JAIME PARRA

“Mi hijo ha cumplido 21 años y ya no ha puede continuar en ASCRUZ. Mi única opción es meterlo en un centro ocupacional como Apcom, ya que vivo sola con mis dos hijos, estoy divorciada, y mi trabajo es de ocho a diez horas. ¿Qué hago yo con mi hijo cuando vaya trabajar? Si contrato a alguien que lo cuide todas esas horas, al final trabajo para él, porque con 200 euros que me dan en Dependencia cómo le pago a alguien diez horas”.

Quien habla es una de las madres, de Moratalla, de alumnos del colegio de educación especial ASCRUZ que han finalizado su etapa allí (hasta los 21 años aunque a partir de los 16 sus padres pueden solicitar su entrada a un centro de día) y que se encuentran con que Apcom, el centro que les correspondería para esta nueva etapa ha superado el límite de personas que puede admitir y cuenta con una lista de espera importante. Lleva así desde el verano, “y lo que me queda”, aunque no se resigna.

Actualmente son 19 las personas afectadas, 6 están a la espera de un módulo formativo, 2 para el centro de día, 4 para el centro ocupacional, 2 para residencia, además de otras 5 personas que, aunque no han cumplido aún los 21 años, pueden continuar en Ascruz pero que han solicitado acudir a aulas abiertas.

Hablamos, explican, de un derecho garantizado por la Ley de Dependencia. “La propia palabra dependiente lo dice todo. Nuestros hijos deben tener supervisión las 24 horas y como madres tenemos que acudir a nuestros trabajos. Pero es que además cada día que no acuden para ellos supone una involución, ya que requieren de logopedia, fisioterapia… Vamos a olvidarnos de las familias, es que en unos meses se tiran por la borda 21 años de trabajo”.

Desde Plena Inclusión, la federación de asociaciones de familias de personas con discapacidad Intelectual, señalan que en Apcom no hay espacio ni capacidad económica para más plazas; desde el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) les aseguran que existen en la región otros centros a los que podrían acudir. “Yo a mi hija con discapacidad no la puedo montar en un autobús y mandarla a Cartagena. Ni tampoco puedo quedarme allí en un banco sentada esperándola las seis horas”, explica otra madre, aunque todas las demás coinciden en que la opción no es realista.

Desde hace unos meses recogen firmas de ciudadanos mostrándoles su apoyo, al igual que se lo muestran las autoridades locales, pero todo depende del Instituto Murciano de Acción Social, a quien han solicitado una cita con su gerente y de quien de momento no tienen respuesta. “Nuestros hijos necesitan un centro y una terapia. Ese es su derecho y tienen que concedérselo”.