Instituciones transparentes

JOSÉ MOLINA MOLINA
La sociedad observa con atención los indicadores, algunos como los económicos nos llevan de cabeza, en especial los que ponen en evidencia las carencias de los ciudadanos, el índice paro, de pobreza, los sanitarios, educativos, dependencia, los de género, y los de transparencia. Todos ellos forman un mapa del comportamiento de la sociedad y sus efectos sobre la vida real de los ciudadanos y se puede analizar el funcionamiento de sus instituciones, su eficacia o ineficiencia, su comportamiento ético, o las corruptelas vigentes, aquello que los políticos y la Administración Pública hacen bien, o es manifiestamente repudiable.
Es por ello que Transparencia Internacional, consciente de esa preocupación ciudadana lleva desde hace tiempo utilizando procedimientos que miden el Índice de Transparencia de las Administraciones Públicas. Son muy conocidos los índices de Corrupción Internacional, los de los principales Ayuntamientos, los de las Diputaciones, Parlamentos y el de las Comunidades Autónomas, se puede entrar para profundizar en datos en su página Web: www.transparencia.es . El pasado 17 de julio, se publicó el resultado del índice de transparencia de las Comunidades Autónomas, es su tercera edición, y se miden seis áreas relevantes de la actividad de gobierno. Medir y divulgar los resultados es una tarea muy educativa. Para los que obtienen buena nota, es un estímulo, y para los que suspenden, deben esforzarse por superar el nivel, porque suspender en gestión, es una carga que soportamos los ciudadanos en deficiencia de los servicio públicos.
Las comunidades autónomas que ocupan los puestos inferiores del ranking, son: Madrid, Murcia y Canarias. Esta mala puntuación es relevante, porque de las 17 CCAA, ocho de ellas han tenido nota de sobresaliente, con lo cual las que han suspendido quedan en peor situación. La transparencia económica, sigue siendo el área peor puntuada, se informa mal y se facilitan pocos datos. Es un área de mucha opacidad, sin embargo, se va mejorando en ordenación del territorio, política urbanística, de obra pública y la relación con los ciudadanos.
Hay que resaltar, que ante la mala imagen y la deficiente calificación, el Gobierno de la Región de Murcia, está reaccionando con dos medidas, por un lado, ha publicado las nóminas de los consejeros y altos cargos de la administración regional, y por otro, se está poniendo en marcha el proyecto de ley de Transparencia Económica de la Región. El Parlamento ha impulsado la Comisión que lo estudia y ya han pasado para informar diferentes expertos y colectivos representativos. Pero estas dos medidas, son insuficientes. Por ejemplo, sabemos los sueldos de los altos cargos, pero desconocemos las dietas que perciben, los gastos de representación que realizan directamente o indirectamente, como puede ser el consumo del teléfono móvil oficial. Al igual, que conocer el número de vehículos del parque móvil, es un dato, pero desconocemos la utilización y el costo de lo que consumen los altos cargos por este concepto. A veces se comenta que a la puerta de ….habían más de cuatro coches oficiales, con sus conductores, lo cual es muy mal ejemplo para los ciudadanos cuando muchos están procurando ir juntos en trayectos para ahorrar en gasto de desplazamiento.
Otro ejemplo, no se publican las directrices, ni las memorias e informes que deben acompañar las iniciativas legales, cosa que no se comprende. Ni se publican datos sobre la calidad y evaluación de los servicios y de las políticas públicas de la Administración Regional. No conocemos con detalle la evolución de la Deuda y las políticas de financiación. Tampoco se publican las Actas de las Mesas de Contratación. Ni los contratos, Ni los informes internos de los Órganos de asesoramiento jurídico y de la Intervención, una vez que son definitivos.
Los ciudadanos nos sorprendemos de los males de nuestra Administraciones Públicas, cuando sus gestores traspasan las líneas rojas en el desempeño de sus funciones. Las espaldas de los ciudadanos soportan demasiado peso con los más de ochocientos casos de corrupción en toda España, no todos judicializados, ni concluidos, y con más de dos mil detenidos, hasta ahora. Es un mal endémico que ha deteriorado la imagen de los políticos y de la política, y en esta región, por desgracia, ha germinado en exceso la semilla del despotismo que con impunidad ha practicado el poder.
Es el nuevo caciquismo del siglo XXI que vive agazapado en los entresijos de un sistema de descontrol autonómico y local. Es la confusión absoluta de lo público y lo privado, sufriendo en consecuencia un anquilosamiento de nuestras estructuras regionales. Está demostrado que a más corrupción, menos desarrollo.
Los primeros responsables, son las estructuras orgánicas de poder de las organizaciones políticas. Pero no olvidemos, que no hay corruptos sin corruptores, y estos surgen de los mal llamados empresarios o profesionales del lobby, que sin principios éticos se introducen por las puertas falsas del sistema. Tengamos bien claro, que corrupto es tanto el que permite esta situación, como el que lo apoya y no lo denuncia. Es momento de recordar lo que cantábamos coreando con Joan Báez: “Si no luchas por acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”. Por eso con ilusión, tenemos que unir nuestras fuerzas para expulsar de la vida pública, a corruptos y corruptores, porque tenemos que ser “igual que el pino junto a la ribera”, ¡no nos moverán!
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Transparencia Internacional. Es autor de: Ciudadano y Gasto Público. 3ª edición (2014). Editorial Aranzadi