JOSÉ ANTONIO MELGARES/CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
La más antigua información de que dispongo en mis archivos sobre la antigüedad de la alameda de entrada o salida de la ciudad en dirección a Cehegín y Murcia, o hacia Madrid y Levante por Calasparra, afirma que los plátanos que la componen fueron plantados en el año 1899, y ello según noticia aportada por un informante anónimo que trabajó personalmente en la plantación y que vivía en la finca “La Caldaera”, ubicada en las proximidades de El Canal del Taibilla. La información se recoge en la actualización de los planos levantados por el ayudante de obras públicas de Cehegín José Morote, que llevó a cabo el militar Marco Antonio de Meceno, cuando se roturó el espacio para la construcción del puente sobre el río Argos y el nuevo trazado de la actual carretera donde se encuentra la alameda.
Desde entonces los árboles crecieron y vivieron en paz, aportando sombra al viajero que hacía el camino a pie, en carro o a caballo. La discusión sobre su conveniencia vino mucho después, cuando el progreso, montado sobre el tráfico rodado en vehículo a motor, comenzó a necesitar más espacio y las velocidades encontraron en los árboles sus peores enemigos.
El dilema, según los datos que obran en mi poder, comenzó en 1975, años después de la tala indiscriminada en “Los Andenes” ocurrida en los años sesenta, de la que nadie protestó, pues no era tiempos en que las protestas eran bien vistas desde el punto de vista político.
El cronista recuerda haber visto más de un “recuerdo funerario” en sus márgenes, consistente en una cruz de piedra con el nombre y la fecha de quien dejó allí su vida en accidente mortal. El 2 de febrero de 1974 falleció, víctima de un choque frontal en un árbol de la alameda en cuestión el oftalmólogo de reconocida fama Dr. Miguel Robles Sánchez-Cortés, lo que motivó una corriente de opinión desfavorable hacia la misma. En fecha indeterminada que no puedo precisar corrió una octavilla impresa a multicopista, protestando por el proyecto de tala de árboles en la carretera de Granada, en la que se afirmaba textualmente: “Maldita casualidad que, pudiéndose ensanchar la carretera y construir aceras sin necesidad de cortar los árboles, estén empeñados en hacerlos desaparecer”. El escrito al que me refiero comenzaba diciendo: “Quieren cortar los árboles de la carretera de Granada. ¿¿Porqué??” y en él se convocaba a la población a un debate sobre el tema, a celebrar “el próximo viernes por la tarde” (¿?) en el Instituto Nacional de Bachillerato (entonces aún sin nombre), al que los organizadores decían haber invitado al alcalde, a la sazón Mariano Rigabert Girón.
Con fecha 4 de abril de 1975, el departamento de Geografía del desaparecido Centro de Estudios Caravaqueños, que dirigía entonces Juan Montiel Vila, dirigió escrito al Ayuntamiento que en esas fechas programaba la tala de los árboles de la carretera de Murcia. En el mismo se proponían soluciones alternativas a la tala proyectada, entre ellas limitar la velocidad de los vehículos en el tramo de la misma, o construir una vía paralela en el espacio por donde en su día corrió el ferrocarril.
La cosa quedó en fase de proyecto sin pasar a más, seguramente por la interinidad moral en que había entrado el Concejo tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975, y el previsible cambio de régimen político. La sensibilización social hacía los árboles, sin embargo, ya era una realidad.
En febrero de 1978 volvió a reverdecer el tema de la tala de la ya única alameda de acceso al casco urbano. En esta ocasión comenzaba a construirse el actual parque empresarial, y la empresa “Autocar S.A.” había solicitado autorización al Ayuntamiento para talar seis árboles que impedían el cómodo acceso de vehículos de gran tonelaje al lugar.
