CIUDADANOS
Coincidiendo con la reciente celebración del Día del Derecho a Saber, Ciudadanos ha iniciado una ofensiva en la Región para impulsar una reforma de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región, con el fin de que incluya a los ayuntamientos en su ámbito subjetivo. La formación ha presentado ya una moción en este sentido en varios consistorios -entre ellos, San Pedro del Pinatar – en la que pide que las administraciones locales queden encuadradas en la normativa regional. “Esta inclusión supondría que al fin los ayuntamientos dejarían de ser las únicas instituciones en las que los ciudadanos no tienen la posibilidad de interponer una reclamación ante el Consejo de la Transparencia”, ha explicado el diputado regional Juan José Molina.
A juicio de Cs, la inclusión de los consistorios en el ámbito de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana regional, facilitará un impulso a sus políticas en esta materia. “De entrada, se verían obligados a dar explicaciones por las numerosas carencias que hemos detectado en sus portales de transparencia o en la gestión de la información pública y su forma de comunicarse con los vecinos. Además, el Consejo de la Transparencia podría asesorarles y facilitarles su conversión a administraciones abiertas a los ciudadanos”, añade Molina.
La aplicación a nivel regional de esta iniciativa municipal de Ciudadanos acabaría a su juicio con la “demencial situación” que viven nuestros 45 municipios, “que se encuentran en un limbo entre el Consejo de la Transparencia de la Región y el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno nacional. Hoy en día, ninguno de ellos tiene competencias para conocer las reclamaciones de los vecinos respecto a transparencia pasiva o derecho de acceso a la información y, especialmente, en la peor protección de ese derecho”. El encaje legal de la medida que propone Cs está perfectamente delimitado, ya que el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió un informe -el 35/2017- en el que eliminaba cualquier duda sobre la legalidad de incluir a los ayuntamientos dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia regional.
