JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS RUBIO/COORDINADOR DE IU-VERDES REGIÓN DE MURCIA

La movilización ciudadana (recuerdan la campaña “100 VIDAS”) fue la catalizadora, tras cinco años de presupuestos incumplidos, elecciones mediante, del impulso final que activó el detonante definitivo para que el Ayuntamiento y la Consejería movieran ficha y se aprobara por el Consejo de Gobierno de la CARM, en abril de 2021, el proyecto de ampliación del Hospital del Noroeste por valor de 3,6 millones de euros, adjudicado a la empresa Añil Servicios Ingeniería y obras S.A.U. por 3.166.926 euros en noviembre.

Dieciséis meses de ejecución por delante para hacer realidad una reivindicación necesaria y largamente solicitada que situara el maltrecho servicio público sanitario de la Comarca del Noroeste en un lugar más digno de dicho nombre.

Sin embargo, el pasado mes de marzo, con apenas tres meses de trabajo, las obras se paralizaron, hasta hoy. El motivo aducido por la empresa es el incremento de los costes de los materiales de construcción debido a la crisis inflacionista y energética que estamos padeciendo y que ha encarecido el proyecto hasta hacerlo inviable por el precio licitado.

Tras cuatro meses de paralización de las obras y sin perspectiva inmediata a la vista, la exigencia necesaria es pedir explicaciones públicas al SMS y a la Consejería de Salud sobre todo cuando todo apunta, según información periodística, a la resolución del contrato y una nueva adjudicación, con todo lo que ello conlleva.

A partir de aquí surgen las preguntas que deberían ser aclaradas desde la administración regional. ¿Ha solicitado la empresa la revisión del contrato por motivo del sobrecoste de los materiales al amparo del mecanismo aprobado por el gobierno central? Dicho mecanismo, que autoriza a las administraciones públicas a revisar los contratos de obra pública a partir de un incremento del 5% del precio de adjudicación, fue aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez el dos de marzo y está en vigor en nuestra región desde principios de abril.

Sin embargo, la empresa parece no haber puesto en marcha este mecanismo y sí su intención de resolver el contrato. ¿Responde esta intención a otras dificultades surgidas en la ejecución del proyecto? De ser así, esto no diría mucho en favor de la empresa adjudicataria, ya que durante el proceso de licitación tuvo que presentar un estudio del contenido del proyecto que incluía el análisis del planteamiento de ejecución y procesos constructivos de la obra obteniendo, además, la mayor puntuación por ello de los cinco licitantes. Tampoco diría mucho en favor de la propia administración ni del propio proyecto si la paralización se debiera a la necesidad de una revisión integral, o al menos sustancial, del mismo, en cuyo caso las explicaciones deberían ser más amplias, urgentes y necesarias.

Que la empresa pública estatal TRAGSA aparezca también en las informaciones como alternativa a considerar por la administración para hacerse cargo de la obra, más bien sugiere esto último atendiendo a una de las funciones que le son propias cual es “la realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la urgencia en relación con contratos respecto de los que, por un incumplimiento del contratista, se haya incoado un procedimiento de resolución”.

Lo que no cabe duda es que el Gobierno Regional no puede aplazar, sine díe, la solución a esta situación dejando la obra paralizada, lo que sería añadir una complicación más a las ya numerosas dificultades para el buen funcionamiento del hospital, como tampoco obviar las explicaciones oportunas a la ciudadanía y menos caer en la tentación electoralista de hacer cualquier intervención en las obras paralizadas que aún complique más las cosas. Veremos.