La polémica, en la que intervino la Dirección Provincial de Cultura y el Museo de Murcia se avivó avalada por escritos en la prensa, originales de María Amparo Martínez Cuadrado, Antonio Robles Martínez, Pedro Luís Angosto Vélez, Esteban López García, Clemente García López, Santos Olmos García, Raimundo Martínez y Miguel San Nicolás del Toro, además de los corresponsales entonces de “La Verdad”, “Línea” y “Hoja del Lunes”, López Marín, Juan García Talavera y Francisco Martínez Mirete respectivamente. La cuestión fundamental era el precedente que se sentaría en el caso de autorizar la tala selectiva pues ¿con que criterio se le negaría a otras empresas hacer lo mismo en lo sucesivo? La empresa, por su parte hizo valer argumentos relacionados con los puestos de trabajo que iba a crear y el desarrollo económico que experimentaría la ciudad gracias a aquella nueva actividad industrial.
Finalmente, a finales del verano de 1979 se autorizó la tala solicitada por “Autocar S.A.” cuando las competencias en la materia pasaron desde la Dirección General de Patrimonio Histórico a la Jefatura Provincial de Carreteras. De ello dio explicación por escrito al pueblo, la Corporación Municipal que presidía Pedro García-Esteller Guerrero.
De nuevo la polémica se agudizó ese año tras dos accidentes habidos en la alameda en cuestión. Uno en enero de 1979 sin consecuencias mortales, y otro el 15 de octubre, en que resultaron muertos tres hermanos (Eulalia, Enrique y Simón López García), cuando el coche “Seat 127” en que regresaban de Cartagena a Caravaca se estrelló contra uno de los árboles. En abril del año siguiente, los árboles de la alameda se cobraron una nueva vida, la de la joven Reme Raigal Fernández, en accidente en el que, sin embargo, salvaron la vida sus acompañantes José Alfonso Martínez Carrasco y Adela López Rodríguez. El Ayuntamiento celebró Pleno Extraordinario en señal de luto y en el transcurso del mismo se expusieron medidas a tomar, en las que los grupos políticos no se llegaron a poner de acuerdo. El tema regresó a los medios de comunicación con condenas como la de Felipe de Paco (de Cehegín) y defensas como la de Elena Melgares de Aguilar Mata. Para muchos, la alameda ya era “el túnel de la muerte”.
A lo largo de 1981 sólo la “Oración por unos árboles que van a morir”, escrita en términos poéticos por Francisco Martínez Mirete, removió públicamente las conciencias de unos y otros. Aquel bello texto publicado en el diario “Línea” (15 de octubre), fue contestado por el corresponsal de dicho periódico en Cehegín, en diciembre siguiente, defendiendo virulentamente la tala por motivos de seguridad.
En el verano de 1982 se avivó de nuevo la polémica tras la tala de tres árboles de lo que en su día había sido la alameda de la carretera de Granada, en la que aún quedaban en pie algunos ejemplares. Concretamente a la altura de la C. Extremadura, con motivo de las obras de pavimentación y aceras que se estaban llevando a cabo en la zona. En esta fecha aún quedaban cuarenta árboles de aquella alameda y se aguardaba un informe del MOPU sobre el tema. Otra vez se agudizó la cuestión al manifestarse 13 vecinos, por escrito, a favor de la tala de los ejemplares aún en pie en la C. de Moratalla. Se implicó el Instituto Municipal de Cultura, los concejales Joaquín Sánchez Guerrero y Manuel Garrido, y el Pleno Municipal tuvo que votar con el siguiente resultado: 5 votos a favor (los de la UCD), 3 en contra (del PSOE) y una abstención (del PC). El alcalde lamentó públicamente las acusaciones vertidas contra él de “arboricida” pues en los últimos meses se habían plantado 1.200 árboles en las faldas del Castillo y había 170 para plantar en las tres vías de acceso a la ciudad.
En noviembre, 150 alumnos del instituto San Juan de la Cruz se concentraron pacíficamente, durante la hora del recreo, bajo los árboles de la C. de Granada en señal de protesta por la tala prevista por el MOPU de los cuarenta ejemplares aún en pie, y tres jóvenes fueron detenidos por la policía cuando se negaron a abandonar el espacio de caída de los árboles en el proceso de su tala.
