PARTIDO POPULAR CARAVACA

El Grupo Municipal del Partido Popular en Caravaca de la Cruz lleva al próximo Pleno ordinario del 29 de junio una moción en la que insta al gobierno de España a flexibilizar la normativa colaborando con las administraciones locales mediante la transferencia del importe recaudado en cada municipio por las sanciones impuestas durante el estado de alarma para poder paliar los gastos ocasionados por el COVID- 19.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Santiago Villa, ha declarado que  “los ayuntamientos constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada para ejercerlas”.

Esta pandemia ha provocado una crisis de terribles consecuencias que ha acentuado el problema de la infrafinanciación de los ayuntamientos, según ha informado Villa. “Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la economía española el ayuntamiento ha experimentado una mayor afluencia de sus vecinos a los servicios sociales, un aumento en el número de ayudas  solicitadas y también un mayor número de vecinos y familias que acuden a los bancos de alimentos porque no los pueden adquirir por haber visto reducidos sus ingresos, por lo que solicitamos al Estado flexibilización y colaboración para atender estos servicios extraordinarios”, ha añadido.

Ingreso mínimo vital

Otra moción presentada por el Grupo Popular insta al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes.

Ante la situación actual el Gobierno de España ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, un nueva prestación de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente y que, según el propio gobierno, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

“Pero el gobierno de España no ha consensuado esta medida con las comunidades autónomas ni con las entidades locales ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha explicado Villa, quien ha añadido que “también sabemos que País Vasco, Navarra y Cataluña podrán gestionar esta nueva prestación. Un agravio comparativo entre ciudadanos de unas y otras comunidades que contradice la igualdad entre españoles consagrada por la Constitución Española”.

“Este ingreso, por tanto, tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando las comunidades autónomas, como en el caso de la Región de Murcia la Renta Básica, y las entidades locales, y por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a las comunidades y entidades locales para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen”, ha finalizado Villa.