ALFONSO MARTÍNEZ BAÑOS/DIPUTADO SOCIALISTA EN LA ASAMBLEA REGIONAL
Se da la paradoja de que, mientras nuestra región es la tercera que más crece en población (en el periodo 1975 a 2020 hemos crecido un 70,25%, pasando de 883.768 a 1.504.607 habitantes) varios pequeños municipios y pedanías no han dejado de envejecer y perder población. Ojos, Albudeite, Campos del Rio, Ricote, Pliego, Villanueva del Rio Segura, Ulea, Librilla, Aledo o las pedanías de Moratalla, Lorca, Caravaca, Bullas y otros muchos municipios. Existe un riesgo real de desaparición de una buena parte de estos municipios y pedanías en las próximas décadas.
En definitiva, es la consecuencia de dos procesos que se contraponen: uno de concentración de personas y actividad en las grandes áreas urbanas; y otro de declive, especialmente en zonas rurales. Este desequilibrio genera desigualdad entre territorios y personas que es imprescindible corregir. Desequilibrio que se ha generado durante décadas como consecuencia de los cambios económicos y sociales, a los que las administraciones públicas no han sabido dar respuesta, que se materializan en la diferencia de oportunidades para unos y otros en función de su residencia.
El marco legislativo de nuestro país otorga a las Comunidades Autónomas casi todas las competencias en materia de ordenación del territorio, servicios públicos fundamentales, economía, etc. Es decir, aquellas materias en las que se tiene que actuar para corregir estos desequilibrios a través de la cohesión territorial y social. Sin embargo, nuestra Comunidad Autónoma, al menos hasta la fecha, no ha sido capaz de hacer frente a este desafío. Ya en el año 2015, cuando alcaldesas y alcaldes empezaron a advertir del envejecimiento y despoblación de sus territorios, el Gobierno regional presupuestó 300.000 euros para elaborar un plan con el que revertir esta situación. Han pasado seis años, ni tenemos plan, ni se ha puesto en marcha ni una sola medida. Todo son promesas, que año tras año el Gobierno regional incumple.
En el año 2016, el PSRM creó un grupo de trabajo, con alcaldesas y alcaldes de municipios que sufren esta situación, que concluyó en un documento en el que se recogían un conjunto de medidas a implantar por las administraciones regional y nacional. Documento que fue elevado por el Grupo Parlamentario Socialista al pleno de la Asamblea Regional y aprobado por unanimidad. Tengo que decir que ninguna de aquellas medidas que, repito, se aprobaron por unanimidad, han sido puestas en marcha por el Gobierno regional.
La despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales es un problema que, en mayor o menor medida, sufren todas las regiones de España. Sin bien, en unos sitios se combate con mayor intensidad y convicción que en otros. En cualquier caso, el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, desde el minuto uno tuvo claro que estábamos ante un reto prioritario. Que como país no podemos avanzar si no lo hacemos juntos. Por ello, más allá del ámbito competencial, puso en marcha un amplísimo plan de medidas ante el reto demográfico. Un plan que pretende dar apoyo a las comunidades con población decreciente para atajar la desigualdad, orientando la acción hacia los pequeños municipios y las áreas rurales. Se trata de poner en marcha inversiones transformadoras para favorecer la movilidad, la conectividad con el mundo global, el desarrollo económico sostenible, la educación. En definitiva, apostar por un nuevo modelo productivo y territorial con el que conseguir un mayor equilibrio territorial y una mayor equidad social.
Un plan interministerial que está plenamente integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que cuenta con 10 ejes de actuación y 136 medidas concretas, que estará financiado con los Fondos Nex Generatión de la Unión Europea. El impulso a la transición ecológica, la digitalización y conectividad, el desarrollo del territorio, el impulso al turismo sostenible, la igualdad de derechos de las mujeres y los jóvenes, el fomento del emprendimiento y la actividad empresarial, el refuerzo de los servicios públicos. Pero también la educación, la sanidad, los servicios sociales, la descentralización, la promoción de la cultura o la reforma de las instituciones para abordar el reto demográfico, son algunas de las medidas que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios.