Volvió a opinar el pueblo al respecto en la prensa. A favor de los árboles en esta ocasión Pedro José Salcedo Romero (Linea 23 de diciembre de 1982) y en contra Felipe de Paco, desde Cehegín (el 10 de noviembre anterior), quien recordaba que, debido al viento, días atrás uno de los ejemplares de la carretera de Murcia se había caído, no causando daños porque nadie pasaba por allí en ese instante.
De 1983 conocemos dos noticias de prensa relacionadas con el tema que nos ocupa. En enero el corresponsal de ”La Verdad” López Marín, aludía a la posibilidad de que el Gobierno de la Nación declarase las alamedas de Caravaca y Barranda “zonas protegidas” (quedaban entonces en Caravaca 350 árboles y en Barranda 260). En julio, el mismo corresponsal denunciaba el sabotaje que estaban sufriendo algunos ejemplares por individuos no identificados que habían “envenenado” árboles y atentado alevosamente contra otros.
Hasta 1991 debió haber cierta paz en el tema. En junio de este año, el corresponsal del desaparecido periódico “Diario 16” Juan Fernández Robles, recogía la denuncia de la asociación “Caralluma” por la limpieza mecánica de los márgenes de la ya única alameda en pie, la cual “había ocasionado serios daños a los árboles”, aprovechando para denunciar la agonía del olmo de la Plaza Nueva, en cuya conservación se habían excedido los servicios municipales, al emplear productos fitosanitarios inadecuados.
En noviembre de 1994 el mismo corresponsal, en el mismo periódico, se ocupaba de la inversión de 2.600 millones de pesetas en una variante que el Ministerio de O.P. y Transportes proyectaba para Caravaca, con lo que se aseguraba la vida de la alameda.
Con la llegada del nuevo siglo y la inauguración de la autovía, la alameda de la C. de Murcia garantizaba su existencia. Aun quedaba tiempo para la apertura de la variante de Barranda, lo que fue una realidad años después. Ya nadie se planteaba la tala de los árboles que habían sobrevivido a al largo tiempo de disputas. A partir de ahora se introducía otro concepto, cual es el de la conservación adecuada y en las debidas condiciones.
En enero de 2001 la Dirección General de Carreteras, atendiendo a criterios técnicos, llevó a cabo una poda muy agresiva en los árboles de las alamedas de Caravaca y Barranda, considerada “abusiva” por Caralluma y cuatro asociaciones ecologistas locales. De nuevo la polémica con los árboles como protagonistas estaba servida. El organismo oficial mencionado, y muchos vecinos, optaron por defender la poda por razones de visibilidad y seguridad vial, pues era frecuente la caída de ramas sobre la vía pública por causa, sobre todo, del viento. Caralluma y los colectivos ecologistas alegaron que los árboles nunca se recuperarían de aquel “destrozo”, y que era el primer paso para su desaparición tras aquella herida mortal. Por otra parte salio a relucir cierto temor a la construcción de un parador de turismo en el paraje de “las Fuentes” con la consiguiente eliminación de la arboleda allí existente (Pedro José Salcedo Romero. “La Verdad” 20. VI 2001). De aquello no se volvió a hablar en lo sucesivo.
En 2014 los árboles de la alameda se cobraron una nueva vida en la persona de una nonagenaria que falleció al chocar el coche en que viajaba, en los últimos días de mayo
Y así llegamos al presente inmediato, en que la formación política municipal de Izquierda Unida llevó al Pleno Municipal del mes de enero la moción que todos conocemos, aprobada por unanimidad de los grupos en el Ayuntamiento.
La polémica, como se ha visto, ha sido larga. Otras actuaciones podrían ilustrar el relato, con encadenamientos y detenciones que omito para no alargarme más. En otros lugares de la Región el “progreso” pudo con las alamedas existentes a las entradas y salidas de todos los pueblos y ciudades. En el término municipal de Caravaca dos ejemplos de aquellas permanecen como testigos mudos de lo que fueron otrora. La feliz iniciativa municipal es hoy la noticia. Ojala la madre Naturaleza, las administraciones competentes y las generaciones futuras, pongan de su parte lo que a partir de ahora a ellas les corresponde.
