Rosario Sánchez González
Se suele apuntar que “la integración laboral es cosa de todos” pero sus beneficios no sólo repercuten en las personas con discapacidad así c
omo en el conjunto de la sociedad.
Laboralmente hablando, la realidad española se caracteriza por un alto déficit en empleabilidad, actividad y empleo de personas con discapacidad con respecto a otros países de la Unión Europea.
Lo más destacable de este colectivo es su baja participación, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el Empleo de las personas con discapacidad, 2008-2010). Según aumenta la intensidad de la discapacidad disminuye también su tasa de actividad, siendo las personas con discapacidad intelectual las que se encuentran con unas de las tasas de actividad más bajas. La mayor parte de estas personas se encuentran percibiendo una pensión (contributiva o no contributiva) y son atendidas en centros de día.
Desde las administraciones públicas se han venido incentivando iniciativas que contribuyeran a conseguir puestos de trabajo para estos colectivos. Así, se han subvencionando programas de empleo con apoyo y centros especiales de empleo, que han permitido que muchas personas tuvieran acceso al mercado laboral a través de un empleo y participaran activamente en el mercado de trabajo. Esto ha supuesto el paso de las personas con discapacidad como miembros receptores de ayudas, prestaciones y servicios a miembros activos, que cotizan a la seguridad social y que obtienen un salario que les va a permitir adquirir bienes y servicios de la comunidad.
Cada vez las subvenciones son menores, en ocasiones por los recortes en las partidas presupuestarias destinadas por la administración y en otros casos por la eliminación de programas de subvenciones debido a la situación económica. Los servicios de empleo, que dependen exclusivamente de subvenciones, atraviesan por una etapa difícil. En este momento se hace especialmente importante demostrar que las subvenciones y ayudas que se reciben no son a fondo perdido, sino que hay un retorno económico con el consiguiente ahorro para la administración.
Un Informe elaborado recientemente concluye que de cada €uro invertido en centro especial de empleo se generan 2,07 €, de éstos,
-0,37 € vuelven a la administración vía impuestos,
-0,91 van destinados a salarios de personas con discapacidad y
-0,81 repercuten directamente en el desarrollo de la comunidad vía salarios de trabajadores sin discapacidad y por su contribución a la actividad económica mediante compras de materiales o productos, o contratación de servicios necesarios para la producción o actividad del centro especial de empleo.
Los centros especiales de empleo posibilitan a las personas con discapacidad el desarrollo de un trabajo, valorado y reconocido, que a la vez les aporta oportunidades reales de desarrollo profesional y de participación plena en la sociedad, además contribuye al desarrollo económico y social de la comunidad en la que se encuentra el mismo.
Simplificando, que las personas con discapacidad que están trabajando, además de ejercer sus derechos, perciben un salario con el que pagan sus impuestos a la administración pública como cualquier ciudadano y con el que invierten en la comunidad a través de las correspondientes compras que como cualquier miembro de la sociedad realizamos diariamente.
Por otro lado, el propio centro especial de empleo es una “empresa” que ha de abastecerse en cuanto a compras de materiales, consumibles, … como puede ser material de oficina, reparaciones en instalaciones, gastos de limpieza, material consumible necesario para el desarrollo de la actividad (en nuestro caso herramientas, productos y materiales de jardinería), gastos de asesoría y administración, en la que además de los trabajadores con discapacidad son necesarios otros trabajadores como monitores, encargados y profesionales de apoyo… Todo ello tiene un impacto directo en el desarrollo económico de la Comunidad.
Además de éstos hay otros ahorros indirectos que la actividad de los centros especiales de empleo suponen para los diferentes Sistemas de Protección Social (Salud, Pensiones, Desempleo, Servicios Sociales…): el hecho de que estas personas desarrollen su actividad laboral en un centro especial de empleo contribuye a su desarrollo en las distintas dimensiones de calidad de vida, y al mantenimiento de sus máximos niveles de autonomía, evitando el deterioro de sus capacidades. No disponer de esta oportunidad de desarrollo en el ámbito laboral, impacta directamente en un sobrecoste para los distintos Sistemas de Protección Social y en una mayor demanda de prestaciones y servicios de corte asistencial.
Por tanto, los beneficios de los centros especiales de empleo, sociales, laborales y económicos, vienen dados tanto por el retorno económico de la inversión pública que se hace en ellos como por el ahorro que la actividad de los centros especiales de empleo producen.
La Asociación APCOM cuenta con un Centro Especial de Empleo, ECOJARDÍN, que está funcionando desde 1998 y en el que actualmente se encuentran trabajando 20 personas, 17 de ellas con discapacidad. Se dedica a la actividad de jardinería, vivero e invernadero, cuenta con un Enclave Laboral con el Periódico El Noroeste y estamos en proceso de creación de una nueva línea de actividad de BIOMASA para la elaboración de pellet para calefacción.
Con el apoyo de todos seguiremos creando oportunidades y contribuyendo al desarrollo de nuestra Comunidad.
