Germán M. Teruel Lozano/Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia
Las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo serán el primer hito de lo que probablemente sea un nuevo ciclo político. Estos comicios no sólo servirán para “repartir” el poder territorial en 12 comunidades autónomas -con la excepción de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia y Castilla y León- y en todos los municipios de nuestro país, sino que, más allá, probablemente identifiquen una tendencia de voto para las elecciones nacionales que se esperan para antes de que finalice este año y, quizá, marquen también el “tono” de lo que vaya a ser este nuevo ciclo político en relación con los posibles pactos y alianzas de gobierno. Esto último resulta de especial importancia en un contexto de fragmentación política como el que estamos viviendo.
El ciclo político que ahora está llegando a su fin se ha visto en buena medida marcado por la polarización política, debida, entre otras causas, al viraje de los partidos “de centro” (PSOE y PP) hacía los respectivos extremos. Precisamente, fue el fracaso de Ciudadanos como partido potencialmente “bisagra” el que propició el realineamiento en dos grandes bloques enfrentados. Algo que ha terminado dejando un centro político en barbecho. Lo que Ignacio Varela identificó lúcidamente como la “hermandad de los huérfanos políticos”.
De hecho, la Región de Murcia ha sido un ejemplo paradigmático de la expresión más nociva de este ciclo. Fue sangrante que, tras las elecciones de 2019, habiendo sido el PSRM-PSOE la fuerza política más votada y sumando mayoría sólo con Ciudadanos, este último partido optara por entregar el gobierno al PP, con el concurso de Vox, favoreciendo así el mantenimiento de un gobierno hegemónico de más de dos décadas en contra de lo que habían sido sus promesas de campaña. Además, fue también en Murcia donde pronto empezamos a vivir turbulencias parlamentarias en la Asamblea Regional. El primer sobresalto lo dieron los diputados de Vox, una mayoría de los cuales terminó siendo expulsada del partido. Más tarde, vino la moción de censura fallida y el desmembramiento del grupo parlamentario de Ciudadanos. Desde ese momento, la gobernabilidad de la Región ha dependido de varios diputados tránsfugas de Vox y de Ciudadanos. El tono general de esta legislatura ha sido así bastante agrio, rodeado de polémicas y de enfrentamientos, y los resultados han sido paupérrimos.
El contraste en nuestra Región con la legislatura anterior (2015-2019) es abrumador. Entonces, el PP, al que le había faltado un escaño para alcanzar la mayoría absoluta, también gobernó gracias al apoyo de Ciudadanos. Pero, en aquella ocasión, este apoyo fue clave para dotar a esa legislatura de una impronta constructiva. Así, por ejemplo, como broche a la legislatura se aprobó por unanimidad una reforma del Estatuto de Autonomía de la Región; se forzó la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez a consecuencia de su imputación; y se aprobó, también por unanimidad, una importante reforma electoral, que había sido impulsada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Entre otras medidas, esta reforma consiguió mejorar la representatividad de nuestro sistema que, hasta el momento, había estado fuertemente sesgado a favor de los principales partidos, que se veían beneficiados por el juego de las reglas electorales. En particular, había dos factores especialmente distorsionadores: por un lado, la elevada barrera electoral (que estaba situada en el 5% y se rebajó al 3%), y, por otro, la circunscripción electoral, que pasó de comarcal (antes los diputados se elegían distribuidos 5 comarcas: Lorca, Cartagena, Murcia, Noroeste y Altiplano) a circunscripción única en toda la Región (ahora todos los murcianos elegimos a los 45 diputados autonómicos). Esta última medida puede suscitar alguna suspicacia en determinados territorios, particularmente los menos poblados como el Altiplano o el Noroeste, que han podido sentir que han perdido “sus” diputados autonómicos. Pero, lo cierto, es que la realidad demuestra que nunca fueron “sus” diputados, ya que, al final, la férrea disciplina de partido se imponía siempre a la posibilidad de dar voz autónoma a los territorios. Además, la reforma de la ley electoral también introdujo otras medidas como la obligatoriedad de que se celebre al menos un debate electoral.
Así las cosas, comparando las dos legislaturas anteriores se observa con claridad como la fragmentación política, es decir, que exista una variedad de partidos, no tiene por qué ser mala, al contrario. Salir del bipartidisimo puede ser enriquecedor. Ahora bien, hay que saber jugar las cartas. Un diputado (o un concejal), bien empleado, si es clave para la gobernabilidad, puede marcar el tono de una legislatura y, más en general, de un ciclo político. Puede servir para construir o para agriar; para ayudar a forjar consensos o para generar discordia. Además, los grandes partidos tendrían que hacer un esfuerzo por entenderse allí donde sea necesario, no sólo para alcanzar grandes pactos de Estado, sino también para facilitar la gobernabilidad evitando que el adversario tenga que entregarse a los extremos.
Pues bien, ojalá que estas elecciones autonómicas y municipales nos sirvan de ensayo para cambiar el “tono” político y que, en los próximos años, primen los ejemplos de leal cooperación y de respeto institucional. Que se recupere algo de moderación y de sensatez para nuestra política.
