JAIME PARRA

En el mercado semanal de Cehegín activistas del Consejo de Defensa del Noroeste informaron a la ciudadanía sobre la Mina Gilico y los problemas que puede representar. Asimismo recogieron más de doscientas firmas de cehgineros contrarios a la reapertura.

Entrevistamos a Juana de Maya Espín, miembro del Consejo de Defensa y de Caralluma, así como coordinadora de la ILP Mar Menor en el Noroeste, iniciativa legislativa popular que no descartan en esta zona para para dotar al Noroeste de la Región de Murcia de personalidad jurídica y que los ciudadanos tengan capacidad legal y efectiva de defenderlo.

Buenos días, ¿qué actividad está desarrollando el Consejo de Defensa del Noroeste en Cehegín?

Buenos días, en primer lugar, nos gustaría agradecer al semanario El Noroeste esta entrevista, pues recoge el testimonio de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se han levantado para dar la voz de alarma ante una situación muy preocupante para el futuro de nuestra comarca.

Hoy hemos aprovechado la celebración del mercado semanal en Cehegín para montar un stand e informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en el entorno de Gilico. Estamos muy contentos porque hemos conseguido recoger más de 200 firmas en una mañana, los cehegineros y cehegineras se han mostrado muy sensibles a lo que está ocurriendo.

¿Qué es Gilico y qué está ocurriendo?

Gilico es un paraje que pertenece al término municipal de Cehegín y al que se accede a través de la carretera que une Calasparra con Mula, concretamente por un camino de tierra situado  frente a los antiguos Baños de Gilico, en el Campo de Cagitán. En los albores del siglo XX se inició una explotación minera en Gilico, que se desarrolló de manera intermitente durante este siglo. Finalmente, fue la empresa Altos Hornos de Vizcaya quien cesó la actividad a mediados de los ochenta en Gilico, hasta que, posteriormente, la mina a cielo abierto conocida como “corta María” se inundó como resultado de una riada del río Quipar, convirtiéndose hasta la actualidad en una bonita laguna artificial renaturalizada de 90 metros de profundidad. Aproximadamente dos décadas después, en 2013, una empresa multinacional canadiense y su filial española Magnetitas del Cehegín mostraron interés en la reapertura de la mina y procedieron a la solicitud de los permisos para la explotación. Más tarde, el Gobierno de la Región de Murcia dió luz verde a la solicitud de esta empresa, que de llevarse a cabo permitiría la extracción de mineral de hierro en 61 puntos (o concesiones) repartidos en un total de, aproximadamente, 1000 hectáreas del término municipal de Cehegín. Un espacio minero explotable que constituye un tercio del territorio de este municipio que podía terminar como un auténtico paisaje lunar.

¿Creen que conlleva esta explotación minera algún riesgo para la salud de los habitantes de la comarca y su patrimonio natural?

Efectivamente, ese es el principal motivo por el que estamos hoy aquí alzando la voz. Hasta este momento disponemos de muy poca información, pues el proceso de concesión de permisos está siendo bastante inaccesible. Por este motivo, antes de hacer hincapié en los riesgos, nos gustaría denunciar la absoluta y total falta de transparencia de la Alcaldía de Cehegín, pues a comienzos del mes de mayo se le solicitó acceso a toda la información disponible hasta este momento, con el propósito de incrementar el conocimiento de la ciudadanía y a día de hoy estamos aún esperando que desde el consistorio nos den una respuesta. Todo parece indicar que la Alcaldía de Cehegín se ha olvidado de la existencia de la Ley de Transparencia, que facilita el acceso de la ciudadanía a la información pública.

Menos mal que a través de la escasa información ofrecida por la empresa a los medios de comunicación hemos podido conocer que pretenden explotar 30 millones de toneladas de mineral en 30 años, a 1 millón de toneladas por año. La empresa sostiene que del material extraído se aprovechará únicamente el 60%, quedando un 40% de residuo, lo que representa un total de 400.000 toneladas, equivalentes a 10000 camiones de 40 toneladas, ¡una auténtica barbaridad! En ese sentido, estamos preocupados por la gestión del residuo, pues sospechamos que podría acumularse en nuestra comarca.

