca de la Cruz, que ha calificado al ministro de “gentuza que nos odia”, lo que evidencia, una vez más, que la mala educación sigue presente en sus intervenciones, tal como nos tiene acostumbrados.
La mayor amenaza para el sector ganadero, lejos de ser las palabras del ministro, que no han tenido repercusión fuera de España, son los bajos precios, en parte provocados precisamente por las macrogranjas. Por eso es perversa la actitud hipócrita del PP y de Vox, erigiéndose aparentemente en defensa del sector ganadero, cuando el pasado tres de diciembre votaron en contra de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas para que nuestros ganaderos y agricultores puedan percibir un precio justo por sus productos.
Sobre la reducción del consumo de carne en aras a una alimentación saludable no hay discusión posible. Según el informe de consumo alimentario en España 2020, los españoles consumimos más de 1 kg de carne a la semana, más del doble que lo recomendado por la Organización Mundial para la Salud, que aconseja no superar los 500 g semanales. En similares términos se pronuncia la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que recomienda comer entre 200 y 500 g de carne semanales.
Respecto al modelo de ganadería industrial de las macrogranjas, no solo molesta de manera extraordinaria a los vecinos que viven cerca, también descuida el bienestar animal, perjudica al medio ambiente por la contaminación de los acuíferos, emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, etc. Así está comúnmente reconocido, incluso por la Comisión Europea, que va a llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por la deficiente aplicación de la Directiva sobre Nitratos ante las malas prácticas agropecuarias (véase, entre muchos ejemplos, el estado del Mar Menor y buena parte de los acuíferos de nuestra comarca). A pesar de ello, las macrogranjas están aumentando considerablemente en España en detrimento del modelo tradicional de ganadería extensiva como el de nuestro ovino segureño, más integrado en el territorio, más sostenible medioambientalmente y más generador de empleo y de mayor calidad, pues contribuye a disminuir la lacra del despoblamiento rural.
La derecha, aunque cuando gobierna no se atreve a echar para atrás las conquistas sociales sobre las que vota en contra, siempre va por detrás en las consecuciones y avances de nuestra sociedad; véase cómo se opuso en su día a las leyes del divorcio, de la interrupción del embarazo, del matrimonio entre personas del mismo sexo, o incluso a la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. La sociedad española ha demostrado ir siempre por delante, a pesar de los intentos de retroceso que vocea la derecha. Ahora se trata del discurso retrógrado de algunos políticos sobre las macrogranjas que, cual marionetas, se pliegan a los intereses del lobby de la industria cárnica, ese que no tiene en cuenta ni la salud ni el bienestar animal ni la fijación de las familias al territorio ni la opinión de muchos ciudadanos entre los que, a menudo, se encuentran simpatizantes suyos. Confiemos en que pronto se repita la historia y, una vez más, tengan que tragarse sus gruesas palabras de discurso cortoplacista de pocas miras y terminen asumiendo por obvio, o por imposición de la Unión Europea, que es necesario poner coto a las macrogranjas intensivas.
Cada vez son más los consumidores que pretenden una alimentación saludable, que buscan productos procedentes de explotaciones sostenibles respetuosas con el medio ambiente; en su capacidad de seleccionar y elegir los productos a consumir, se encuentra buena parte de la solución del problema. También en ellos está la decisión de elegir en las urnas a los políticos que defienden las macrogranjas que vacían de gente a los pueblos, o a los que protegen y defienden al ganadero que cuida de sus animales y respeta el territorio y a sus gentes en un medio rural sostenible.
