JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS RUBIO/COORDINADOR DE IU-VERDES REGIÓN DE MURCIA
Bullas se moviliza contra la instalación de una explotación intensiva de porcino con tamaño para albergar 1.999 cabezas. Curioso número, ni una menos pero tampoco ni una más. Aumentar un animal más, hasta la cifra de 2.000, implicaría que dicha explotación debería estar incluida en el Registro Estatal de Fuentes y Emisiones Contaminantes y, por tanto, declarar periódicamente la cantidad de estas emisiones contaminantes que produce, someterse a una Evaluación Ambiental Integrada para autorizar dicha explotación y comunicar al organismo que autoriza cualquier modificación sustancial que realice en la misma.
Si, además, tenemos en cuenta que el gobierno regional modificó la ley de 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, aprovechando la crisis de la primera ola de la Covid19, para permitir el aumento de emisiones contaminantes hasta un 30% sin necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental por no considerarse, hasta ese límite, un incremento sustancial, tenemos perfectamente retratado el procedimiento utilizado para la instalación de macrogranjas porcinas, con la permisividad añadida de algunas autoridades municipales que con cumplen con sus obligaciones de mantener la disciplina y el cumplimiento de las normas urbanísticas municipales.
El cambio de modelo en la producción ganadera de porcino en nuestra región es evidente, alentado en los últimos años por el Gobierno Regional con el procedimiento antes descrito sin tener en cuenta los graves problemas de contaminación que ocasiona. Así, en los últimos cuarenta años la región ha pasado de tener censadas 19.103 explotaciones con una cabaña porcina de 656.512 cabezas a tener 1438 explotaciones y más de 2,1 millones de cabezas (2020).
Las consecuencias, tanto por los propios efectos contaminantes como por la pasividad de promotores y autoridades, se manifiestan en algunos ejemplos significativos como pueden ser su aportación a la contaminación del Mar Menor (se estima en un 17% de la aportación de nitratos a la laguna según el propio Ministerio provenientes de las más de cuatrocientas granjas porcinas existentes en el Campo de Cartagena), o las emisiones de amoniaco, gas que facilita, junto con las altas temperaturas, la producción de partículas PM2.5 que empeoran la calidad del aire y son altamente perjudiciales para la salud y que sitúan a la Región de Murcia como la segunda CA más contaminante en este ámbito.
Todo ello sin perder de vista la contaminación de acuíferos, generalmente producida por la mala calidad de las instalaciones destinadas a almacenar los purines y en las que no es raro encontrar que carecen de permisos y autorizaciones urbanísticas y ambientales pertinentes, como ocurre en el caso de Caravaca y ha denunciado muy oportunamente el Consejo en Defensa del Noroeste.
Esta misma circunstancia, la referida al mal estado de las instalaciones para albergar los purines, fue puesta de manifiesto también por el propio Ministerio en el Informe “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” en el que, tras el estudio correspondiente se pudo comprobar en dicho ámbito territorial que “más del 90% no cumplen las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización), lo que origina un gran riesgo de infiltración, lixiviación y escorrentía”.
No obstante, desde el ámbito municipal, se dispone de una herramienta muy eficaz para acabar con estas situaciones. Se trata de las oportunas modificaciones del Plan General de Ordenación Municipal introduciendo limitaciones estableciendo distancias obligatorias de estas instalaciones a suelo urbano o centros especialmente sensibles, además de ejercer un estricto control de la disciplina urbanística en todo su territorio. Así lo han hecho ya Cieza y Moratalla y otros están en ello como Lorca y Yecla. ¿Para cuándo en tu municipio?