La reapertura de la mina  constituye un riesgo para la salud de los habitantes de la comarca y una amenaza para nuestro patrimonio natural, especialmente para el río Quipar y el acuífero del Bajo Quípar. El agua que contiene la actual laguna artificial se tendría que verter al curso del río Quipar y eso implicaría remover los metales pesados que hay en el fondo, que acabarían, por ende, en el río Segura y finalmente en el mar. Esto supondría un agravamiento de la preocupante situación en la que ya se encuentra el Quipar, contaminado por los nitratos de las macrogranjas y la agricultura intensiva. ¿En un momento de sequía e incremento de la desertificación, es razonable contaminar las aguas que riegan las tierras que nos proveen de alimento y empleo para vivir?. Obviamente no, pues estaríamos tirando piedras contra nuestro tejado. Por consiguiente, desconfiamos de las decisiones que lleve a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pues ya sabemos como ha sido la protección de los recursos hídricos en la Región de Murcia, especialmente por el destrozo medioambiental del Mar Menor y el aumento de los niveles de nitratos y pérdidas de caudal de los ríos y fuentes del Noroeste, consecuencia del avance del porcino y sobre todo de la transformación ilegal de los cultivos de secano a regadío, de más de 3.000 has convertidas a hortícolas en intensivo, ante la total pasividad o inacción de la CHS Además, las emisiones de dióxido de carbono de la maquinaria empleada para la mina y los vehículos de transporte ocasionarían un daño a la fauna del paraje de Gilico, provocando el desplazamiento de diversas especies e incluso la muerte, por el empeoramiento de la calidad del agua, del aire y el sonido de las explosiones. Sin olvidar a las dos grandes denominaciones de origen de la comarca, la D. O. P. Bullas y la D. O. P. Calasparra, que, de modo irremisible, sufrirían una importante afección de sus cultivos, y la consiguiente merma de su calidad; a la par que, todo ello, conllevaría la pérdida de confianza por parte del mercado y de los consumidores.

En cuanto a la salud, consideramos que a la contaminación del Quípar y su acuífero habría que sumar la generación de grandes masas de polvo que podrían contener metales pesados en suspensión, poniendo en grave riesgo nuestra salud. Imagínese si la reapertura es o no un motivo de preocupación. No damos crédito a que en la Región de Murcia se sigan permitiendo explotaciones mineras que pueden suponer una amenaza para la salud e incluso teniendo la experiencia de las minas de Portman o el Llano del Beal. La CHS, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, la Dirección General de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Cehegín son las administraciones competentes que tienen que otorgar los permisos para la reapertura de la mina, y, al parecer, la estrategia que han empleado consiste en desplegar una alfombra roja para la reapertura, cuando deberían velar por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española, que hace referencia a la promoción y el cuidado de la salud humana, la naturaleza y, en definitiva, la calidad de vida.

¿Y ustedes qué alternativa proponen?

En primer lugar, es muy importante que seamos capaces de informar, concienciar y movilizar a la ciudadanía de toda la comarca, frente a todas las amenazas que hemos relatado, que son gravísimas y podrían conducir también al colapso medioambiental del Noroeste, del que no estamos muy lejos. Las consecuencias serían difícilmente reparables y quedaría afectado nuestro patrimonio natural y la salud de muchas generaciones. En segundo lugar, queremos conseguir que las administraciones empiecen a cumplir con sus obligaciones antes de que sea demasiado tarde. En el caso concreto de Cehegín, exigimos a la Alcaldía del municipio que se posicione en contra del extractivismo minero y paralice la reapertura. Además, que emprenda acciones para la protección de este paraje natural y las especies que lo habitan. Incluso, sospechamos que la mina de Gilico podría destruir empleo en Cehegín, pues la zona de la huerta de Canara, Algezares, Campillo los Jiménez, etc., se encuentra dentro del área de los 61 puntos de explotación concedidos a la empresa Magnetitas de Cehegín. Así pues, queremos que desde el Ayuntamiento no se lleven a cabo tantos bailes de cifras en lo que respecta al empleo y que muestren más seriedad.

Finalmente, ante la sorprendente inacción de las administraciones que tienen la responsabilidad, no sería descabellado emprender una iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar al Noroeste de la Región de Murcia de personalidad jurídica y que los ciudadanos tengamos capacidad legal y efectiva de defenderlo. Es muy importante que nuestro país emprenda un cambio de rumbo y derogue la actual Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, pues no refleja el interés creciente de la ciudadanía en cuestiones de protección y cuidado ambiental, promueve la insostenibilidad del extractivismo y pone nuestro territorio al servicio de poderes económicos insolidarios.